En noticia mundial se convirtió la tragedia a la que son expuestos cientos de menores, mediante la figura de mendicidad, la cual se constituye en una de tantas evidencias que sufren personas de muy escasos recursos, provenientes del hermano país.

Lo grave del asunto es que en nuestra ciudad además de lo anterior, se volvió costumbre exponer personas discapacitadas en las esquinas con alto flujo vehicular y peatonal, aspectos que no han sido atendidos por las respectivas autoridades.

El caso de los niños que son drogados para lograr adormecerlos y explotar su inocencia ya es común y a la fecha, no tengo conocimiento sobre operativos que permanentemente debe hacer el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en compañía de la Policía Nacional en su especialidad respectiva.

No es entendible que la entidad responsable del cuidado infantil, permanezca en absoluto silencio frente a tamaño problema y de ahí la posible responsabilidad que les pudiera asistir, toda vez que a pocos metros de su sede principal, se evidencia la presencia de lo anotado.

Considero que todos los ciudadanos debemos denunciar dichos casos por medio de la línea directa 141, atendida por el ICBF cuya misión apunta a la protección de las indefensas criaturas, a quienes les aplican medicamentos que producen somnolencia y su uso en el tiempo, genera daños irreversibles. 

De igual manera, se observan en la vía que de Cúcuta conduce a Pamplona, familias completas de venezolanos, cuya decisión ha sido caminar cientos de kilómetros y lo más grave, es que a los niños se les nota totalmente agotados luego de varias horas de recorrido y dado que sucede en territorio colombiano, es obligación de nuestras autoridades tomar cartas en el asunto.

Según lo publicado en la página web del instituto, el “ICBF, es la entidad del estado colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia, brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza …”.

Con fundamento en la misión transcrita, sobraría explicarle a sus directivos cuáles serían las medidas a tomar, por cuanto el alivio a la problemática representada en el alquiler de niños para la mendicidad, es parte de su obligación legal y además, compete a la Policía Nacional en cualquiera de sus especialidades definir estrategias que mitiguen la situación, sin que lo anterior signifique violación a los derechos humanos de las personas involucradas en el delito.