La frontera entre Táchira y Norte de Santander se ha convertido en zona estratégica para el establecimiento de rutas utilizadas por las bandas delincuenciales para la trata de personas y otras actividades ilícitas, alimentadas por la urgente necesidad económica de cada vez mayor número de familias, en medio de la emergencia humanitaria por la que atraviesa el país.

Clara Ramírez, coordinadora de documentación de la ONG FundaRedes, destacó que la pobreza extrema y el éxodo migratorio que ya bordea los  millones de venezolanos, sirven como caldo de cultivo para este tipo de delitos, pues las víctimas son captadas con tentadoras ofertas laborales por las mafias que operan en las trochas que conectan a Colombia con Venezuela.

Lea además Niñas y adolescentes venezolanas: voces de la migración

“Mujeres migrantes son víctimas de extorsión sexual y pasan a formar parte de redes de prostitución, se les hacen ofertas laborales engañosas para levarlas Colombia y otros países de Latinoamérica donde se les obliga a prostituirse, a la mendicidad por cuenta ajena, a trabajos forzosos, sin ninguna protección del Estado”, apuntó.

Beatriz Salas, abogado y directora de la ONG Proyecto 860 explicó que aunque no hay cifras oficiales, el registro de las ONG vinculadas a los delitos de esclavitud moderna se viene incrementando de manera sostenida desde el año 2018, en los estados Falcón, Sucre, Apure y Táchira principalmente.

La trata es un delito complejo, -destacó Salas- porque implica varias acciones que van desde la captación hasta el traslado o acogida e involucra varios países y el manejo de personas de cualquier edad, desde el tráfico de niños hasta el uso de adolescentes, hombres y mujeres para explotación sexual o laboral.

Agregó que el cierre de las fronteras a raíz de la pandemia de COVID-19 ha incrementado el cruce de personas de un país a otro a través de los pasos irregulares, controlados por grupos delincuenciales, facilitando así las condiciones para la captación de un mayor número de víctimas, explicó la defensora de DDHH.

El caso más reciente

“Pudiéramos tipificar que la trata es una forma de esclavitud moderna, en que las víctimas son desprovistas de sus derechos y su dignidad por delincuentes que las secuestran para lucrarse con su explotación”, dijo el fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, al anunciar recientemente el desmantelamiento de una red delincuencial dedicada a la trata de personas y la detención de 2 personas vinculadas a este delito.

Señaló que la frontera venezolana entre Táchira y Norte de Santander es utilizada como un punto de salida estratégico para la movilización por vía terrestre.

Le puede interesar Abrupta subida del dólar impacta el mercado tachirense

Saab se refirió a dos casos, uno de los cuales tiene vinculación directa con el estado Táchira, aunque se inició con la desaparición de una joven en la ciudad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, en el oriente venezolano.

“Un grupo de personas que se identificaban como asesores se encargaban de emitir documentación falsa a la víctima, cancelar los gastos de logística para el traslado hacia Valencia y luego hasta el estado Táchira o Apure, de donde partían por vía terrestre hacia la república de Perú”, dijo.

Según el Fiscal venezolano, desde agosto del año 2017, han sido imputadas 468 personas implicadas en este tipo de delitos, de las cuales 411 han pasado a juicio y 114 cuentan con órdenes de aprehensión.

Sin noticias de Kelly Zambrano

Kelly Zambrano partió desde el municipio Junín, en Táchira, hacia las costas venezolanas, con la esperanza de abrirse un mejor futuro económico en Trinidad y Tobago, donde supuestamente contaba con la oferta para trabajar en un Resort.

La joven de 19 años desapareció en Güiria, estado Sucre, a bordo de una embarcación. Sus familiares afirman que han encontrado evidencias de que fue víctima de una red de trata de personas. 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion