La pandemia, los paros y bloqueos dejaron secuelas que nadie puede atreverse a cuestionar: estragos por varios billones de pesos, el cierre de más de 500.000 negocios, la clausura temporal de casi 40.000 empresas y la destrucción aproximada de 300.000 empleos.
En Colombia estamos acostumbrados a apedrear a las instituciones, sean estas gubernamentales, privadas o empresariales. Esto fue claro en el marco de los bloqueos y donde el vandalismo, con un altísima irresponsabilidad anónima y colectiva, veía al trabajador, al comerciante, al empresario o al funcionario, como el culpable del descontento inventado por la mediocridad de las redes sociales y potencializado por los oportunistas de siempre acompañados por políticos irresponsables que utilizan la pandemia de manera oportunista y mediática, buscando resultados electorales.
Los empresarios tienen una responsabilidad social y son quienes generan empleo, bienestar y pagan impuestos. Que papel tan mediocre hacen en el país un grupo de estudiantes y legisladores al atacar al empresariado. Esto al final golpea el empleo, al trabajador y a la sociedad.
En Colombia, encontramos explicación para justificar todo aquello que sale mal. Podemos aclarar, sin sonrojarnos, por qué se caen los puentes sin estrenar, por qué se ha fracasado en la lucha contra la corrupción, por qué la inseguridad nos ha copado y hace dificil salir a la calle, por qué se perdió el grado de inversión, por qué nuestra tasa de contagio de Covid es de las más altas del mundo, por qué se inadmiten denuncias contra el Senador Petro cuando es de conocimiento público que promovió con sus escritos las marchas en el Paro Nacional que terminó en actos de vandalismo y por qué se le aceptan explicaciones por recibir dineros nunca justificados por debajo de una mesa.
Resumiendo, en nuestro país podemos explicarlo todo y, lo peor, nadie asume la responsabilidad de nada. Lo mismo hacen abogados y lobistas cuando pierden sus casos y encuentran el camino fácil de atacar o culpar al funcionario o a la entidad. En la actualidad, uno de los deportes más extendidos en Colombia es hablar mal del presidente. Es culpable desde la infidelidad de algún marido o de la poca benevolencia del clima. Se olvidan que hablar mal del presidente y de las instituciones es hablar así de nuestra sociedad y de nuestro país. Con mucha frecuencia se piensa que si tenemos una explicación con algo de fundamentación esto nos excusa de no obtener el resultado esperado. Si no se cumple con un presupuesto de ventas culpamos al movimiento del dólar, a los costos de los fletes, a la competencia, en fin, a todo lo que encontremos a la mano para explicar la razón del fracaso. Nadie es responsable en Colombia porque todos tienen una explicación y esa excusa se considera válida.
En los países desarrollados la explicación no exime de la resposabiidad y esta necesariamente debe ser asumida. En Estados Unidos, si una empresa pierde valor con seguridad su presidente es despedido. En Colombia, lo he repetido en múltiples oportunidades, el verbo renunciar no se conjuga. El análisis que hace el individuo involucrado en el fracaso es elemental y repite: “renunciar es aceptar que soy responsable y por qué tiene que ser así si tengo una excusa?. En nuestro país, se presentan las incongruencias más grandes. Hemos tenido los mejores policías del mundo pero el ciduadano por temor al hampa no puede salir a las calles. Tenemos Consejo de Estado, Corte Suprema, Fiscalía, Corte Constitucional, Contraloria y Procuraduría, pero no se siente la existencia de justicia. Se quiere más empleo, pero se castiga al empresario. Se desean servicios públicos mejores y gratuitos, pero sin pagar impuestos.
Hay excusas campeonas, como la de Ernesto Samper siendo presidente, cuando era de conocimiento público que su campaña presidencial la financió el narcotráfico, pero tuvo el atrevimiento de excusarse con el argumento que todo se hizo a su espaldas. Alejemos al país de la irresponsabilidad colectiva.
