“Esta es una fuente de preocupación muy grande para nosotros. Es una situación que afecta la vida de todo el mundo, hay niños que no pueden ir a la escuela porque los caminos no están seguros, agricultores que pierden el acceso al campo y al agua”, aseguró Stephanie Eller, jefe de la subdelegación CICR.
De acuerdo con Eller, “se nota desgraciadamente que con el aumento de la violencia hay lugares con una fuerte contaminación a causa de los explosivos”, debido a la presencia de grupos armados.
Afectados por los desplazamientos
El año pasado en Norte de Santander, uno de los lugares que más se vio afectado por el desplazamiento fue el corregimiento de Banco de Arena, donde se presentaron combates entre grupos armados.
Esta vez, el informe incluye a zonas rurales de Cúcuta como Palmarito y kilómetro 25. También zonas de Tibú, Teorama y San Calixto, en las que se seguirá trabajando en 2022.
¿Qué se ha hecho al respecto?
Para los miembros de la CICR siempre se cree que las víctimas son las únicas conscientes de sus necesidades, por lo que se ha diseñado una dependencia llamada “Contaminación por armas”, en la que se hace acompañamiento a la población.
También se han atendido a más de 15.500 personas en la región que sufrieron de abastecimiento de agua a causa de la guerra.
Diálogo con portadores de armas
El comité de Cruz Roja también ha hecho un esfuerzo por hablar con todas las partes implicadas en el conflicto, es por eso, que durante el 2021,la subdelegación del nororiente colombiano tuvo 179 reuniones con portadores de armas como miembros de la fuerza pública y grupos armados no estatales.
A nivel nacional
Además de su labor humanitaria, el organismo "documentó cada dos días, en promedio, un nuevo caso de desaparición relacionado con los conflictos armados y la violencia", la cifra más alta en cinco años.
Más de 60 años de conflicto colombiano, han dejado alrededor de 120.000 desaparecidos a nivel nacional, casi cuatro veces más que los de las dictaduras de Argentina, Brasil y Chile en el siglo XX.
“Nos preocupa la tendencia al alza que observamos frente al número de víctimas y a la profundización de distintos fenómenos, particularmente porque en los primeros meses de este año la situación humanitaria en Colombia ha seguido empeorando”, señaló Lorenzo Caraffi, jefe del organismo en Colombia, citado en el informe anual.
El CICR registró 486 víctimas de artefactos explosivos, el 53% de estos son civiles, incluidos 40 menores de edad. Del total de afectados, 50 fallecieron.
La cifra global supera a los 392 casos informados en 2020, que hasta entonces era la peor cifra documentada por el organismo, la cual se recolectó en 14 de los departamentos más castigados por un conflicto interno.
Otras organizaciones (que se nutren principalmente del narcotráfico) han copado espacios dejados por los guerrilleros, ante la tardía respuesta o llegada del Estado, según investigaciones independientes.
*Gráficos: Informe CICR
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