Hace 17 días, Cúcuta se estremeció con un confuso hecho que se registró dentro de un colegio del barrio Guaimaral, viéndose involucrados dos menores de edad: una niña de 5 años y otro de 15.
Si quieres tener acceso ilimitado a toda la información de La Opinión, apóyanos haciendo clic aquí: http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
Fue tanta la rabia de la comunidad estudiantil y la confusión que hubo, que un grupo de estudiantes estuvo a punto de linchar al presunto agresor, sin saber lo que verdaderamente ocurrió, por lo que un trabajador del colegio tuvo que encerrarlo en un salón de clases y esperar a que llegara una patrulla de la Policía para sacarlo de la institución rápidamente y dejarlo a disposición de las autoridades competentes.
El menor de 15 años fue trasladado a la seccional de Infancia y Adolescencia de la Policía, dándose aviso a la Defensoría del Pueblo, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y demás entes de control involucrados en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) para proceder legalmente y verificar lo sucedido.
La menor de 5 años, por su parte, fue llevada por sus padres a un centro asistencial, una vez conocieron el hecho, para hacer un análisis especializado y comprobar si se habría presentado un abuso sexual, como lo aseguraron varias personas en ese instante.
La noticia causó un mayor revuelo dentro de la institución educativa cuando se conoció que el presunto agresor, que estudia en la jornada de la tarde, cuenta con una medida preventiva de libertad vigilada, porque había sido infractor de la ley el año anterior, pues la gran mayoría de los padres de familia aseguraron que no sabían nada sobre ese programa que se lleva a cabo en el colegio.
Lea aquí: Presunto abusador de niña en un colegio tenía libertad vigilada
Pero después de varios días de haberse dado el confuso hecho, La Opinión conoció que, según el reporte médico y las evidencias, la niña no fue víctima de ningún abuso sexual, como señalaron al principio, sino que se habría tratado de un aparente intento de robo.
“La versión que se está manejando es que, al parecer, la pequeña estaba sola en el comedor esperando a su hermana y el menor (infractor) llegó junto con otros estudiantes, y él intentó robarle el bolso”, sostuvo una fuente judicial.
Con los testimonios recaudados y los resultados de las pruebas, las autoridades comenzaron a tener un panorama más claro para poder aplicar el SRPA, que es el sistema que juzga a los menores de edad en Colombia cuando son infractores.
¿Reincidente?
Extraoficialmente se conoció que el menor de 15 años ya había sido aprehendido el año pasado por una infracción y alcanzó a estar tres meses en el Centro de Formación para Adolescentes, en Los Patios, pero desde julio de 2021 una jueza le dio la libertad asistida o vigilada, como lo establece el Código de Infancia y Adolescencia en los artículos 181 y 187.
Y es que según una fuente de la rama judicial, que pidió reserva de su identidad, la libertad asistida la habría logrado porque su ingreso al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) se dio sin cumplir con los requisitos de ley para enviar a un menor con privación de la libertad.
“Para que un menor de edad sea privado de la libertad, debe darse una de dos hipótesis, la primera de ellas es que debe tener 16 años o más y que la conducta punible tenga una condena mínima de o exceda de seis años”, explicó la fuente.
Conozca: Aberrante caso en colegio de Cúcuta: una menor de 5 años habría sido abusada
La otra hipótesis para que un menor de edad, de 14 años o más, pueda tener una privación de la libertad –según la fuente– es si comete delitos como secuestro, extorsión, homicidio o sexuales agravados.
“Y lo que se puede ver es que el menor infractor del colegio de Guaimaral no cumple con ninguna de esas hipótesis, además, también debe quedar claro que a pesar de que pueda ser reincidente, si no cumple con lo estipulado en las normas, tampoco será privado de la libertad”, indicó la fuente.
Sin embargo, cuando el menor de edad quedó con una libertad asistida o vigilada, la jueza debió haber hecho algunas recomendaciones y lineamientos, que están bajo reserva.
“En este caso se debe analizar cómo el colegio está manejando ese programa que estipula el SRPA, pues no deben dejar solos a estos muchachos infractores, siempre debe haber un acompañamiento y eso lo debe tener muy claro la Secretaría de Educación Municipal”, afirmó la
¿Cómo funciona la justicia para menores de edad?
