Desde hacía tiempo no se veía venir una situación de polarización tan grande para el país como la que se avecina por el caso Uribe. Es ahora o nunca cuando el próximo presidente Duque debe marcar una pauta clara para saber si estará del lado de la institucionalidad constitucional y democrática o del lado del estado de opinión.

En efecto, con la elección democrática contundente en junio pasado de Duque muchos colombianos habían estado en espera de ver cómo iniciaría su mandato, de quiénes serían sus ministros, y para el caso de muchos nortesantandereanos qué representación importante le daría a la región considerando la gran votación obtenida: más de 490 mil votos.

Sin embargo, el proceso de Uribe ante la Corte por fraude procesal y compra de testigos llevaría a un adelanto rápido de lo que sería el abrebocas de la crispación política que viviría Colombia en los próximos cuatro años. Por un lado, los que creen a raja tabla -o así no lo hiciesen no les importaría- en la inocencia del presidente eterno y estarían dispuestos si es necesario a desvertebrar el Estado social de Derecho, a implosionarlo, con tal de proteger y evitar a toda costa una sanción penal contra este.

Por otro, los que por diversos motivos (políticos, ideológicos, por convicción, etc.) se hacen del lado de la legalidad, de la institucionalidad y consideran absurdo que se trate de minar la legitimación jurídica de la Corte Suprema, máxima instancia de la jurisdicción ordinaria del Estado para investigar y sancionar a cualquier congresista que cometa un delito en ejercicio de sus funciones.

Si el expresidente Uribe está convencido de su inocencia como lo ha dicho ¿por qué no pide acompañamiento internacional y ejerce sus derechos constitucionales ante la Corte Suprema?, ¿acaso esta Corte no es de las máximas instancias judiciales colegiadas en el Estado?, ¿Acaso a Uribe se le ha negado el debido proceso, como sería presentar una defensa jurídica con los recursos ordinarios y extraordinarios de acuerdo al ordenamiento jurídico?, ¿acaso el expresidente Uribe en caso de duda frente a cualquier decisión judicial adversa no podría acudir a una instancia internacional como sería el Sistema interamericano de protección de los DD.HH.?.

No es sano en mi opinión salir a minar la institucionalidad de la Corte y sus magistrados con el ánimo de salir victimizado frente a los hechos por los cuales se le investiga. Además, debe recordarse que los medios han filtrado una serie de elementos probatorios que contienen reserva sumarial y no han sido analizados en su integridad de acuerdo a las reglas de la sana crítica como en su momento deberá hacer la Corte. Por ahora solo se saben versiones incompletas frente al real acervo probatorio que ha recopilado o viene recopilando este alto tribunal.

Debe agregarse que independiente a si Uribe renuncia o no a su investidura de congresista la Corte Suprema mantendría su competencia para investigarlo, y si hay mérito sancionarlo tal y como se desprende del Acto Legislativo 1 de 2018, el cual establece en su artículo 1º que “…De los delitos que cometan los Congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención…”. 

En ese mismo sentido, esta norma ha establecido la doble instancia en el procedimiento de juzgamiento de los congresistas como también una división necesaria de las salas de la Corte al momento de tramitar este tipo de causas penales dotándolo de plenas garantías jurídicas que deberían dar confianza y tranquilidad a cualquier aforado como sería el expresidente Uribe.