La próxima semana será sometido a votación el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2023 y desde ya los 16 representantes de las curules de paz anunciaron que se abstendrían de votarlo, si el Gobierno Nacional no mejora las condiciones para garantizar la indemnización de las víctimas del conflicto armado.
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El malestar de los congresistas que representan aquellas regiones más golpeadas por el accionar de los violentos radica en que el presupuesto que se discute actualmente no tuvo ninguna variación en la partida asignada para las víctimas el año pasado, y tampoco en relación con la que propuso el expresidente Iván Duque en el proyecto presentado en julio.
“Bajo el deber de representar los intereses de las víctimas, no podríamos explicarles cómo el presupuesto que se destina para ellos es igual al del gobierno anterior, si estamos en un gobierno distinto que se ha comprometido con la paz y con las víctimas”, expresaron los integrantes de la denominada bancada de la paz.
Durante una audiencia pública que organizaron para analizar cómo avanza en Colombia el proceso de indemnización a las víctimas y cómo acelerarlo después de 10 años de entrada en vigencia de la Ley 1448 o Ley de Víctimas, los representantes fueron enfáticos en que esperan un verdadero compromiso del presidente Gustavo Petro con este sector de la población.
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En ese sentido, expresaron que la propuesta es que el presupuesto destinado a las indemnizaciones administrativas, equivalente a $1,2 billones al año, “al menos” se duplique.
“Para que esto sea posible pediremos partidas adicionales en el Presupuesto General de la Nación, en el Presupuesto Bienal de Regalías, al igual que unos $300.000 millones de nuevo recaudo, proveniente de la reforma tributaria”, plantearon los legisladores.