Precisamente este caso que ocurrió el pasado lunes 11 de julio es una clara muestra de cómo se puede llegar a aplicar la ley en los menores de edad que han sido infractores, especialmente entre los 14 y 17 años, y que no tienen una medida restrictiva de la libertad.
“Los menores cuentan con unas normas especiales que están dictaminadas por el Código de Infancia y Adolescencia, convirtiéndose en sujetos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que involucra al ICBF, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, alcaldías, Gobernación y demás entidades”, comentó otra fuente de la rama judicial.
Según se pudo establecer, el SRPA posee un alto potencial social comunitario que posibilita que el menor, adolescente o el joven se vincule a escenarios que aporten a su desarrollo cognitivo, emocional y social donde pueden estudiar, fortalecer sus redes de apoyo, trabajar y aprovechar oportunidades que brinda el territorio.
Por eso, “en materia de responsabilidad social para adolescentes, el proceso y las medidas que se tomen, deben ser de carácter pedagógico, específico y diferenciado. Respecto a las sanciones, su finalidad es protectora, educativa, y restaurativa de acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia”, señaló un documento que explica a fondo el SRPA.
Y esto fue lo que llevó a que el menor de 15 años que se vio inmerso en el confuso hecho en el colegio de Guaimaral, al igual que otros infractores, hoy se encuentren estudiando, “pues la ley determina que no se les puede negar la educación o salud, porque son derechos fundamentales y el Estado los debe proteger”, explicó una fuente judicial.
Otra fuente manifestó que, “lo primero que hay que entender de la justicia para los menores es que no son tratados de la misma forma que los adultos, porque se busca dar el acompañamiento y las condiciones para que tenga la oportunidad de recomponer su vida, y vuelva a la sociedad con un ‘chip’ distinto, el de una persona funcional”.
Entérese: Comunidad educativa protesta ante el presunto abuso de una menor en colegio de Cúcuta
Además, esta Ley estipula que si el delito es cometido por un menor de 14 años, no será juzgado ni declarado responsable penalmente, sino que “se aplicarán medidas de verificación de la garantía de derechos, y deben vincularse a procesos de educación y protección dentro del ICBF”, así lo ratifica el artículo 143 del Código de Infancia y Adolescencia.
Sin embargo, un abogado que ha trabajado más de 15 años en la rama judicial del área metropolitana de Cúcuta, aseguró que es importante revisar algunos lineamientos jurídicos que se ordenan en esa Ley.
“Uno ve muchos casos y sinceramente se debería hacer una revisión de acuerdo a los datos factibles de jóvenes reincidentes con delitos graves como homicidio o secuestro, porque eso es lo que usan hasta los grupos armados ilegales para instrumentalizar menores, como pagan condenas relativamente bajas, los buscan para usarlos”, manifestó el abogado.
Pero los menores, adolescentes o jóvenes que quedan con alguna medida restrictiva de la libertad, deben ser manejados por psicólogos, trabajadores sociales y docentes que trabajan en el Centro de Formación para Adolescentes.
“Es un operador que tiene un convenio con el ICBF el que está encargado de analizar cada caso en particular, hay todo un equipo interdisciplinario detrás y el ambiente que se vive en esos centros es bastante familiar. También ellos estudian adentro y hay convenios en los que aprenden manualidades de pintura, estudios de mecánicas entre otros”, concluyó la fuente experta en derecho.
Además, la Fiscalía también tiene una responsabilidad que debe tener muy en cuenta y estar basada en lo que dice la ley, porque si no cumpla con las normas, puede incurrir en una falta grave.
Hay un aumento de delitos
Según un representante de la Secretaría de Gobierno de la alcaldía de Cúcuta, actualmente en el Centro de Formación para Adolescentes, los menores de edad cuentan con un amplio espacio para adelantar las funciones dictadas de acuerdo a su sanción y medida.
“No es como sucede con las cárceles que hay todo un problema de hacinamiento, en estos centros hay un espacio para todos los adolescentes”, afirmó el funcionario.
Sin embargo, la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) entregó un reporte sobre la aprehensión de menores infractores entre 2021 y lo que va de este año y se observa una tendencia al alza.
Durante todo el año pasado fueron aprehendidos 386 infractores, y hasta el 19 de julio de 2022 iban 309, por lo que se presume que, al finalizar el año, se superen los casos del 2021. El delito que más se ha evidenciado es el de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
