La crisis actual de pandemia de la COVID-19 tiene a todos con los nervios alterados. Son muchos los anuncios que día a día despliegan la comunidad internacional y los gobiernos, pero las soluciones aún están por verse. No es jurídica ni económicamente racional esperar a que se logre una vacuna para el virus para poder así tomar decisiones de desconfinamiento estratégico e inteligente.
Algunos países invierten más del quince por ciento (15%) de su producto interno bruto (PIB) para recuperar sus economías (Suecia, Alemania, EE.UU., etc.), en especial para preservar el empleo y la empresa, conservar los niveles de productividad necesarios en aras de lograr que exista demanda al momento de superar de manera progresiva la situación de aislamiento social que han vivido la mayoría de países occidentales.
En Colombia lo más probable es que la cuarentena se extienda hasta finales de mayo. Ya la economía y las personas no resisten más aislamientos absolutos. Tampoco las democracias constitucionales pueden resistirla ya que se está generando una bomba social sin precedentes. Algunos economistas hasta la comparan con la crisis del 29 del siglo pasado, situación social y económica que aún puede evitarse si los gobiernos toman medidas de fondo.
El mayor acierto del Gobierno Nacional hasta ahora es haber manejado un aislamiento social como medida oportuna para con ello dar tiempo al sistema de salud de habilitar una infraestructura necesaria como es el aumento de camas UCI, dotación y adquisición de equipos, fortalecer la capacidad de protección del sistema, saneamiento de las finanzas de las EPS, IPS públicas y privadas (hospitales y clínicas), implementar herramientas de bioseguridad para los profesionales de la salud, etc. Sin embargo, al día de hoy solo ha sido asertivo con lo primero es decir, con ordenar medidas policivas de aislamiento pero sin tomar medidas de fondo sustanciales para mejorar el sistema de salud y todos sus componentes.
Al parecer Colombia hasta ahora solo ha invertido el cinco por ciento (5%) de su PIB para atender la emergencia social y económica. Una cifra nada comparable con otras economías vecinas como la de Perú que invierte al parecer el 12% de su PIB para contrarrestar la pandemia. Estos recursos se ven reflejados en: bonos por 108 dólares a familias vulnerables; fondos para trabajadores formales por 685 dólares para que estos puedan retirar de sus cuentas individuales; subsidios hasta de un 35% de los salarios de los empleados que ganen menos de 428 dólares mensuales; líneas de crédito flexible para las empresas; beneficios tributarios para los sectores golpeados como el turismo, entre muchas otras medidas.
Por todo ello el gobierno debe tomar de inmediato medidas urgentes para salvar la productividad, la empresa y el empleo (esto debe incluir a los trabajadores independientes). Salvar cuanto antes con dineros públicos a las mipymes del país que son las que más generan empleo formal en Colombia (más del 60% según DANE). Desplegar apoyos reales con subsidios a la nómina de las empresas, disminución de impuestos e incentivos tributarios; así como créditos expeditos con bajas tasas de interés para generar liquidez en la economía. Es claro que sin empleo y empresa no habrá productividad ni demanda hacia el futuro.
En Cúcuta el Alcalde y su equipo de trabajo deberían desde ya activar un plan de reactivación económica y social para los cucuteños. Un plan que debe integrarse con el apoyo del Concejo para que le dé las herramientas jurídicas necesarias, sobre todo desde la óptica tributaria para disminuir impuestos, crear incentivos tributarios como descuentos amplios por pronto pago, disminución de los intereses moratorios, así como apoyo total y parcial a los servicios públicos domiciliarios de la población vulnerable, entre muchas otras medidas económicas.
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