Defensores de Derechos Humanos y líderes sociales de Norte de Santander están denunciando falta de garantías en sus esquemas de seguridad, por motivos que según señalan, corresponden a una crisis administrativa al interior de la Unidad Nacional de Protección. Señalan los afectados que la entidad, no ha realizado el pago de servicios a los contratistas encargados de proporcionar los vehículos de los esquemas de protección, varios de los cuales de manera sorpresiva retiraron los automotores blindados y convencionales.

Lea también: Predios abandonados, en manos de habitantes de la calle

De acuerdo con Diego Villamizar, Veedor de Derechos Humanos de Norte de Santander, algunos de los contratistas dieron la orden de retener los vehículos en los centros de mantenimiento, aduciendo que la Unidad Nacional de Protección no les ha realizado el respectivo pago por sus servicios desde hace más de seis meses. “La situación obedece a que la UNP no les ha pagado a los contratistas. Lo que nos dicen es que tenemos que hacer la radicación de la inconformidad por escrito. Hemos interpuesto acciones de tutela y no descartamos tomar acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de protección y garantías, está en riesgo la vida de muchas personas”, indicó.

Encuentre aquí: El anuncio de lluvias preocupa en Patios Centro

Manifiestan que Norte de Santander es un departamento con alta presencia de grupos al margen de la ley, lo que genera diferentes riesgos a los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Alan Perlman Katz, presidente de dos de las empresas contratistas que prestan el servicio de vehículos blindados y convencionales a la Unidad Nacional de Protección, señala que durante estos seis meses sin pago, ellos igualmente han estado prestando el servicio con recursos propios. 

“Desde noviembre de 2022 no nos han liquidado los servicios de arrendamiento de vehículos tanto convencionales como blindados teniendo en cuenta los cambios administrativos internos que está teniendo la entidad, por lo cual muchos contratistas hemos tenido dificultades ya que no nos han pagado el mantenimiento de los vehículos”, sostuvo. 

Estudios de riesgos

En esa misma crisis administrativa que según denuncian, está atravesando la Unidad Nacional de Protección, tienen también represadas muchas solicitudes de estudio de nivel de riesgo de diferentes líderes que han venido solicitando esta evaluación para contar con un refuerzo en su seguridad. “La unidad no ha podido avanzar con esto ya que no cuentan con personal ni contratistas para realizar estos estudios”, añadió el defensor de DD. HH.

Le puede interesar: Parque de La Garita, en abandono total

Un proceso de empalme

Martha Maldonado, secretaría de Derechos Humanos de la Federación Comunal de Cúcuta, dijo desconocer la situación de alguna limitación para la asignación de vehículos de seguridad a líderes y defensores de DD. HH. “Lo único que conozco es que hay un nuevo operador en la UNP y que en ese proceso de empalme, han surgido algunos inconvenientes. Quien debe dar respuesta al respecto es la UNP”, indicó.

Enrique Pertuz, coordinador de la Red de Derechos Humanos, también manifestó que por el momento no han tenido inconvenientes distintos a los procesos propios por el cambio de operador en la UNP. En su caso, han citado a los escoltas para renovar los contratos y se han presentado algunos cambios con el modelo de contratación y formatos de las planillas. 
“Hay un nuevo operador y el nuevo operador trae sus condiciones. Lo demás, han sido especulaciones.”, apuntó.
 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion