Los nortesantandereanos y colombianos tenemos derecho a conocer la verdad de lo ocurrido en el conflicto armado en el Catatumbo. Para entender y esclarecer esa verdad, la sociedad debe hacerse varias preguntas difíciles: ¿Por qué persiste el conflicto? ¿Qué intereses hay en que persista: son ideológicos, económicos, militares, geopolíticos u otros? ¿Quiénes son los más beneficiados con las dinámicas del conflicto de la zona: los narcotraficantes, los grupos armados, empresas legales, líderes políticos? ¿Los beneficios del conflicto llegan hasta Cúcuta, hasta Bogotá, pasan la frontera o hasta dónde más alcanzan? ¿Quiénes son los afectados?
Algunas de estas preguntas son las que intenta plantear y resolver la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que le ha dado una atención particular al Catatumbo, mediante el proceso de Diálogo Social para la No Continuidad y la No Repetición del conflicto, alianzas con artistas, organizaciones sociales, medios comunitarios y, especialmente, una profunda recopilación de testimonios e investigación de diversas fuentes de información.
Los habitantes del Catatumbo transitan en la paradoja de pertenecer a un territorio con una vasta riqueza natural, pero de la que no se han beneficiado plenamente. Esta contradicción ha marcado la historia de una región que, además de ser abundante en tierras fértiles, hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua, es un enclave importante por su posición geográfica gracias a la frontera que comparte con Venezuela.
Además de resolver las preguntas sobre lo ocurrido, los episodios y causas de la violencia, la Comisión de la Verdad ha encontrado y resaltado el rol de las comunidades y organizaciones sociales que han trabajado para mantener y reconstruir el tejido social roto por el conflicto armado.
Los factores de persistencia
“En el Catatumbo nosotros no tenemos vías, lo que nosotros producimos nos lo comemos aquí mismo porque no tenemos a dónde llevar las cosechas para vender”. Este es el testimonio de don Eduardo*, presidente de una asociación productiva, quien, igual que muchos campesinos de la región, reclaman la falta de construcción de vías que beneficiaría el transporte de todas las cosechas que la tierra fértil del Catatumbo produce.
Para la población de la zona y para diversos sectores políticos, empresariales y organizaciones sociales, entre otros, la escasa presencia estatal que por décadas ha padecido el Catatumbo, específicamente en lo que tiene que ver con salud, educación, seguridad e inversión social, es una de las causas y de los factores de persistencia del conflicto armado. “La presencia del Estado en cuestiones básicas ha sido muy débil, por el contrario la presencia militar es muy fuerte, pero la gente no siente que están para defenderlos, más bien creen que está orientada a la defensa de ciertos intereses económicos nacionales o trasnacionales”, afirmó el comisionado de la verdad Saúl Franco.
“Hoy el Catatumbo está peor que antes de los Acuerdos de Paz, en los puestos de salud, caminos, suministro de alimentos y condiciones de vivienda”, dijo Saúl Franco, comisionado de la verdad.
Desde hace décadas, la gente del Catatumbo ha hecho todo lo posible para reivindicar sus derechos. Uno de esos momentos fue el Paro del Nororiente en 1987, cuando las comunidades de la región se unieron para exigirle al Gobierno que respondiera a sus necesidades. Las mismas comunidades explican que en treinta años casi nada se cumplió.
Diputados y representantes de varias entidades públicas estuvieron de acuerdo en decir que “muchas veces hacemos los proyectos por separado y eso no ha permitido que se visualice la verdadera situación de lo que sucede. Además, la verdad es que crear expectativas y no cumplirlas es lo que nos ha hecho perder mucha credibilidad como institución”.
El narcotráfico se está atacando desde el eslabón más débil que es el cultivador, a quien se le acusa y persigue; no se ataca a quienes llevan los insumos y suministros para la transformación de la mata. “No se entiende cómo en un territorio militarizado no puedan observar o atacar eso que está sucediendo en todo el territorio”, dijo uno de los líderes del Catatumbo.
La economía de La coca
La hoja de coca llegó a la región a finales de los años ochenta, pero tuvo su momento de apogeo a partir de los noventa, cuando empezó a expandirse por los municipios. La economía de la coca trajo un alto flujo de dinero y, con ello, la presencia de colonizadores de todo el país. Ante las difíciles condiciones económicas que vivía la población, este cultivo tuvo buena acogida entre los campesinos por las facilidades en la producción y comercialización, pero sobre todo porque los ingresos económicos eran mucho más competitivos que los de los cultivos del pancoger.
