Después de tantas especulaciones y demoras, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda, por fin presentó el proyecto denominado Ley de Solidaridad Sostenible, que no es más que la reforma tributaria que discutirá el Congreso de la República. 

Se trata de un proyecto de ley que empezará su camino por el legislativo con un mensaje por parte del Gobierno Nacional, para que sean las comisiones económicas conjuntas quienes inicien la discusión lo más pronto posible de los 163 artículos que traen las más de 100 páginas del documento. 

La reforma buscará tener un recaudo cercano a los 23,4 billones de pesos, a través de cambios en el IVA y en los impuestos a personas naturales y jurídicas, con el fin de cubrir y ampliar los programas sociales que se hicieron más necesarios en medio de la emergencia generada por la COVID-19.

“Si el Congreso adopta nuestra propuesta, el índice de pobreza extrema bajaría seis puntos y los indicadores de pobreza tres, lo que significaría una gran solidaridad entre los que pueden aportar y los que no”, resaltó el jefe de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Durante la presentación del proyecto, el ministro resaltó que la iniciativa que se presentó al Congreso de la República, que tendrá la última palabra para su aprobación, llevaría a una reducción de 2,3 en el índice de Gini, así como un ritmo de impacto siete veces mayor a los observado en la última década. 

Aunque los tres ejes de la reforma están enfocados en el IVA, los impuestos a las personas naturales y los impuestos a las personas jurídicas, también tocará temas fundamentales en materia social y ambiental, así como otros aspectos que dejarán el debate abierto en los próximos meses. 

El debate sobre el IVA

El Gobierno Nacional había dejado entrever que productos como el café, el chocolate y la sal podrían ir gravados con el IVA del 19 %. Sin embargo, desistió de la idea y la mayoría de la canasta familiar permanecerá tal como está gravada hasta el momento.

Los cambios que vendrán allí están direccionados a eliminar la categoría de bienes exentos de IVA. “No estamos diciendo que la nueva política se aplique para 2021, sino que arranque en 2022. No obstante vamos a proponerle al Congreso que las compensaciones comiencen en 2021”, dijo. 

El funcionario explicó que con las variantes que se proponen, el potencial de recaudo del IVA pasaría a ser de 43%, mientras que hoy el recaudo es de 39%. Por eso, fueron excluidos productos como la copa menstrual, la venta de bienes inmuebles, los libros y revistas de carácter científico y cultural.

Dentro del proyecto también quedó la propuesta de aumentar la cobertura de compensación del IVA, que llegaría a 4,7 millones de hogares, con lo que pasaría de una cobertura del 20% al 40% de la población, con una transferencia mensual de 50.000 pesos por hogar. 

En total, esta compensación tendría un costo fiscal de 1,785 billones, lo que representa 0,2% del PIB. El Gobierno resaltó que con las propuestas presentadas cobre el Impuesto al Valor Agregado, el país recaudaría 7,3 billones de pesos. 

Impuesto sobre la Renta

El Impuesto sobre la Renta estará el gran grueso de la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional, pues con la propuesta se esperaría recaudar 17 billones de pesos en personas naturales y 3,7 billones por lo gravámenes a las personas jurídicas. 

El Ministro de Hacienda resaltó que en el país la mayor proporción de la carga tributaria recae sobre las empresas, a diferencia de lo que se observa a nivel mundial, por lo que la intención del Gobierno es ampliar de manera gradual el impuesto a la renta a las personas naturales. 

La idea es que en 2022 se pagaría un impuesto de renta desde los 4,1 millones de pesos mensuales, en 2023 sería a partir de los 2,9 millones de pesos y en 2024 a partir de los 2,5 millones de pesos, es decir que serían, en su orden, desde 50 millones, 35 millones y 30 millones anuales, respectivamente. 

En la reforma también se crea un “impuesto temporal y solidario a la riqueza”, que aplica para personas con patrimonios superiores a los 405 millones de pesos. Además, se crea el impuesto complementario de normalización tributaria que aplica a quienes “tengan activos omitidos o pasivos inexistentes”.

También se propone el “impuesto temporal y solidario a los ingresos altos”, una medida que aplica para las personas que ganen más de 10 millones de pesos, sean de nómina, empleados públicos, contratación de servicios o pensionados.

Cabe anotar que el ministro fue enfático en señalar que hay una confusión, pues “los ingresos pensionales inferiores a 7 millones de pesos no son sujetos de ningún impuesto de renta”. Sin embargo, el proyecto señala que estarán gravadas cuando excedan 1600 UVT anuales, que serían 4,8 millones. 

Personas jurídicas

En cuanto a las personas jurídicas, que tienen un capítulo a parte, el proyecto buscará disminuir la tarifa del impuesto de renta, donde se establecería un esquema de tarifa marginal a partir de una utilidad de 500 millones de pesos, iniciando en 24 % para las pequeñas empresas y 30 % para medianas y grandes. 

También se plantea una sobretasa de renta de tres puntos durante dos años, lo cual iría destinado a financiar el programa de impulso a la recuperación del empleo, con el fin de que “se mantenga el espíritu de solidaridad que cobija a este proyecto que estamos”, anotó el funcionario.

Otro punto busca la eliminación de rentas exentas, deducciones, descuentos tributarios y tarifas preferenciales a partir de 2023. Sin embargo, si se quieren mantener los beneficios relacionados con la economía naranja y turismo hasta 2022, y lo relacionado con la construcción hasta 2025. 

El quinto punto de la propuesta mantiene el descuento del IVA de bienes de capital, se permite la devolución de IVA de bienes de capital a no responsables del impuesto; así como mantener un descuento del 50 %del impuesto del ICA. 

Estabilidad de las finanzas públicas

Para estabilizar las finanzas públicas, el Gobierno Nacional impone unos límites a los gastos estatales durante las vigencias 2022-2026, en donde aclara que el crecimiento en materia de gastos de personal y adquisición de bienes y servicios no puede superar la meta de inflación.

Además, la norma le da facultades extraordinarias al presidente para expedir normas con fuerza de ley en caso de querer suprimir o fusionar dependencias de la rama ejecutiva; liquidar entidades públicas; realizar modificaciones presupuestales para financiar gastos de funcionamiento; o vincular entidades a la rama ejecutiva. En la norma también se incluyen normas para el funcionamiento del gasto fiscal.

Según dijo el ministro, aún no está claro qué ministerios van a reformar, ni qué entidades van a unir.