En apenas siete meses, dos personeros en Norte de Santander han tenido que renunciar a sus cargos de manera intempestiva por cuenta de las constantes y delicadas amenazas contra su vida y la de sus familias.
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El caso más reciente se presentó en Pamplona, en donde el titular de la Personería Municipal desde 2020, David Bernal Peña, decidió dar un paso al costado y salir de Norte de Santander, por el grave peligro que asegura estar corriendo.
“Desde el año 2021 puse en conocimiento de las autoridades competentes amenazas y presiones en razón al ejercicio de mis funciones, hechos que ocurrían desde el mes de julio de 2020. En los primeros meses del año en curso, las amenazas se hicieron más constantes e involucraron no solo a mi familia, sino también a las personas cercanas a mí, obligándome a realizar atención virtual a la comunidad”, contó Bernal Peña en la carta de renuncia.
Según el personero, la situación se salió de control el pasado primero de julio, cuando dos sicarios que, al parecer, se identificaron como integrantes del Tren de Aragua llegaron a su oficina preguntándolo. Gracias a un compensatorio que había solicitado, el funcionario no se encontraba en el lugar, pero con este hecho la amenaza se hizo más real y fue por esta razón que decidió no continuar en el cargo.
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“Habiendo solicitado protección a la UNP desde el año 2021 y hasta la fecha aún no se ha dado una acción que permita continuar con mi ejercicio como funcionario público. Con el fin de preservar mi vida e integridad y la de mi familia, y ante las demoras administrativas para brindarme seguridad, debo tomar la decisión de renunciar irrevocablemente a mi cargo como personero municipal desde el día 1 de agosto de 2022 (sic)”, indicó David Bernal.
El delegado del Ministerio Público responsabilizó de estas presiones y de los seguimientos a los que, dice, también venía siendo sometido, al Tren de Aragua, pues aseguró que había mucha información sobre hechos delictivos que pasaban por su oficina y él tenía que tramitar las respectivas denuncias, con lo cual se desencadenaron allanamientos y capturas a miembros de este grupo criminal.
En repetidas oportunidades, Bernal también denunció el riesgo que enfrentaban los migrantes venezolanos que hacen tránsito por Pamplona en sus largas caminatas, pues estaban expuestos a ser víctimas de trata de personas, abusos sexuales y hasta reclutamiento.
En octubre de 2020, el personero encendió las alertas sobre una red dedicada a la trata de personas en la Ciudad Mitrada de la que eran blanco, principalmente, los venezolanos que huían de su país en busca de mejores oportunidades. Según la denuncia, estos grupos se valían de la situación de los migrantes para despojarlos de sus pocas pertenencias y dinero, los obligaban a mendigar, así como a prostituirse y vender sustancias alucinógenas.
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Desde entonces, las amenazas comenzaron a rondar al funcionario que, luego de un año, asegura no haber recibido respuesta por parte de la Unidad Nacional de Protección frente a su situación.
En diciembre de 2021, Roland Yovanny Maldonado Maldonado, personero de Chitagá, también renunció a su cargo aduciendo fuertes intimidaciones contra su vida y su integridad física.
El funcionario señaló en su momento que fue interceptado por personas desconocidas que portaban armas de fuego y quienes le manifestaron que tenía que retirarse de la Personería.
Comenzando junio de este año, el alcalde de La Playa de Belén, Íder Humberto Álvarez García, anunció el traslado de su despacho a Cúcuta por razones de seguridad, pues venía siendo objeto de intimidaciones, extorsiones e, incluso, de un atentado terrorista por parte de los grupos al margen de la ley.
Llamado de la Defensoría
El defensor regional del Pueblo, Jaime Marthey, lamentó lo sucedido al personero de Pamplona y señaló que no es posible que los funcionarios públicos sigan sin poder ejercer sus tareas con total tranquilidad y mucho menos cuando se trata de la defensa de los derechos humanos.
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“Hacemos un llamado enérgico a la Unidad Nacional de Protección para que le garantice la vida y la integridad a los funcionarios y servidores públicos, y sus familias. No es posible que tengan que salir huyendo de los municipios. ¿Acaso ese es el mensaje que le estamos enviando a la población?, que ni siquiera podemos brindar garantías de seguridad a los servidores públicos más representativos”, dijo.
Marthey aseguró que frente al caso de David Bernal, la Defensoría ya había oficiado a la UNP, al igual que a la Fiscalía, pero que la respuesta era que la petición se encontraba en trámites administrativos.
“Un trámite administrativo no puede estar por encima de la Constitución”, dijo.
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