A sanción presidencial pasó el polémico proyecto de Seguridad Ciudadana que tras ser aprobado en el Congreso es apoyado por el Gobierno y una parte de la bancada, pero es cuestionado por la oposición y varios detractores.
El presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, del Partido Conservador, dio a conocer que se realizaron los debates correspondientes, tanto en Cámara como en Senado, así como la discusión del articulado para la aprobación de este proyecto de ley con mensaje de urgencia, y comentó a su vez que esta iniciativa “trae las herramientas de carácter administrativo, de carácter penal y judicial para garantizar la seguridad ciudadana en el territorio colombiano”.
La ley de seguridad ciudadana tiene por objeto el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, por medio de la inclusión de reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y al Código de Extinción de Dominio; de igual forma Regula las armas, elementos y dispositivos menos letales, y la sostenibilidad del Registro Nacional de Identificación Balística, así́ como se dictan otras disposiciones.
El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, afirmó que “la oposición el día de ayer dejó claro que no iba a participar en la votación del proyecto de la llamada seguridad ciudadana y hoy queremos reiterar que no vamos a votar la conciliación elaborada con relación a esta iniciativa, por razones que hemos expuesto ampliamente, y vamos a proceder a realizar una acción ante la Corte Constitucional para demostrar que la ley que se está aprobando viola de manera abierta y flagrante no solamente la Constitución, sino también derechos esenciales consagrados en la misma”.
Por su parte, el senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, comentó que los agentes de tránsito deben ser personas preparadas, de planta, y en el artículo 56 se autoriza cambiarlos por contratistas, para manejar los tránsitos municipales: “Están privatizando el tránsito municipal”, ratificó. En esta misma línea, el senador Alexander López, del Polo Democrático, explicó que “lo que se hace con este proyecto es desconocer la ley 1310 de 2011, esos derechos de estos funcionarios; se pone en riesgo la estabilidad laboral de estos servidores, y conlleva a la privatización de un servicio público como la regulación de tránsito en el país”.
De otro lado, en su explicación, el senador ponente de la comisión accidental, Germán Varón, de Cambio Radical, afirmó que se acogieron 14 artículos en Cámara; los demás, corresponden a aquellos que están redactados de la misma manera o a aquellos cuya redacción quedó como fue escrita por parte del Senado.