La situación del sector universitario venezolano, crítica desde hace varios años, se complica a medida que la espiral hiperinflacionaria hace mella en el presupuesto destinado para su funcionamiento y –especialmente- en los sueldos y salarios de quienes han dedicado su vida a la formación de los nuevos profesionales del país.
Homero Maldonado, directivo de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes, en Táchira, asegura que la situación ha llegado a límites tales que forma parte de las nuevas formas de esclavitud, por cuanto los profesores universitarios, al igual que el resto de la administración pública venezolana, trabajan prácticamente de gratis, pues su compensación salarial, incluso en el mejor de los casos, se ubica alrededor de los diez dólares al mes.
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“Ejercer la educación universitaria en Venezuela no satisface las necesidades básicas del trabajador y su familia”, por lo tanto va en contra de la Constitución, dice el académico, al señalar que el gobierno ha hecho los sindicatos a su medida, mientras e las universidades autónomas se han convertido en simples veedores durante cualquier proceso de discusión por mejoras salariales.
“Es una forma de esclavitud moderna, el pueblo venezolano está secuestrado. Los docentes universitarios continúan en las aulas por amor a la universidad y en la esperanza de tiempos mejores”, insiste Maldonado.
Omar Contreras Molina, historiador y docente universitario jubilado, considera que la recién aprobada Cuarta Convención Colectiva fue una burla para el profesorado, “no son sueldos, es una asignación que se desvanece en la hiperinflación galopante”, dijo al tiempo de acotar que un profesor titular gana mensualmente como salario base 46 millones de bolívares mientras un instructor, ubicado en la base del escalafón, apenas 16 millones.
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Explicó además que el resto del ingreso mensual lo constituyen bonos que por una parte,no tienen incidencia en vacaciones, prestaciones sociales ni jubilación y por otra, son cancelados sólo a quienes se suscriben a la plataforma gubernamental “Patria”, la cual califica como un mecanismo de control social.
Jorge Moret, con más de 25 años de docencia universitaria, considera que el salario de los profesores y trabajadores universitarios ha sido “asaltado, más no aumentado”, por cuanto más del 52% del ingreso aprobado en la IV Convención Colectiva se corresponde a bonos sin incidencia salarial.
A su juicio, el aumento aprobado parece significativo pero es un espejismo. “Cuando uno lo ve en términos porcentuales pareciera que el aumento fue del más del 100%E, pero ahí es donde está la trampa. Si un profesor del máximo escalafón con doctorado y veinticinco años de servicio ganaba para ser considerado en pobreza extrema. Ahora con este aumento, no logra comprar ni el 15% de la canasta básica alimentaria”.
Y agrega que a todo ello hay que sumar el efecto que tendrá la reconversión monetaria y la mega devaluación que ella acarrea, a esta precaria situación.
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