Cúcuta cierra el año en uno de sus peores momentos en materia de seguridad. Atentados, secuestros exprés, hurto a personas y residencias y la segunda percepción de inseguridad más alta del país después de Bogotá, demuestran que las épocas que ya se creían superadas, en las que el terrorismo urbano era pan de cada día, parecieran estar de regreso.  

Producto de todo esto, hoy en la ciudad se siente un ambiente enrarecido, donde la desconfianza, el miedo e incertidumbre son muy fuertes entre los habitantes. “Al deambular por alguna calle de la ciudad, es casi imposible no pensar que en cualquier momento lo van a atracar”, aseguró una de las tantas personas que diariamente se mueven por la capital de Norte de Santander.

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Pero el susto no es solo ser víctima de un robo –sostuvo otro cucuteño- “ahora nos toca pensar en que podemos quedar en medio de una balacera o morir en un atentado con una bomba, como ya ha pasado. Es una triste realidad”.

Y no es para menos que muchas personas que residen en Cúcuta sientan temor, pues este año se ha desatado una racha de hechos violentos, en la que los homicidios y los hurtos no paran, además, microtráfico, secuestros, extorsiones, desapariciones y delitos sexuales también son otros ‘puntos negros’ en las estadísticas de seguridad de las autoridades, pese a que la Policía se mantiene en la versión de que las cifras han disminuido.

Pero lo que más ha provocado que hoy los cucuteños se sientan tan inseguros y temerosos, son los atentados con explosivos que se vienen dando desde junio y que hasta la fecha ya serían 11, en la capital nortesantandereana y el área metropolitana.

Algunos de los atentados

La racha de atentados arrancó el 15 de junio con una camioneta bomba en la Brigada 30 del Ejército, dejando casi medio centenar de heridos; una semana después dos artefactos explosivos fueron abandonados en el sector Cerro Pico, de Cúcuta, sobre la vía que lleva a El Zulia, aunque uno fue activado, no dejó víctimas que lamentar.

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El 25 de junio, casi derriban el helicóptero en el que se desplazaba el presidente de la República, Iván Duque, y una comitiva, cuando regresaban de Sardinata. El 30 de agosto atacaron con un explosivo el comando del segundo distrito de la Policía, en Atalaya.

Para el 9 de septiembre se dio otro atentado contra unas patrullas de la Policía de Tránsito, en el hecho murió una mujer que iba hacia su casa en el barrio San Martín.

La madrugada del 20 de octubre fueron instaladas tres cargas explosivas, dos de ellas en un par de cámaras de fotomultas, en Cúcuta y Villa del Rosario, y otra fue dirigida contra un depósito de madera cerca del intercambiador vial de Atalaya.

Y los más recientes han ocurrido entre el 12 y 17 de diciembre, con el lanzamiento de una granada en El Escobal; dos maletas bombas cerca de una de las pistas de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Camilo Daza, donde murieron dos policías y uno de los hombres que llevaban los artefactos, y un cilindro cargado con explosivos que abandonaron en la vereda El Porvenir, de El Zulia.

Precisamente, esto ha llevado a que, en las últimas dos semanas, las autoridades reciban muchas llamadas alertando sobre paquetes o maletas sospechosos en diferentes puntos de Cúcuta, Los Patios, El Zulia o Villa del Rosario, entre otros municipios.

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Retrocedimos tres décadas

Esto que se vive hoy en la capital de Norte de Santander y sus alrededores, le hace creer a líderes comunales y defensores de derechos humanos que hemos retrocedido 30 años en la seguridad.

“Hace tres décadas o más, acá en Cúcuta ponían bombas casi todos los días. La guerrilla hacia lo que quería y nadie podía decir nada, luego de 1999 llegaron los paramilitares y la situación empeoró. Hoy, está pasando lo mismo o hasta peor con los grupos armados ilegales y las autoridades no reaccionan”, señaló un líder social, que pidió reserva de su identidad.

