Todas las democracias del mundo coinciden en que la protesta callejera constituye un derecho para la expresión de cualquier ciudadano, y estamos completamente de acuerdo. 

A través de ella es posible expresar sentimientos adversos o favorables ante cualquier situación que involucre asuntos públicos. Cuando la manifestación se hace evidente, gobierno y ciudadanos pueden apreciar un sentimiento que debe interpretarse frente a una actitud que sea necesario adoptar.

Pero lo que realmente nos preocupa en este momento, es que esa protesta se la estén tomando los vándalos, y podemos apreciar que mientras una mayoría marcha pacíficamente y se expresa a través de pancartas, mimos, música y discursos, una minoría resuelve abusar de las circunstancias, y con una enorme agresividad trata de imponerse usando artefactos explosivos y elementos para ocasionar destrucción, y en esa labor parten vidrios, pintan fachadas de casas y edificios, paralizan el tráfico, atentan contra los sistemas de transporte público, destruyen estaciones de buses y ponen en peligro las vidas de quienes concurren.

Y entonces se abre el debate si la autoridad de orden público debe intervenir o no ante esos hechos, y es cuando debemos aceptar que la protesta es siempre bienvenida, y la expresión ciudadana resulta positiva, pero los hechos de delincuencia definitivamente no.

Es clarísimo que en Colombia, y en cualquier país, existen unas normas muy claras que están condensadas en un compendio que se llama Código Penal, en donde se habla de los delitos y las penas, y que son normas de obligatorio cumplimiento para cualquier ciudadano dentro de un Estado de Derecho.

Y por otro lado existen también unas autoridades legítimamente constituidas, que están concebidas para que la ley se cumpla y se aplique, a todo aquel que entre dentro de sus fueros.

Toda protesta debe ser consecuente con unos fines claros y lícitos, y debe entender también que no se puede sobreponer sobre los intereses y sobre los derechos del resto de ciudadanos.

El que quiera trabajar, debe respetársele su voluntad; lo mismo que el que quiera movilizarse, y en igual forma se deben respetar con toda claridad los bienes públicos y privados, así como la integridad de las personas.

La protesta no puede ser sinónimo de atropello y de desastre, pues el que infrinja la ley, debe ser sujeto de su aplicación y el que propicia el daño, debe repararlo. 

Es increíble que ante una manifestación, los ciudadanos tengan que acudir a tapar las fachadas de sus edificaciones con cartones, maderas y mallas para que no sean agredidas. Y lo peor de todo, es que estamos contemplando también la destrucción de bienes públicos como parques, bibliotecas, universidades, colegios y escuelas. No hay derecho.