Muchas de las versiones o de la narrativa oficialista están marcadas por la hipérbole. Es la calculada intención de distorsionar, de maquillar, de engañar. Una forma de faltar a la verdad en beneficio de intereses non sanctos.

La Constitución de Colombia consagra la norma sobre el Estado social de derecho. Una utopía fallida. Las condiciones económicas y sociales predominantes en el país bloquean esa posibilidad. La brecha de la  desigualdad se mantiene y la pobreza cubre un alto porcentaje de la población nacional. Los derechos reconocidos como correctivos a la falta de equidad no pasan de ser un saludo a la bandera. Todo ese tejido constituye una barrera que aleja las garantías de un orden que se sustraiga a la división clasista.

Las elecciones realizadas periódicamente para Presidente de la República, Gobernadores, Alcaldes, miembros del Congreso, las Asambleas de los departamentos, los Concejos y las Juntas Administradoras Locales, debieran ser la expresión de la voluntad popular, pero dejan muchas dudas sobre su legitimidad, dada la turbidez que en muchos casos afecta ese proceso por el tráfico de dinero y otras manipulaciones de alcance fraudulento.

En el entramado nacional hay otros amarres que van en contravía de la fluidez y la transparencia en el manejo de los asuntos públicos. La corrupción, con sus abyectos enlaces, el envilecimiento que muchas veces permea la justicia, la violencia con sus atrocidades criminales, la mezquindad utilizada como estrategia en el ejercicio político y la permisividad de los privilegios como factor generador de pobreza y de los males que fracturan la sociedad y le infunden el veneno del odio, de la intolerancia y de la mentira, crean confusión e impiden la movilidad y la asimilación de la democracia en la función pública de administrar y gobernar.

Es evidente que la participación ciudadana en el gobierno del país es un espejismo. Por eso se requiere repensar el desarrollo político con una democracia que trascienda la intención consignada en la Constitución.

La democracia debe tener expresión en la vida cotidiana de la nación. Los actos de gobierno tienen que responder al interés colectivo y no ser abono de fortunas excluyentes. Este no es un pensamiento castrochavista sino la concepción de una sociedad articulada a la libertad y el derecho.

A Colombia hay que sacarla de las estrecheces del autoritarismo de clase.

Puntada

La aplicación de la vacuna contra la COVID-19 es un acto de gobierno positivo, en Colombia y en cualquiera otra nación. También un deber. Y ese servicio debe prestarse con responsabilidad y sin intenciones propagandísticas. No se trata de una dádiva oficial. Está articulado al derecho a la vida y a la salud. Además, su costo se cubre con los impuestos de los contribuyentes. No es un regalo. Sería también tramposo utilizarlo con intenciones de aprovechamiento político y electoral. 

ciceronflorezm@gmail.com
cflorez@laopinion.com.co