Los defensores de la desigualdad en el país tienen siempre lista la carga de lugares comunes con que justifican el sistema clasista en que mantienen a la sociedad colombiana. Sostienen draconianamente  la división entre buenos y malos para medir según sus conveniencias el comportamiento humano. Por eso  ellos aplican enfoques erráticos a la violencia. Esto se puso en evidencia en recientes hechos, como fueron el paro del 28 de abril y las acciones agresivas que protagonizaron algunos activistas de la anarquía. No debe quedar ninguna duda respecto al rechazo al llamado vandalismo. Pero este hay que identificarlo como lo que es y no imputárselo a quienes expresan su inconformidad sin caer en desmanes.

La protesta social es un derecho y se debe garantizar, sin poner en entredicho su legitimidad, así las peticiones o los reclamos le alteren la siesta a los burócratas que prefieren distanciarse del reclamo popular.

No es admisible ninguna forma de agresión, pero conductas de este orden no pueden confundirse con la inconformidad ciudadana, en el empeño de no atender las voces contestatarias.

Se incurre en una deformación de la realidad o de la información cuando se distorsiona el ambiente de convivencia del paro y se pretende presentarlo como una corriente de desquiciados.

Y hay que decir mucho más al respecto. ¿Por qué los servicios de inteligencia de la Fuerza Pública no se dedican a cazar a los grupos criminales que se infiltran en las manifestaciones pacíficas? ¿Por qué la autoridad es pasiva en los casos de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes de las Farc o ciudadanos solidarios con las causas de justicia social? 

No puede seguir el Gobierno cayendo en la ligereza de estigmatizar la protesta social y al mismo tiempo dejar sin sanción a los verdaderos vándalos, los cuales, según testimonios no desmentidos, han salido en algunas veces de las filas oficiales para pescar en río revuelto. ¿No es esta una violencia atroz, causante de víctimas ultrajadas en extremo?

El Gobierno actual está en deuda con la paz, como lo está en la lucha contra la corrupción y  la población más vulnerable, aunque no se le agote el discurso que habla de unos beneficios que no tienen incidencia en el desarrollo social. El DANE ya dio cuenta del aumento de la pobreza en Colombia, mientras los grupos de poder aumentan sus utilidades con avaricia exponencial.

Pero el caso es el de la violencia, la cual parece ser una pieza fundamental de poder, contrariando los beneficios que generaría un desarrollo en paz de la nación,  esa paz que debió seguir construyéndose para fortalecer el acuerdo con las Farc y ensanchar la democracia.

Puntada

Parece que llegó el momento de hacer realidad el Gran Santander. Pero requiere hechos que lo configuren.

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