En Colombia, la igualdad de género sigue siendo más una promesa que una realidad. Día a día, millones de mujeres en nuestro país deben enfrentar barreras de discriminación laboral, política y social que atentan contra sus posibilidades de desarrollarse plenamente y que las ponen en condiciones de inferioridad frente a los hombres. Además de eso, los feminicidios -320 entre enero y junio de 2021 según el Observatorio de Feminicidios Colombia- y la violencia sexual, entre otros tipos de violencia de género, siguen creciendo y las instituciones que deberían protegerlas no les ofrecen garantías a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas, por lo que denunciar o hacer público un abuso termina produciendo más bien que ellas sean re-victimizadas y no que se les proteja y garantice justicia.

Es preciso acordar un punto de partida: jamás podremos tener una sociedad justa y democrática, si las mujeres, niñas y adolescentes siguen siendo victimizadas y desprotegidas por nuestras instituciones, y si las agendas de igualdad de género se mantienen marginalizadas en los espacios de toma de decisiones políticas, económicas y sociales. No podemos seguir creyendo que las violencias contra las mujeres no son relevantes para toda la sociedad y tolerando patrones morales machistas que le asignan la culpa de una violación sexual a la víctima. Por eso, o avanzamos decididamente en una agenda estructural de igualdad de género o no tendremos viabilidad democrática.

La forma en que nuestras instituciones públicas legislan, gobiernan o hacen justicia no puede seguir ajustándose a la medida de los hombres. La paridad y las agendas de igualdad de género deben ser centrales en nuestras leyes, presupuestos públicos y planes de desarrollo, y los feminismos no pueden seguir siendo estigmatizados y excluidos. Necesitamos más mujeres eligiendo y siendo elegidas: más mujeres en el sector público para lograr la paridad, y más mujeres expertas en temas de género en cargos de poder para construir política pública para todas y todos.

Las mujeres no pueden ni deben recibir menos pago que los hombres ni contar con menos oportunidades de promoción en su trabajo; deben recibir educación sexual apropiada y libre de estereotipos que les permita tomar decisiones informadas; dado que el 40% de las mujeres ya han tenido su primer hijo a los 19 años, deben contar con guarderías para sus hijos financiadas por el Estado y por el sector privado para facilitarles su acceso a la fuerza productiva; deben tener un mejor acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. En suma, debemos asumir con seriedad el compromiso democrático de construir una sociedad igualitaria.