La Constitución del 91 ordenó la adopción de un estatuto de oposición en Colombia para garantizar derechos mínimos a aquellos partidos y movimientos que decidieran hacer oposición democrática al gobierno elegido. Pasaron más de 25 años y el Congreso por distintas razones no aprobó la ley requerida para reglamentar ese derecho fundamental. Su ausencia además siempre fue uno de los argumentos o excusas para los grupos guerrilleros, que aseguraron de manera equivocada que acudían a las armas y la violencia para abrir espacios políticos, ante la falta de oportunidades al interior del sistema para hacer escuchar una voz distinta a la del gobierno o el establecimiento político tradicional.

Por ello, uno de los temas esenciales del acuerdo de paz de la Habana en su punto 2 de Participación Política fue el de impulsar en el Congreso un estatuto de oposición que saldara esta deuda con la democracia colombiana. Finalmente su texto se discutió en Colombia con todos los partidos políticos de gobierno y oposición durante más de seis meses hasta llegar a un acuerdo político. Después de intensos debates en el Congreso se aprobó la Ley 1909 del 2018, avalada por la Corte Constitucional, que dispone un amplio catálogo de derechos a los partidos que se declaren en oposición con lo que sin duda se fortalece la democracia colombiana. Hasta ahora se comienza aplicar a nivel nacional con la reglamentación del Consejo Nacional Electoral y sus alcances a nivel territorial se verán tras las elecciones de octubre de este año.

El artículo 25 del estatuto señala que quien ocupe el segundo lugar en votación en cada departamento y municipio, asumirá la condición de diputado y concejal respectivamente, de la misma manera que Gustavo Petro y Angela Robledo asumieron sus curules en el Congreso. Esta decisión no significará en ningún caso el aumento del tamaño de estas corporaciones públicas porque su integrante adicional se restará de los que actualmente se eligen. Tendremos entonces jefes de oposición en todas las asambleas y concejos del país, con los mismos derechos en el orden territorial que tienen quienes ejercen oposición a nivel nacional.

Esta decisión significa sin duda un vuelco grande a la política regional que hasta el momento la ciudadanía y los propios partidos no lo tienen claro. La realidad de las administraciones regionales y locales cambiará cuando gobernadores y alcaldes enfrenten un verdadero jefe de oposición a sus administraciones, derivado del voto popular y con un catálogo amplio de derechos en materia de acceso a medios. Si en Colombia el poder presidencial es muy fuerte, a nivel regional es aún más y han sido crecientes y notorios en la mayoría de entes territoriales el abuso y la concentración del poder, la corrupción y la ausencia de espacios para la oposición. Los gobernadores y alcaldes en muchos casos se han convertido en emperadores sin control que adoptan decisiones y determinan inversiones que afectan la vida de miles de ciudadanos, sin que exista una verdadera deliberación pública de los asuntos de la comunidad. Precisamente la falta de una oposición democrática en las regiones ha llevado a que la Fiscalía, la Procur
aduría y la Contraloría cumplan con ese papel, además porque las Contralorías territoriales y las Personerías también son cooptadas por los gobernantes, en un círculo vicioso que parece imposible de desatar.

Las asambleas y concejos son hoy en su gran mayoría apéndices del poder ejecutivo regional sin que exista un equilibrio de poderes y apenas pasa la elección los concejales y diputados corren a alinearse con el ganador, en la consolidación de una práctica generalizada que hace inmenso daño a la democracia local y a las propias administraciones que al quedarse sin ninguna clase de contrapeso incurren en abusos y equivocaciones. La oposición es absolutamente necesaria para evitar precisamente la desviación del poder en quien lo ejerce y garantizar los derechos de los ciudadanos.

A partir entonces del 1 de enero del próximo año cada uno de los departamentos y municipios del país tendrá un jefe de oposición elegido directamente por el pueblo y será esta una oportunidad gigante de ampliar la democracia en los territorios y al mismo tiempo mejorar la calidad de los gobiernos que tendrán por fin quien los vigile y los controle. El gran desafío para los próximos jefes de oposición que estrenarán esta figura será el de ejercer su tarea con seriedad, responsabilidad y transparencia para convertirse en alternativa de poder, garantizar una mejor administración de los recursos públicos y que la ciudadanía se beneficie de unos gobiernos más eficientes y honestos.