Daniela Echeverry Gómez, patrullera de la Policía Nacional en Cartagena, finalmente fue enviada a la cárcel, junto con Bertha Ramírez Torres –de nacionalidad venezolana–, señaladas por inducción a la prostitución a menores de edad y trata de personas en Cartagena.
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La Procuraduría y la Fiscalía solicitaron una medida de aseguramiento para ambas mujeres en un centro carcelario, la que fue concedida por el juez durante la audiencia. La patrullera Echeverry fue enviada a la cárcel de Turbaco en Bolívar.
Las denuncias que permitieron que se adelantara el proceso de investigación en contra de esta uniformada, se conocieron el 13 de mayo, y en las que se identificó que podría estar operando especialmente en Cholón y las Islas del Rosario, zona insular de Cartagena.
El proceso de indagación fue adelantado por la Unidad Nacional de Violencia y Género de Bogotá de la Fiscalía General de la Nación.
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La captura de la uniformada de 27 años se dio en el municipio de Cravo Norte (Arauca) y, según el comandante de la Policía de Cartagena, coronel Wilson Parada, hacía parte de una red que se dedicaba a la explotación sexual en esa ciudad y su rol era el de agente corruptora.
Además, explicó Parada, también “inducía a otras funcionarias de la institución para que ejercieran la prostitución, no solo al interior, sino externamente”.
Por esta razón, la Fiscalía le imputará a la mujer –que trabajaba en la División de Infancia y Adolescencia de Cartagena– el delito de trata de personas.
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Según el ente investigador, Echeverry se valía de su puesto para fomentar el tráfico de mujeres jóvenes en lugares turísticos de “La Heróica” como Islas del Rosario y Barú. La mayoría de las personas que la denunciaron eran extranjeras o del centro del país.
Echeverry, quien hacía parte del comando de la Policía Metropolitana de Cartagena –y llevaba cinco años en la institución–, fue detenida por sus propios compañeros el pasado 18 de diciembre en Cravo Norte, Arauca, y ese mismo día, además, fue dejada disposición de la Fiscalía y recluida en la cárcel para mujeres de El Buen Pastor en Bogotá.
Esta caso se suma al de Dana Carolina Morales Palma, otra integrante de la Policía, quien ejercía como analista de tesorería de la Dirección General, quien fue arrestada por el desvió más de $200 millones de la institución, para luego ser transferidos a terceros, incluyendo a familiares.
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