Cada vez más nos sorprendemos de lo difícil que es educar a nuestros niños, niñas y adolescentes en medio de ambientes hostiles que no permiten verdaderos cambios en la sociedad. Tenemos como idea divergente la famosa frase: “La educación es la fuente de cambio social”, pero pocas veces nos preguntamos en medio de qué la estamos desarrollando. Los estudios académicos y científicos no pueden ser más alarmantes, de allí que no se observen soluciones a corto plazo y peor aún, se incrementan las cifras día a día.

Según la Unidad para las Víctimas de Colombia, entre 1985 y 2022, el conflicto armado en el país afectó a más de dos millones de niños y jóvenes, incluyendo desplazamiento, encarcelamiento, reclutamiento, explotación y violencia sexual (Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia – Coalico, 2022).

Aunque la violencia disminuyó después de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), en 2016, los esfuerzos de otros grupos armados para tomar el control de las áreas han aumentado el nivel del conflicto. 

Entre 2020 y 2021 el número de niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto aumentó en un 88% (de 12.481 a 23.465) (Coalico, 2020 y 2022). Aproximadamente 13.000 niños han sido afectados por el conflicto y el desplazamiento forzoso en 2021. También ha aumentado el número de niños y jóvenes reclutados por grupos armados (InSight Crime, 2021).

En la costa del Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño y Valle Cauca) y en las provincias fronterizas con Venezuela (Arauca, Norte Santander y Vichada), según el Informe Global sobre Desplazamiento Interno (GRID, 2021), Colombia es uno de los ocho países del mundo con mayor número de menores desplazados. Somos, junto a Siria, Congo, Somalia, Afganistán, Nigeria, Yemen y Etiopía, los países más golpeados por este desastre como resultado del conflicto; todos con más de un millón de niños y adolescentes víctimas.

En la investigación y seguimiento al tema, el estudio: ‘Escuelas de guerra: Otras víctimas del conflicto’ publicado en el portal Rutas del Conflicto, “ha habido 331 ataques violentos o ataques a instituciones educativas por parte de guerrillas, paramilitares y fuerzas armadas desde 1990 hasta 2020”.

¿Por qué es importante hablar sobre esto? Hay dos razones principales. La primera, los conflictos armados son en su mayoría de carácter rural; la segunda, la educación rural ha sido un tema en gran parte ignorado en la investigación educativa, al descubrir que las mismas áreas rurales todavía tienen nuevas formas de conflicto que necesitan más reflexión, lo que algunos han llamado “las nuevas conflictividades”.

Pero allí no acaba el problema, si bien las zonas rurales tienen mayor afectación de los combates y presencias de grupos de todo tipo, a ello se suma las desigualdades de la brecha social y la repercusión directa de otros fenómenos, como el uso de minas antipersonas, la violencia intrafamiliar, el reclutamiento forzado, la violencia sexual y la peor, las nulas posibilidades de acceder a la educación superior o técnica una vez terminados sus ciclos escolares, dificultando el mejoramiento de sus vidas y de las comunidades de las que hacen parte.

La verdadera y única manera de solucionar los problemas de fondo es reconocer estas problemáticas y actuar para cambiarlas con políticas públicas que sean capaces de responder ante su magnitud; sin embargo, lo que vemos es desidia, apatía y desconocimiento de realidades que profundizaremos en la próxima columna.