El expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, acérrimo opositor al proceso de paz, cambio su postura frente al acuerdo de justicia transicional con esa guerrilla, en aras de avanzar hacia una paz estable, según indicó.

Por primera vez desde que iniciaron los diálogos, Uribe aceptó, aclarando su desacuerdo, que la insurgencia tenga el trato de actor unilateral del conflicto y se le aplique la justicia transicional.

El jefe natural del Centro Democrático, señaló sin embargo que dicha justicia debe ser administrada por un tribunal que informe los acuerdos, la cual no se aplicaría a los civiles ni a integrantes de las Fuerzas Armadas.

“El equilibrio entre paz y justicia no se debe romper. Se requiere justicia para que la paz sea respetada por los mismos actores violentos o por otros que pretenden sucederlos en su acción delictiva”, señaló Uribe.

Sobre la justicia restaurativa y el castigo carcelario a la guerrilla, sugirió que la reparación a las víctimas no debe evitar el castigo punitivo a los responsables de delitos atroces.

“El castigo carcelario no es un tema exclusivamente jurídico (…) El asunto trasciende lo jurídico y se ubica en el terreno del bien o mal ejemplo. De la disuasión futura del crimen o de su promoción”, dijo.

En ese sentido pide que los cabecillas responsables de delitos graves, por lo menos, tengan condiciones penitenciarias en los sitios que sean recluidos, así sean granjas agrícolas o similares.

Sobre el tribunal de la jurisdicción especial de paz, Uribe asegura que hay razones para pensar que éste es proclive a condenar a policías, civiles y militares, por lo que insistió “en la necesidad de un alivio judicial a los militares y policías sin impunidad y sin condiciones de justicia transicional”.

De otro lado, advierte que ni el narcotráfico ni el secuestro deben ser considerados conexos con el delito político para beneficiar a la guerrilla con algún tipo de indulto.

“Incomprensible que Colombia que iba ganando la lucha contra el narcoterrorismo y el secuestro, acepte ante el mundo que estos delitos son conexos”, aseguró.

Finalmente, sobre la elegibilidad política, acepta que en aras de las paz se permita la elección de quienes entren o quienes acojan el acuerdo con el gobierno a excepción de responsables de delitos atroces, como de lesa humanidad, crímenes de guerra, narcotráfico, extorsión, entre otros.

“Si se diera elegibilidad a cabecillas de las Farc, qué se pensará sobre congresistas que han perdido la investidura y los derechos de elegibilidad sobre paramilitares incursos en idénticas atrocidades que las Farc”, concluyó. 

*Bogotá | Colprensa