La expectativa del anuncio de abrir o no la frontera fue protagonista en la última visita del presidente Iván Duque Márquez a Cúcuta, el pasado jueves.

Tras las solicitudes que han hecho gremios, empresarios y hasta el mismo alcalde de la ciudad, el primer mandatario habló de lo inconveniente de generar dicha apertura en este momento en el que el mundo se enfrente a un tercer pico de la pandemia, pero aseguró que está abierto a que una comisión explore, con la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, posibilidades de retomar el paso de mercancías.

En entrevista con La Opinión, el presidente habló sobre la seguridad en la frontera, se refirió al Estatuto Temporal de Protección y a otros temas claves como la aspersión con glifosato en el Catatumbo y la reforma tributaria. 

Distintos gremios venían pidiendo la apertura de la frontera y ahora a ese clamor se sumó el alcalde. ¿Han contemplado alguna comisión que trabaje el tema para explorar esa posibilidad?

Hay consideraciones importantes que no se nos pueden olvidar. La situación que está viviendo Venezuela es catastrófica. No hay buena información epidemiológica, no hay medicinas, no hay una respuesta farmacológica a la crisis y eso hace que una apertura de frontera en este momento de tercer pico en América Latina, pueda traer consecuencias devastadoras para esta región. Nosotros tenemos que seguir protegiendo la región, pero siempre estamos abiertos a que con la Gobernación del Táchira se puedan examinar las posibilidades, sobre todo en materia de relaciones comerciales para ver esos flujos de mercancías.

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Pero advierto, todo esto ligado al comportamiento de la pandemia.  El elemento adicional a esto es el Estatuto Temporal de Protección (ETP), que es un hito en la protección de migrantes y yo creo que la combinación del ETP con la posibilidad de tener flujos comerciales acordados con la Gobernación del Táchira más adelante, puede ser una manera de solventar esa situación. 

¿Hay alguna persona designada por el gobierno para este entendimiento con la Gobernación del Táchira?

Estos temas siempre los trabajamos con el gerente de Fronteras, Lucas Gómez y con el gerente de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quienes siempre han mantenido comunicación con la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez. 

¿Desde su gobierno se ha hecho algún análisis de cómo el cierre de la frontera ha permitido que los grupos ilegales se nutran de recursos y se fortalezcan con el control y cobro por las trochas?

Es importante decir que las trochas no son un asunto que se da necesariamente por los cierres. Si fuera así, históricamente hubiéramos tenido una frontera ordenada y organizada. Las trochas han existido siempre y siempre han tenido un componente de ilegalidad. Es una frontera muy grande, luego siempre van a encontrarse poros por dónde pasar.

De hecho, lo que queremos con el sistema de regularización, con la información biométrica es justamente tener un mejor control sobre las migraciones en nuestro país. En la medida en que tengamos esas herramientas seguramente habrá más disuasores para los pasos por trochas. Lo otro que es claro es que el Estatuto de Protección Temporal protege, pero después de dos años el que se encuentre en Colombia en condición de ilegalidad deberá ser deportado. 

La semana pasada un enfrentamiento entre el ELN y el Tren de Aragua llegó hasta la autopista internacional, dejando un muerto y un herido. Preocupa que ese tipo de cosas pasen desapercibidas en el Gobierno Nacional. La frontera es un asunto de seguridad nacional pero no se percibe como una prioridad desde el Gobierno. ¿Por qué?

Nosotros hemos venido dando golpes muy fuertes en Norte de Santander: golpes a los Pelusos, a los Caparros, a los Puntilleros, al Clan del Golfo y al ELN. Hemos venido fortaleciendo el pie de fuerza y haciendo unas inversiones grandes en materia de infraestructura y de protección social. Claro, tenemos un problema: Venezuela es hoy un santuario del narcotráfico.

El régimen dictatorial de Venezuela tiene en su territorio a miembros del ELN, las disidencias de las Farc y también algunos componentes de Puntilleros y Pelusos que entran a corromper a los miembros de la Policía  de ese país. Nosotros no tenemos ninguna actitud bélica o belicista contra Venezuela, pero bandido que identifiquemos en la zona de frontera, inmediatamente le va a caer la fuerza pública para capturarlo o darlo de baja.  

Estatuto Temporal de Protección

Hablemos del Estatuto Temporal de Protección. ¿Cuál es el plan para financiarlo?

El Estatuto hay que verlo como un gana gana. Hoy tenemos 800.000 migrantes que sabemos quiénes son, dónde están, que tienen Permiso Especial de Permanencia (PEP) temporal, y lo que vamos a hacer es llevarlos a la regularización por 10 años. Y hay cerca de 900.000 que están irregulares, es decir, que no sabemos quiénes son, cómo se llaman o dónde están.

La importancia del Estatuto es que ellos deben ir a registrarse, reciben su tarjeta y pueden, por ejemplo, entrar al régimen subsidiado de salud, lo que va a alivianar la carga del sistema de salud, porque ya no va a quedar esa deuda pendiente cada vez que ingresan por urgencias, como pasa hoy. Desde el punto de vista de seguridad, dentro de la población migrante la mayoría son gente de bien pero puede haber uno que otro en actividades criminales. Cuando los capturamos, como no están regularizados, no tenemos certeza del nombre, no tenemos su información biométrica, etcétera. Todo eso está cambiando. En promedio, una familia irregular migrante está pagando $15.000 al día por un alojamiento. Si ellos estuvieran en la economía formal, $15.000 día les permitiría acceder a la vivienda de interés social en nuestro país. 

