El 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-055 de 2021, adoptó una decisión histórica para las mujeres en Colombia: amplió el derecho al aborto.  Así  se permitió que pudieran interrumpir su embarazo, según sus propias razones y sin la amenaza de cárcel, durante las primeras 24 semanas de gestación y, después de este plazo, bajo las causales establecidas desde el 2006 en la Sentencia C-355, sin límite de edad gestacional. 

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Una decisión con voces a favor y en contra, pero que se convirtió en un avance histórico en los derechos fundamentales de las mujeres y que fue el resultado del trabajo colectivo del Movimiento Causa Justa que surgió como una iniciativa de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. 

La Mesa presentó el informe ‘Primer año del fallo histórico: ¿Cómo va la implementación de la sentencia Causa Justa (C-055 de 2022)?, en donde deja en evidencia que, aunque se han presentado varios avances, aún quedan muchos retos para garantizar el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). 

Este balance es el resultado del acompañamiento legal que ha realizado La Mesa a mujeres y niñas que desean acceder a la IVE, y de la experiencia de la Fundación Oriéntame7, también parte del movimiento Causa Justa, en la prestación de este servicio de salud reproductiva.

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Norte, la segunda región con más atenciones 

Durante el primer año de implementación de la Sentencia C-055 de 2022, es decir, entre el 22 de febrero de 2022 y el 21 de febrero de 2023, realizó asesoría y acompañamiento legal a 255 mujeres que enfrentaron barreras para acceder a la IVE. 

En cuanto al lugar de residencia de las mujeres atendidas, se evidenció que el 30% de los casos corresponde a mujeres que se encontraban en Bogotá, mientras que el 70% en otros territorios del país, como Norte de Santander (12%), Cundinamarca (7%), Valle del Cauca (7%), Atlántico y Meta (cada uno con 5%).

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“El comportamiento específico que se presenta en Norte de Santander puede relacionarse con las acciones de incidencia realizadas principalmente por las organizaciones de mujeres que trabajan en este departamento, y también por otras organizaciones de Causa Justa”, precisó el informe.

El documento señala que dichas acciones han impactado la prestación del servicio y, por tanto, su acceso efectivo en el territorio. 

Además de esto, se resalta que, en comparación con el periodo 2021-2022, se presentó una disminución en el porcentaje (19 puntos) de mujeres migrantes venezolanas que acudieron a La Mesa después del fallo histórico. 

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Desde La Mesa advierten que, aunque se considera como un avance la disminución de mujeres migrantes que requirieron el acompañamiento legal para acceder a la IVE después de la sentencia, es necesario mantener el seguimiento y la puesta en marcha de acciones diferenciadas de atención que permitan conocer con certeza cómo impacta la implementación del fallo a estos grupos de mujeres que afrontan barreras específicas como la xenofobia, la discriminación y su estado de regularización. 

Atenciones por parte de Oriéntame 

Después de la Sentencia C-055 de 2022, entre el 22 de febrero de 2022 y el 1 de febrero de 2023, la Fundación Oriéntame prestó el servicio de IVE a 11.028 mujeres, lo que representó un aumento de menos del 1% en el número de mujeres atendidas, en comparación con el mismo periodo durante los años 2021 y 2022. 

En cuanto al momento de acceso a este servicio, durante el periodo 2022-2023, se resalta que el 93 % de las mujeres se realizó el procedimiento durante las primeras 12 semanas de gestación, el 5 % entre las semanas 13 y 20, el 1% entre la 21 y la 24, y menos del 1% a partir de la semana 25. 

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La Mesa indicó que esto permite evidenciar que las atenciones brindadas por la Fundación Oriéntame no presentaron aumentos de un período a otro, además de que el porcentaje de mujeres que solicitó atención durante las primeras 12 semanas de gestación también se mantuvo constante. 

“Contrario a lo manifestado por personas que se oponen al derecho al aborto, la despenalización hasta la semana 24 no llevó a que las mujeres lo hicieran después de la semana 24 y, en la experiencia de Oriéntame, no aumentó significativamente el número de atenciones. Lo anterior, coincide con lo sucedido en otros países donde también se ha disminuido el uso del derecho penal para regular el aborto”, puntualizó La Mesa. 

Acompañamiento legal 

El 82% de las mujeres que acudió a La Mesa durante el primer año de implementación de la sentencia, solicitó el acceso a la IVE por el modelo de plazo, es decir, durante las primeras 24 semanas de gestación; mientras que el 18% restante lo hizo después de la semana 24 de embarazo, y dentro de alguna o algunas de las causales establecidas en la Sentencia C-355 de 2006, siendo salud la principal, seguida de violencia sexual. 

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De estas atenciones, el 66% fueron asesorías en las que se suministró información a las mujeres para el acceso a la IVE de forma segura, a través del sistema de salud, explicando el marco normativo, la forma de acceder a la atención y resolviendo inquietudes particulares. 

Mientras que el 34% de las atenciones consistió en acompañamiento legal que requirió, además de la información, alguna gestión administrativa o judicial para el acceso efectivo y seguro a la IVE. 

De acuerdo con el informe, sobre las asesorías a mujeres durante el periodo 2022-2023, se identificaron al menos cinco solicitudes de información que hicieron terceras personas cercanas y acompañantes de las mujeres que se encontraban en una situación de embarazo no deseado. 

Se trató de amigas y amigos, familiares y compañeras de trabajo, quienes, conociendo los efectos de la sentencia, solicitaron información sobre el derecho a la IVE.

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En cuanto  a la edad de las mujeres asesoradas, la mayor parte de los casos atendidos por La Mesa correspondió a mujeres entre los 20 y los 29 años (50%); seguidas de aquellas entre los 15 y los 19 (29%), y entre los 30 y 39 (17%); luego, niñas entre los 12 y 14 años, es decir, casos producto de violencia sexual (2%); y, por último, mujeres mayores de 40 años (menos del 1%). 

Barreras que persisten 

• Desconocimiento del marco legal: esta barrera consiste en la falta de reconocimiento, información o manejo de la jurisprudencia constitucional, o de otros pronunciamientos judiciales, y de las disposiciones normativas sobre la IVE, en especial de la sentencia Causa Justa. 
• Interpretación restrictiva del marco legal: esta barrera se presenta cuando no se comprende totalmente el derecho a la IVE y las obligaciones que supone, antes bien, se da una interpretación limitada, sesgada y equivocada del mismo. 
• Fallas en la prestación del servicio de salud: en esta categoría se encuentran las barreras relacionadas con los errores, problemas y deficiencias en las redes, instituciones de salud y sus profesionales al momento de garantizar el servicio.

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