Sin embargo, detrás de esa “prosperidad”, también llegaron los grupos armados ilegales. Las guerrillas, los paramilitares y las bandas criminales han sostenido estas lógicas de las economías ilegales, pues para ellos la coca siempre ha sido una fuente importante de ingresos. Durante el boom del cultivo, las FARC tenían el control, hasta el ingreso de los ‘paras’ en 1999, que precisamente llegaron al Catatumbo a hacerse del control del cultivo.
Esa intervención tuvo consecuencias graves para los habitantes de la región, que quedaron en medio de las disputas entre grupos armados y una masiva represión, fueron víctimas de masacres, desapariciones, desplazamientos y el centro de un control que trascendía al de la tierra.
Esto se sumó a la disputa por el uso y la tenencia de la tierra, que venía desde años atrás y que se ha convertido en uno de los principales factores de persistencia de la violencia en el departamento. “Si el campesino tiene una finca y no quiere cultivar coca le dicen: “cultiva o se muere”, “me vende o se muere”. “Hoy en día volvimos a tener al campesino esclavizado de unos personajes que no dejan que el campesino ofrezca la coca sino que se la van a comprar al precio que le imponga.
De hecho mire, las zonas coqueras no están generando riqueza. Entonces, el campesino ha perdido la capacidad de tener un proyecto viable, porque dejaron también de generar sus productos”, contó uno de los campesinos durante los espacios de profundización del Diálogo Social de la Comisión con diversos sectores de la región.
“Para nosotros, los pequeños productores que le apostamos a seguir cultivando nuestro pancoger, el precio para trabajar es muy alto. Por ejemplo, un jornal hoy en día aquí cobra 40.000 o 50.000 pesos el día, porque las finanzas del narcotráfico ponen todo muy caro: el que tiene coca tiene cómo pagar el obrero y un obrero no va a dejar de hacer 50.000 en la coca, por ir a ganarse 25 o 30 mil pesos, que es lo que nosotros podemos ofrecer. Entonces, para cultivar yuca, plátano, arreglar potrero, arreglar cacao, eso a uno no le da para pagar 40 o 50 mil al día, y si uno tiene que pagar con todo y comida, entonces un día le saldría por 70 mil”, contó un agricultor durante el espacio de diálogo de la Comisión de la Verdad con el sector productivo del Catatumbo.
De acuerdo con cifras oficiales de la ONU, en la actualidad en el Catatumbo hay más de 41 mil hectáreas de coca sembrada. Tibú es el municipio con más cultivos, con 16.069 hectáreas cultivadas. Para las organizaciones comunitarias los proyectos de inversión social deben basarse en las verdaderas necesidades del Catatumbo, teniendo en cuenta los sentires y la formas de percibir el territorio.
Para la gran mayoría, estos proyectos son dirigidos desde Bogotá y están basados en un imaginario falso de lo que se requiere para generar progreso en la región. “No se completa el cumplimiento de compromisos, esto lleva a que se fracture la confianza en el Estado, no hay una apuesta de desarrollo integral en el campo lo que hace que nuevamente aumenten los cultivos de uso ilícito”, afirmó la Diócesis de Tibú.
El inclumpliento del gobierno con relación al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos (PNIS) “es muy preocupante, porque quienes ayudaron a adelantar labores de sustitución de cultivos, que por ese trabajo hemos tenido tantos problemas, la población los ha empezado a ver como los culpables de que los campesinos hayan perdido su opción económica del momento. El Estado no cumplió”, explicó uno de los reincorporados que habita en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de la vereda Caño Indio en Tibú.
Las soluciones por parte del Estado a estas reclamaciones llegan a través de la militarización del territorio y la propuesta de volver a las fumigaciones con glifosato, que contaminan las tierras y las fuentes de agua, tan abundantes y ricas en el Catatumbo
Esta tensión también ha conducido a la estigmatización y criminalización del campesinado. El narcotráfico se está atacando desde el eslabón más débil que es el cultivador, a quien se le acusa y persigue; pero, como relataron varios de los representantes de las organizaciones sociales del Catatumbo, no se ataca a quienes llevan los insumos y suministros para la transformación de la mata, tampoco a quienes lavan los activos o inversiones de recursos del narcotráfico en actividades legales. “No se entiende cómo en un territorio militarizado no puedan observar o atacar eso que está sucediendo en todo el territorio”, dijo uno de los líderes.
