El presidente Duque ha sido enfático en llamar las cosas por su nombre: el narcotráfico no será conexo al delito político; cualquier forma de criminalidad será rechazada; no se burlará a las víctimas y, por eso, las armas o dineros escondidos, y la reincidencia, tendrán sanción ejemplar.
Es una advertencia al partido Farc, que insiste en hacer uso de sus prebendas sin cumplir ninguna de sus responsabilidades. Santrich, pedido en extradición por narcotráfico, con pruebas que la Fiscalía califica de contundentes, no se podrá posesionar como Representante, y punto; así Márquez califique el proceso de “montaje aleve” y Alape matricule al fiscal como enemigo de la paz.
Márquez renuncia al Senado aduciendo razones de ocasión, pero lo cierto es que, perseguido por el caso Santrich, se “escapó” de Bogotá hacia Miravalle, Caquetá, sin renunciar a la seguridad del Estado ni a su posición en la CSVI, pero cerca del monte y lejos de la Fiscalía, por si su sobrino mafioso decide cantar más de la cuenta.
Lo reemplaza Alberto Zúñiga, alías “Benkos Biohó”, condenado a 36 años y 6 meses de prisión por la masacre de Bojayá, delito que debería cerrarle las puertas del Congreso. Si las Farc tuvieran algo de respeto por las víctimas y por el país, deberían designar, por iniciativa propia, los diez parlamentarios entre sus miembros sin acusaciones de delitos de lesa humanidad; y si no lo hacen, los que sean condenados, como plantea el presidente Duque, deberán dejar su curul para pagar las penas de mentirillas de la JEP.
Pero el Acuerdo fue generoso en exceso. No importa que lleguen criminales al Congreso, sin devolver propiedades ilícitas, sin entregar información sobre narcotráfico y, lo más grave, sin reparar una sola víctima.
Las cosas no pintan mejor con las disidencias, brazo armado y encargadas de la continuidad de sus negocios ilícitos. Mientras Santos y su cuestionado ministro se empeñan en desestimarlas, los medios dan cuenta de reclutamiento de menores y de venezolanos, y de fuerte control en zonas cocaleras. Hoy Villegas acepta que “no superan los 1.300”, mientras el Fiscal sostiene que la cifra “es mayor a la que se conoce públicamente”.
Santos, por su parte, arremete contra los medios, como hace cuando se desmarcan de su coro de aplausos, y acusa a la gobiernista revista SEMANA de “generar miedo y todo tipo de problemas” con una carátula “falsa e irresponsable”, hecha “para vender más revistas”. Delicadas acusaciones. ¿La razón?, un especial denunciando “El plan para refundar las Farc” a partir de 29 estructuras disidentes.
No nos digamos mentiras, el país está lejos de cerrar la página de las Farc, porque no quieren reinsertarse sino imponerse, y porque mientras haya narcotrafico, habrá armas; mientras haya armas, habrá violencia; y mientras haya violencia no podrá construirse la verdadera paz.
