En momentos que el alto gobierno ya se dispone a definir quiénes serán los miembros de la Primera Línea que quedarán en libertad para ser gestores de paz, antes del 24 de diciembre, el senador Humberto de la Calle cuestionó ese decisión del presidente Gustavo Petro y consideró que va “por el camino culebrero”.
“La cuestión de la libertad de los integrantes de la Primera Línea ha tenido un efecto más divisivo que la idea misma de la Paz Total. Esto ha ocurrido porque las víctimas de guerrilla y grupos de alto impacto, viven en sitios remotos donde su voz se pierde. En cambio, la Primera Línea afectó de manera severa grandes masas urbanas de clase media que se ubican en el epicentro del país y de la política”, indicó el senador.
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Considera además que hasta el propio presidente de la Corte Suprema dijo que la última palabra la tuvieran jueces y fiscales. “El gobierno corre riesgo si precipita una solución frágil. Desoír a las cortes en esta materia puede ser la semilla de futuros choques de trenes y puede desatar procesos de mayor polarización. Esa aguda división ha conducido a que la opinión se haya ido a los extremos”, sostuvo.
Plantea además que “algunos voceros del gobierno, además, en defensa de la intención de concederles la libertad, llegaron a utilizar un argumento inaceptable: que el gobierno debía enmendar la injusticia de los jueces. Con razón, esta expresión fue rechazada por el Presidente del Tribunal de Bogotá. Una cosa es que las otras ramas puedan incidir en decisiones judiciales por razones de conveniencia o perdón (indulto por ejemplo) y otra es permitir que el ejecutivo “enmiende” supuestos errores que, de existir, solo corresponde a la propia justicia enderezar. Si prosperara esa tesis sería la negación del estado de derecho”.
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Para De la Calle, en lo jurídico, lo que ha presentado el gobierno tiene serias debilidades, “la figura de los gestores de paz está consagrada en la Ley 975 de 2005. En cambio, los voceros, que pueden provenir de la sociedad civil, corresponden a la Ley 2272 de 2022 (Ley de Orden Público). Hasta podría admitirse que se asimilen, como lo han hecho tanto el gobierno como los medios, si no fuera porque su régimen es diferente. Los gestores han contribuido a un proceso de paz y, en todo caso, hacen parte de grupos armados organizados. No es el caso de la Primera Línea. Y si se aplica la noción de Voceros, solo se podrían suspender las órdenes de captura, no hay autorización para suspender las medidas de aseguramiento ni suspender la ejecución de las penas. Y que ahora no se diga que es una actitud leguleya”.
Considera además que tiene que hacerse solo por excepción justificada y mediante procedimientos impecables. “El decreto 2422 que crea la Comisión Intersectorial no resuelve aún los temas de fondo. Es un primer paso, una puesta en escena. Así pues, El gobierno tiene al frente un camino tortuoso. Se deben establecer diferencias sí, como lo creo, los jóvenes manifestantes que cometieron infracciones menos graves deberían recobrar su libertad mediante sanciones alternativas que impliquen tareas sociales de reparación y no repetición. No así los torturadores ni los que incurrieron en abusos incalificables”.
Finalmente considera que se debe presentar una ley específica, transparente, que a diferencia de la que se pretender aplicar, no exija buscar vericuetos dudosos. “Allí habría espacio para buscar medidas menos gravosas que brinden oportunidad a jóvenes que actuaron de manera irreflexiva, en medio de la confrontación y, al mismo tiempo, mantener las decisiones judiciales para delitos extremos. La tradición ha sido esa. Con distintas consecuencias y bajo nombres diversos, se han rechazado siempre los actos de ferocidad y barbarie”.
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