La lista que refleja la reformitis coyuntural es amplia: desde el conflicto y la protección a las víctimas, pasando por la re-estructuración del Estado, la restitución de tierras, el funcionamiento del nuevo sistema de regalías hasta la justicia y el desarrollo rural y urbano mediante el acceso a la vivienda. Próximamente, los sistemas tributario, pensional, electoral, minero-energético y ambiental, de acuerdo a los pomposos anuncios a los que nos tienen acostumbrados, también esperan modificaciones y debates sobresalientes. Por supuesto que no se puede negar la necesidad que en la mayoría de estos casos, sustentan los cambios y por encima de ello, es de resaltar la oportuna discusión que se generó y le aportó al país en materia de madurez política y conveniencia conceptual. Aun así, la comunicación gubernamental y sus canales de información no han alcanzado satisfactoriamente confianza y seguridad entre los ciudadanos, que aunado al sentimiento de rechazo, reclaman con los argumentos más contundentes.

El acontecimiento más reciente sobre la reforma a la justicia es un episodio que aunque mediáticamente repetido y abordado, sigue mereciendo toda la atención, en tanto representa un precedente importante para lo que viene en las futuras relaciones del ejecutivo con el Congreso. Lo anterior, para sorpresa de pocos, traduce y depende de más reformas.

De todas las que faltan o de las que ya han hecho trámite en el legislativo (incluso las que murieron en el intento como la educativa), tal vez la que mayor interés despierta en el común de los colombianos es la reforma pensional. Y como no, si constituye un paquete de medidas y reglas de juego que involucran directamente el bolsillo de muchos y las esperanzas alargadas de otros para soportarse en la vejez.

Hoy día, en el régimen de prima media, se necesitan 1225 semanas para aspirar a una pensión; teniendo en cuenta que aumenta 25 cada año hasta llegar a 1300 en el 2015; algo así como 25 años de cotización ininterrumpidos; los hombres con 62 años y las mujeres con 57. Claro está, con tendencia a la alza y con un panorama totalmente desequilibrado. De acuerdo a una investigación de El Tiempo, en el ISS, 86 pensionados con una mesada promedio de más de 16 millones de pesos se llevaron cada mes, lo mismo que 2.328 personajes que reciben en promedio, $604,515. Estas proporciones escandalizan a cualquiera y mucho más si podemos recordar el carrusel de pensiones orquestado en el casi desaparecido Consejo Superior de la Judicatura.

Lo peor del asunto es que por ejemplo, al establecimiento parece preocuparle más una pensión familiar recién aprobada y hecha para personas de sisbén 1 y 2, que el mencionado desajuste del órgano administrativo de la rama judicial. Y tanto molesta la ínfima pensión familiar, que al interior del gobierno se sigue estudiando la presentación de objeciones al proyecto de ley.

Con la eventual reforma pensional, la introducción permanente de la novedosa pero perversa figura de los beneficios económicos periódicos y el posible monopolio de los fondos privados haciendo prevalecer el régimen de ahorro individual, el escenario no puede ser más confuso para todos los poderes y su consecuente dinámica para el debate. El ambiente heredado tras el descalabro a la justicia, una vez superado, debe significar lecciones e instrumentos útiles para la agenda que se viene en la legislatura 2012-2013. Completamente inaceptable, será volver a decir o escuchar que en el último minuto plagaron el acto de variaciones subrepticias, que nadie leyó, que nadie se dio cuenta o que ninguno tuvo la responsabilidad para salir después a vanagloriarse con otro hundimiento.    

A pesar de la gestión y de los alcances incuestionablemente significativos del presidente, Colombia no va a ser capaz de aguantar otro orangután del tamaño que ya vimos en materia pensional, y mucho menos va a tragarse el sapo de otro régimen de transición que seguramente nos van a imponer, cargado de incertidumbre, inequidad, improvisación y desesperanza.