En estos tiempos de postacuerdo, uno de los principales retos para la no repetición del conflicto armado es que se cumpla realmente lo estipulado en los Acuerdos de Paz y cese la violencia en la región. Los líderes y lideresas sienten que del Acuerdo todo ha quedado en el papel y no se está garantizando la seguridad y el bienestar de los que habitan el Catatumbo.
Dentro del Catatumbo conviven campesinos e indígenas, que han resistido durante más de un siglo a la violencia del conflicto armado en todas sus formas. El pueblo indígena Barí ha enfrentado, desde principio del siglo XX, la violencia que llegó con la exploración petrolera, permitida y fomentada por el Estado, y grupos armados que los persiguieron, desplazaron y asesinaron para sacarlos de sus territorios ancestrales.
Por otra parte, están las comunidades campesinas, que llegaron años más tarde y se convirtieron en víctimas de la débil presencia estatal y las fuertes tensiones y enfrentamientos armados. Desde los años sesenta, líderes y lideresas decidieron crear las Juntas de Acción Comunal, JAC, con el fin de dar solución a todas aquellas problemáticas por las que atravesaba el Catatumbo.
Las JAC se convirtieron en la instancia popular que resolvía las cotidianidades y organizaba las luchas sociales. A finales de los años 70, las guerrillas que hicieron presencia en el territorio, se fortalecieron militarmente y la percepción que habían creado de luchar por el pueblo se fue desmoronando poco a poco. Se centraron en la expansión territorial, confrontaciones con la fuerza pública y la financiación del grupo a través de economías ilegales.
En 1987 las organizaciones campesinas, sindicales y políticas se unieron con el fin de crear un pliego de peticiones para exigir al gobierno de turno que pusiera sus ojos en la región y diera solución a aquellas necesidades que por décadas habían tenido que padecer.
Posteriormente, entre el 7 y el 13 de junio se llevó a cabo la gran movilización conocida como el Paro del Nororiente, en el que participaron más de treinta mil habitantes de los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Santander, Cesar y Sur de Bolívar, quienes exigieron al Estado colombiano mayor inversión social y el cumplimiento total del pliego de peticiones creados por la misma comunidad. Para la misma época, pero especialmente para inicios de la década del noventa, los paramilitares masacraron a la población como estrategia más generalizada para causar terror y controlar el territorio.
Esta estrategia, sumado a las constantes amenazas de muerte y desapariciones generó en los habitantes desplazamientos masivos y despojo de sus tierras. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1999 y 2006 se desplazaron del Catatumbo 99.074 personas, lo que indica que, en el periodo de presencia paramilitar, más del 50 por ciento del total de la población en el Catatumbo tuvo que abandonar su territorio.
Según el Registro Único de Víctimas, RUV, desde 1985 hasta finales de 2019 se han declarado como víctimas del conflicto armado 246.221 personas en el departamento de Norte de Santander. Desde 2018, el conflicto armado se ha recrudecido por la constante confrontación entre el ELN y el EPL. Para marzo de ese año, la ONU registró que más de 16.215 personas fueron desplazadas por los combates. Este informe también muestra que entre 2016 y 2018 en Norte de Santander, principalmente en el Catatumbo, se presentaron los casos más altos de desplazamiento, reclutamiento, y asesinatos con un total de 46.6000 personas afectadas.
Tal cual lo afirma una lideresa de Hacarí, la comunidad se sigue organizando a través de las Juntas de Acción Comunal para intentar proteger a sus habitantes y mitigar el daño. “En Hacarí hace dos años se inició un conflicto interno entre estos dos grupos insurgentes, lo que originó desplazamientos internos y homicidios. Intentamos, a través de las Juntas, avocar los diferentes procesos sociales que hacen presencia en el territorio”.
“El desarrollo de esta región lo va a traer el campesino”, asegura uno de los pequeños productores que trabaja en el Catatumbo. Esa confianza en la agricultura, en el valor que le dan a los frutos de una tierra con enorme riqueza como la de la región, ha impulsado a muchos campesinos a persistir en sus proyectos productivos.