Jaime Marthey, defensor del Pueblo regional, señaló que la percepción de inseguridad ciudadana ha vuelto a sus peores épocas y no solo con esos hechos tan notorios por el impacto que generan, sino por lo que ha sucedido en todo el territorio del departamento, sin excepción, que muchas veces no es noticia, pero sigue flagelando a los más necesitados, la población más vulnerable.

“La insurgencia y las bandas criminales claramente están llamando la atención, no solo del Estado, sino sembrando temor, haciéndose sentir y diciendo que ahí están y son capaces de hacer daño, sin importar a qué costo”, añadió el Defensor del Pueblo.

Una representante de los habitantes de la Comuna 6 también consideró que los ataques que cometen los grupos armados ilegales, como la disidencia de las Farc, el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), es una clara muestra de que se perdió todo el trabajo en materia de seguridad que se venía haciendo desde hace 30 años.

“La verdad nos hemos devuelto en los temas de inseguridad, pues ¿cómo es posible que dentro de la Brigada 30 del Ejército se haya presentado un acto terrorista y las acciones de la disidencia en diferentes puntos del departamento han sometido a los nortesantandereanos? La verdad es que el Gobierno Nacional no muestra su respaldo al pueblo colombiano” manifestó la lideresa comunal.

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Agregó: “lo que sentimos es que nos han dejado a merced de los grupos al margen de la ley. En las comunas de Cúcuta nos sentimos indefensos con todas estas situaciones que se están presentando y peor aún, nosotros los líderes sociales que siempre seremos la ‘piedra en el zapato’ de estas organizaciones ilegales”.

Una lideresa de la Comuna 10 consideró que uno de los problemas que hay en la ciudad es que las organizaciones criminales se han aprovechado de la confianza y despreocupación de las autoridades por la seguridad.

“Esto demuestra que no estábamos bien en seguridad por parte de Policía y Ejército, acá se deberían hacer mayores y mejores acciones por parte de ellos”, expresó la representante comunal.

Otro líder social de la Comuna 6 también argumentó que la falta de un plan integral de seguridad por parte de la administración municipal es una falencia que aprovechan los grupos ilegales en la ciudad.

“La falta de gobernabilidad en la ciudad demuestra que nadie ejerce ese control que se necesita y por lo tanto, la Policía no tiene un mayor compromiso en temas de seguridad, lo que no cumple su objetivo con la comunidad y eso que dos o tres veces al año les entregan materiales para combatir la delincuencia y no hay acciones contundentes”, sostuvo el representante comunal, que también pidió reserva de su identidad.

Para este líder social es claro que de nada vale que se aumente el pie de fuerza si no ejercen un control eficaz. “No hay un plan de trabajo para contrarrestar la delincuencia. No hay articulación con los diferentes actores sociales de las comunas para prevenir el delito y lo que vemos es una corrupción”.

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¿Qué hace falta para frenar la inseguridad?

Para Jaime Marthey es claro que en el departamento hace falta mayor inversión social, atención a los problemas de la región y generación de empleo, “para que los grupos criminales no encuentren espacios en los territorios ante la ausencia del Estado, donde la gente es fácilmente vulnerable y no tiene oportunidades”.

El Defensor del Pueblo regional consideró que las autoridades están haciendo sus mejores esfuerzos, están trabajando articuladamente, pero no ha sido suficiente, “pues el conflicto está escalando de tal forma, que las capacidades institucionales regionales han sido desbordadas y se requiere de un verdadero plan nacional multisectorial, con realidades a corto plazo y no promesas, entre otras, por ejemplo cumplir los acuerdos de paz y los compromisos de las recientes jornadas del paro”.

Lamentablemente el sentir de muchos cucuteños es que no confían en autoridades como la Policía, pues como dicen algunas personas, hay casos en los que los uniformados están implicados en hechos delictivos.

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“En las acciones de las autoridades ya no se cree, porque como ha pasado muchas veces, los policías hacen parte de estos grupos al margen de la ley, cooperándoles con informaciones o diciéndoles quiénes son los que denuncian. Todo eso lo hemos comprobado nosotros mismos, por eso preferimos guardar silencio para evitar ser asesinado, desplazado o desaparecido. Acá lo mejor sería militarizar la ciudad”, explicó una lideresa social de la Comuna 6.

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