Por medio del Decreto 759 del 13 de julio de 2021, el Ministerio del Interior acaba de designar a Juan Camilo Restrepo Gómez, alto comisionado para la Paz, como alcalde ad hoc de Cúcuta, para vigilar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en medio del proceso de revocatoria contra el alcalde Jairo Tomás Yáñez Rodríguez.

Restrepo es abogado, oriundo de Medellín, con una especialización en legislación tributaria.  Se ha desempeñado como viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, viceministro de Relaciones Políticas en el Ministerio del Interior, asesor legislativo del Ministerio de Defensa y director del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo (Uniciencia).

Su nombramiento se da luego de que la administración de Yáñez se declarara impedida para vigilar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el proceso de recolección de firmas con las que el comité promotor aspira respaldar la revocatoria, por cuanto la entidad encargada de adelantar esta función, la Secretaría de Salud de Cúcuta, es un organismo subordinado desde la Alcaldía.

El 4 de mayo, el procurador regional de Norte de Santander, Libardo Álvarez García, aceptó el impedimento de Yáñez y elevó una consulta a la Presidencia de la República, con el fin de que, por conducto del Ministerio del Interior, se designara un funcionario ad hoc en Cúcuta.

Según el Decreto 759, la designación de Restrepo Gómez se da “para ejercer la función de control y vigilancia de los protocolos de bioseguridad que se deben implementar y acatar en el proceso de revocatoria de mandato del alcalde titular del mismo ente territorial”.

Como lo ha contado La Opinión, los procesos de revocatoria en el país se paralizaron desde el pasado 31 de enero, antes de la fase de recolección de firmas, debido a que la Registraduría Nacional le consultó al Ministerio de Salud sobre la viabilidad de adelantar este paso en medio de la pandemia de la COVID-19, respuesta que se obtuvo hasta el pasado 8 de abril.

Después de este paso, la polémica se centró en qué autoridad se encargaría de vigilar que la consecución de firmas se llevara a cabo bajo unos protocolos de bioseguridad, tras la negativa de la administración. La responsabilidad fue asumida entonces por la Presidencia de la República, a través del Ministerio del Interior.

Tras este paso, será la Registraduría Nacional la entidad encargada de entregar los formularios de recolección de firmas a los miembros del comité de revocatoria ‘De que se va, se va, póngale la firma’, que buscan recolectar los 33.017 apoyos ciudadanos válidos que se necesitan para que los ciudadanos sean convocados a las urnas, con el propósito de decidir si aprueban o no la continuidad del gobernante local. 

La revocatoria será aprobada si se pronuncia a su favor la mitad más uno de los ciudadanos que participen en la convocatoria, siempre y cuando el número de votantes no sea inferior al 40% de la votación válida registrada en Cúcuta en 2019, es decir, tendrán que salir a votar al menos 130.565 personas, porque hace dos años se depositaron 326.414 votos válidos en las elecciones locales.

En los otros dos municipios nortesantandereanos en los que se adelantan procesos de revocatoria, Ocaña y San Cayetano, por ahora no se conoce el nombramiento de un funcionario ad hoc para desempeñar la misma función.

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