La exmujer de Nicolás Petro, con pruebas en la mano, lo acusa de favorecerse de su calidad de delfín, de tráfico de influencias, de negociar apoyos de políticos corruptos a cambio de puestos y entidades estatales, y de recibir centenares de millones de pesos y camionetas de lujo de antiguos narcotraficantes y grandes contratistas. Las bolsas de efectivo son una costumbre familiar. La acusación se suma a las denuncias, con audios en manos gringas, contra el hermano de Petro, por cobros de dinero a narcos a cambio de beneficios gubernamentales.
Sabemos que Petro conocía que su hermano estaba siendo investigado. Las informaciones de presa contra él vienen desde enero y la Fiscalía abrió noticia criminal de oficio el 23 de ese mes. De la conducta de su hijo supo como mínimo desde principios de este mes, cuando conversó en Palacio con su nuera. Y sabía también que sus ministros se reunían con él y le hacían favores. En todas estas semanas, Petro estuvo mudo, pasó agachado. Produjo el comunicado solo cuando estalló el escándalo.
Repaso rápido de hechos previos al siete de agosto. En campaña, Petro afirmó sobre la extradición que «mi justicia es la justicia de Colombia», que «no se arrodillará a poderes extranjeros» y que no extraditaría sino después de que los narcos cuenten “la verdad”. Más tarde, atacó con fiereza la extradición de Otoniel. Ofreció «perdón social» a los delincuentes y «una JEP para el narcotráfico» con «beneficios jurídicos» para los mafiosos. En tarima, en Ciénaga, sostuvo que “los paracos, que vengan aquí, porque tendrán una segunda oportunidad”. Lo dijo, por cierto, después de las reuniones de su hermano con corruptos, mafiosos y parapolíticos en las cárceles. La estrategia funcionó: los jefes de los grupos violentos hicieron declaraciones apoyando a Petro. Como resultado, en los municipios de más narcocultivos y con mayor presencia de grupos armados ilegales ganó en primera y segunda vuelta. Así que la cosa se veía venir.
Ya en el gobierno, todas las decisiones han sido dirigidas, sin excepción, a favorecer a los narcos. Dejó de usarse el glifosato, ya no solo en la aspersión aérea sino también en la manual. En este año no se ha erradicado una sola hoja de coca. Auspició una asamblea de cocaleros y anunció proyectos para legalizar los narcocultivos de menos de diez hectáreas. La destrucción de laboratorios y las incautaciones se desplomaron, a pesar de que ahora presentan como propias las que hacen los EE.UU. en alta mar. Petro ofreció un cese del fuego, incluso con los grupos estrictamente mafiosos, que paraliza a la Fuerza Pública pero que no exige a los criminales dejar de delinquir (ni de traficar, por supuesto). Solicitó la suspensión de órdenes de captura y la libertad de al menos dieciséis narcos, incluso algunos extraditables, y abrió negociaciones con los mafiosos so pretexto de la “paz total”. Negociaciones que, no sobra recordarlo, dirige Danilo Rueda, el mismo que con el hermano de Petro pactó con los mafiosos en las cárceles.
Y ahora, la confirmación de acusaciones de sobornos recibidos por el hermano de Petro y de dineros de antiguos narcos en manos de su hijo. Demasiados hechos juntos. No son coincidencias.
Hay que volver a insistir: todo prueba que el pacto de la Picota fue una realidad y Petro cumple a pie juntillas. La pregunta es cuándo saldrá la prueba de los dineros de los mafiosos en la campaña del Pacto Histórico.
Mientras tanto, deberían renunciar Nicolás Petro, los ministros Prada y Velásquez, y el comisionado Rueda, íntimo de Juan Fernando Petro. Todo lo que hagan hacia adelante estará contaminado, es sospechoso y apesta a porquería.