A pesar de las dificultades en la comercialización de sus cosechas, el alto, medio y bajo Catatumbo sigue adornándose con los cultivos de pancoger, de frutas, de verduras, de cacao, entre muchos otros productos a los que cooperativas y asociaciones de cultivadores, agricultores, campesinos y pequeños productores le siguen apostando como proyecto de vida.
Por otra parte, los artistas de la región han desarrollado procesos de resistencia que acogen, especialmente, a la población más joven. Justamente, uno de los principales desafíos del arte en el Catatumbo es lograr que más jóvenes quieran sumarse, debido a que las lógicas del conflicto los ponen en situaciones de vulnerabilidad a través del reclutamiento, actividades ilícitas y pobreza. Otra problemática que sigue latente es la falta de inversión para las iniciativas artísticas y los pocos espacios que se generan para crear y difundir el arte y socializarlo.
A pesar de la difícil situación por la que atraviesan los líderes y lideresas del Catatumbo, ellos no pierden la esperanza y siguen trabajando por mejorar la calidad de vida de su comunidad y proteger su territorio. ”Catatumbo es nuestra casa, acá hemos hecho nuestro proyecto de vida. Nos imaginamos un Catatumbo en paz y sabemos que ese propósito lo vamos a cumplir. Creemos que el diálogo es la ruta para la reconciliación. Nosotros seguiremos resistiendo desde el cabildeo político para dar a conocer hacia fuera quienes somos”, dijo Juan Carlos Quintero, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).
Uno de los principales desafíos del arte en el Catatumbo es lograr que más jóvenes quieran sumarse, debido a que las lógicas del conflicto los ponen en situaciones de vulnerabilidad a través del reclutamiento, actividades ilícitas y pobreza.
Los mínimos humanitarios, para defender a la pobLación civil
La Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo, integrada por organizaciones de la sociedad civil, acompañantes internacionales como los gobiernos de Noruega y Cuba, instituciones públicas como la Gobernación y las comunidades viene impulsado el Acuerdo Humanitario y los Mínimos Humanitarios del Catatumbo, que son siete mínimos propuestos con el objetivo de que se aplique el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y se respeten los derechos humanos de las comunidades que están quedando en medio del fuego cruzado.
La Comisión de la Verdad acompaña el trabajo de la Mesa. “Este es un acuerdo histórico. Es la primera vez que se hace un esfuerzo serio por encuadrar el conflicto dentro de un respeto a la población civil inocente.
El derecho humanitario se aplica durante la guerra, los derechos humanos se aplican en la paz; si eso se consiguiera, avanzaríamos leguas en el camino de humanizar el conflicto que hoy en día se vive en el Catatumbo, que es como un espejo de lo que se vive a nivel nacional”, explicó el expresidente Ernesto Samper Pizano, quien lidera la Corporación Vivamos Humanos, una de las principales impulsoras de los Mínimos, del Acuerdo Humanitario y de la Mesa Humanitaria.
El principal objetivo es trazar una hoja de ruta conjunta a corto, mediano y largo plazo, con el fin de evitar que el Catatumbo se convierta nuevamente en un foco del conflicto armado en Colombia y pretender la humanización de la guerra, tras la desmovilización de la antigua guerrilla de las Farc y la presencia de grupos armados legales e ilegales en la zona.
Con los siete mínimos humanitarios, la sociedad civil busca comprometer a los actores armados legales e ilegales, es decir al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la Fuerza Pública y grupos armados organizados como Los Pelusos, Rastrojos y otros, para proteger a la población civil y a los territorios.
“Entre los años 2015 y 2017, con los impactos que generó el cese al fuego de las FARC, los ceses bilaterales con el gobierno, la posterior dejación de armas y los ceses unilaterales decretados por el ELN, generaron un clima y un ambiente de tranquilidad muy importante en el territorio. También hubo una actitud muy diferente a la de años anteriores de la Fuerza Pública en la que, si uno revisa, los escenarios de vulneración a los derechos humanos a las poblaciones campesinas e indígenas del territorio que involucraron a miembros de la Fuerza Pública, pues eran bastante bajos los índices”, explica Juan Carlos Quintero, directivo de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat).
“El derecho humanitario se aplica durante la guerra, los ddhh se aplican en la paz; si eso se consiguiera avanzaríamos leguas en el camino de humanizar el conflicto que hoy en día se vive en el Catatumbo, que es como un espejo de lo que se vive a nivel nacional”, dijo el expresidente Ernesto Samper.
