Después de que a la bancada de Gobierno se le hundió en el Senado –por ausentismo de sus congresistas– una de las iniciativas para eliminar la obligatoriedad del servicio militar en Colombia, el Gobierno de Gustavo Petro sacó su as bajo la manga para evitar que esta propuesta se queme en su paso por el Congreso, y a falta de una salida para lograr ese propósito, se conoció que el oficialismo contempla tres.

Para tratar de resolver ese impase en el Senado, ocasionado por la ausencia de senadores como Roy Barreras y María José Pizarro, la bancada legislativa del Gobierno recurrió a sus fichas en la Cámara de Representantes y 24 horas después hicieron una jugada: incluyeron –y aprobaron– en el proyecto de ley de paz total el artículo que permite el servicio social para la paz en lugar del servicio militar.

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Este debate se da en medio de revelación de datos de la Defensoría del Pueblo que apuntan a que de los jóvenes que prestaron servicio entre los años 2008 y 2012 el 10,28 % pertenece al estrato 0, el 16,82 % al estrato 1, el 55,03 % al estrato 2 y el 17,11 % al estrato 3. Además, esta es una actividad que se ha mantenido habilitada, pues la última jornada de reclutamiento que desplegó el Ejército fue en septiembre.

Aunque el salvavidas funcionó, no se aseguró nada, pues aunque la propuesta pasó en limpio por la Cámara el martes –con 138 votos en contra y tan solo 19 a favor de su eliminación–, todavía está pendiente la conciliación del texto con el Senado y en ese trámite se podría hundir. Ante esa incertidumbre, el Gobierno estudia una serie de salidas y de no recibir respaldo suficiente en el Congreso, podría optar por implementar la medida mediante un decreto. Estos son los tres caminos.

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La ‘paz total’ sin servicio militar impuesto

La principal apuesta que tiene el Gobierno Nacional es el proyecto de ‘paz total’, en el que se incluyó el martes pasado la alternativa de servicio social para la paz. Esta propuesta establece que los remisos podrían optar por esa alternativa que tendrían que cumplir por un periodo de 12 meses y que sería remunerada al igual que el servicio militar.

Según el proyecto, serían seis opciones para los remisos entre las que están servicio social para promover la alfabetización digital; servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto; servicio social para promover la política pública de paz; y servicio social para la refrendación y cumplimiento de acuerdos de paz.

Contra esta iniciativa levantaron la voz desde la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore), cuyo presidente, el coronel (r) John Marulanda, cuestionó que se “estaría descontando casi el 30% del pie de fuerza del Ejército Nacional, en unas circunstancias del país muy violentas y complicadas en seguridad”.

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Reforma para suprimir obligatoriedad

El plan b que el oficialismo contempla es una reforma constitucional que impulsó el senador independiente Humberto de la Calle, quien planteó que se debería eliminar de la Constitución el servicio militar obligatorio y limitarlo únicamente cuando el país se encuentre en estado de guerra exterior o estado de conmoción interior.

Entre sus argumentos, De la Calle destacó que las cifras de la Defensoría que apuntan a que de los reclutados el 10,28 % pertenece al estrato 0, el 16,82 % al estrato 1, el 55,03 % al estrato 2 y el 17,11 % al estrato 3, por lo que señaló que la prestación del servicio militar es una medida desigual.

“Se construirá esperanza para un país que aprueba pasar de un servicio militar obligatorio a una decisión de los colombianos”, dijo De la Calle.

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Se emitiría un decreto como alternativa

La última y menos demorada opción que está barajando el Gobierno es la de reglamentar vía decreto el ‘servicio social para la paz’ como alternativa legal al servicio militar, sin necesidad de eliminar su obligatoriedad de la Constitución.

De acuerdo a Juan Fernando Velasco, consejero para las regiones, el Gobierno podría recurrir a este decreto para hacer que se incorpore al servicio militar un componente social orientado a la protección de los derechos humanos.

“No nos desgastemos, ya existe la norma. El Ministerio de Defensa debe emitir un decreto que reglamente el tema. Lo que se necesita es la reglamentación”, señaló Velasco.

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