Pero todo esto implica inversión de recursos…

Este es un gana gana en el que tenemos que asumir un reto grande fiscalmente, como lo hemos hecho desde hace varios años, pero esta situación nos ha permitido también decirle a la comunidad internacional que el aporte que han hecho  los países donantes por la crisis migratoria siria son más de 3.000 dólares por migrante, en Sudán más de 1.600 dólares y en Venezuela tan solo 300 dólares. Poner esos dedos en la llaga nos van a permitir traer mucha más ayuda internacional a Norte de Santander. 

¿Hay alguna cifra estimada de cuántos recursos se requieren para financiar la atención migratoria y el proceso del ETP?

Son números que no van a pasar de un día para otro porque estamos en pandemia. Pero son cosas que se van dando gradualmente. Necesitamos llegar pronto a los mil dólares por migrantes, si se puede llegar a más de 2.000 dólares por migrante en un año o año y medio es un buen camino que nos permitirá tener más recursos para atender a la población. 

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¿Parte de empezar a organizar el flujo migratorio tiene que ver con el centro de atención que usted inauguró en Los Patios?

Sí, ya tenemos tres de estos centros: en Yopal, en La Guajira y ahora en Los Patios. Son centros de atención temporal en donde se tendrá registro de salud, asistencia médica, atención en salud sexual y reproductiva, asistencia infantil y asistencia psicológica especializada. La idea es que estos sean lugares de paso, no de permanencia. Son centros que validan nuestra política de atención y algo que será muy importante y que es mi compromiso: yo quiero entregar antes del 7 de agosto de 2022 a los 1,8 millones de migrantes venezolanos que hay en Colombia (a 30 de diciembre del 2020) su tarjeta del Estatuto Temporal de Protección para que estén debidamente identificados. 

¿Cuáles son los compromisos que ha asumido el Gobierno Nacional en materia de obras y de proyectos en Norte de Santander con ocasión del Bicentenario?

Este es el gobierno que más recursos ha invertido en Norte de Santander: la doble calzada Cúcuta-Pamplona, la conexión entre Bucaramanga y Pamplona, Astilleros-Tibú-La Gabarra, la vía hacia Convención, la vía La Lejía-Saravena. También restablecimos La Ruta del Sol II, terminamos la modernización del aeropuerto, sacamos adelante las Zonas Económicas y Sociales Especiales (ZESE), y tenemos más de 677.000 beneficiarios en el departamento de todos los programas sociales del Estado. Tengo la tranquilidad de decir que cuando le hablo a Norte de Santander a los ojos, le hablo como el presidente que más inversión pública ha traído a este departamento. 

¿Con el Decreto 380 volverá la aspersión aérea con glifosato al Catatumbo?

Aquí lo que hay que buscar es la combinación de todas las herramientas: combinar la erradicación manual, el desarrollo alternativo, la sustitución y, por supuesto, donde se requiera, la aspersión con precisión. La discusión no es el químico. Muchas veces la discusión se desvía por ese lado cuando realmente el gran depredador y el que destruye el ecosistema es la coca misma, que necesita más de 11 procesos químicos para producir un kilogramo de clorhidrato de cocaína, y todos esos químicos terminan vertiéndose en zonas que hacen parte de la selva tropical húmeda del país. Yo creo que es un debate necesario que estamos abordando con los protocolos recomendados por la Corte Constitucional y que tuvieron ya un plan de manejo ambiental aplicado por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para garantizar que los lugares donde se haga aspersión con precisión se minimicen todos los riesgos. 

Por último, cuéntenos su visión de la Reforma Tributaria. 

Yo no la llamo reforma, porque realmente lo que se está haciendo acá es una gran transformación social que tenemos que hacer sostenible. Dentro de esa transformación hay seis grandes pilares: 

1. Alcanzar ese ingreso solidario por más tiempo, porque son las familias más vulnerables de nuestro país y sabemos que estaremos expuesto a más restricciones de movilidad mientras dure este virus. 

2. La devolución del IVA, llevarlo a un número mayor de familias.

3. Matrícula cero en la universidad pública para estudiantes de estrato 1, 2 y 3 en el marco de Generación E. 

4. Bajarle la carga a la micro y pequeña empresa para incentivar el empleo.

5. Vamos a subsidiar la seguridad social de nuevos empleos que se generen en el país por un periodos de 5 años. Si usted contrata mujer, jóvenes, discapacitados y personas dentro de un tipo de población protegida, la seguridad social la paga el Estado. 

6. Extender el PAEF por más meses en el 2021 

Pero hay otros puntos polémicos que han generado muchas críticas y tiene que ver con los mecanismos para pagar esa gran inversión social…. 

Sin duda eso tendrá sus cuestionamientos en materia de popularidad, pero esta inversión cómo se paga: estamos hablando de un impuesto temporal a la riqueza que es para personas con patrimonio por encima de los $15 .000 millones por dos años descontables de renta que es 1 o 2%. Estamos poniéndole impuestos a las megapensiones de más de 7 millones de pesos.

En Colombia esto solo aplica para 28.000 o 38.000 personas de un total de casi dos millones de pensionados. Algo muy importante es también el impuesto a los dividendos, depurar también el IVA y algo que estamos diciendo y es que el país necesita entrar en una cultura donde se pueda pagar un poco más de renta por parte de personas que no están pagando y que comparativamente con otros países de América Latina, en Colombia se empieza a pagar renta con ingresos muy altos, casi desde $60 millones cuando en otros países se paga con cifras sustancialmente menores.

Esa ampliación se puede hacer con tarifas que sean casi simbólicas para ir generando esa cultura. Ninguna de estas medidas se van a aplicar en el año 2022, y los efectos de recaudo se van a sentir en 2023 cuando yo ya no sea presidente. Así que acá no estamos pensando en Iván Duque sino en la estabilidad y en las finanzas públicas del país.