En esta segunda y última entrega sobre la postura de las campañas que han promovido el ‘Sí’ y el ‘No’ para el plebiscito de mañana, presentamos dos visiones sobre el porqué el acuerdo de paz de La Habana es válido y debería ser refrendado en las urnas.

Una de ellas es la del jurista y académico, Calixto Cortés, dedicado a los asuntos de la ética judicial y profesional de los abogados, quien desde su conocimiento y experiencia, despeja las dudas sobre algunos de los principales aspectos de los acuerdos que han desatado polémica en el país.

El otro invitado es el defensor de Derechos Humanos y director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, quien defiende su postura a favor del ‘Sí’ y explica por qué lo pactado entre el Gobierno y las Farc merece una oportunidad por parte de los colombianos.

¿Con este acuerdo de paz se le está dando un golpe de Estado a la Constitución?

Calixto Cortés (CC): En mi consideración de abogado creo que el acuerdo logrado entre el Gobierno y las Farc, en La Habana, no le está haciendo una grave o significativa alteración a la Constitución Política de Colombia. Se le están haciendo unos ajustes únicamente en materia electoral, muy sectorizados y muy puntualizados, y otros ajustes en la administración de justicia. Sin embargo, estos no alteran la administración de justicia ordinaria o las otras jurisdicciones en Colombia.

Si los acuerdos no son refrendados, ¿cree que las Farc estén dispuestas a renegociar?

Wilfredo Cañizares (WC): No. Las Farc no están dispuestas a renegociar puesto que hubo un esfuerzo inmenso durante más de cuatros años. Hay desgaste al interior de las Farc y también en amplios sectores de la sociedad colombiana y por eso no creo que se arriesguen, por lo menos en el corto plazo, a renegociar. Es posible que si en Colombia se desarrolla un nuevo ciclo de violencia, con las Farc incluidas, en algún momento podrían ellos plantear una nueva negociación. Pero renegociar, tal y como lo están planteando hoy algunos sectores que creen que de manera inmediata ellos se van a sentar a comenzar de nuevo, es un error  y una equivocación muy grande.

¿Es la cárcel un castigo imprescindible para que haya justicia y se repare el daño causado?

CC: La justicia sancionatoria en el área penal ha tenido dos maneras de ser mirada: una la retributiva y otra la restaurativa. En general, la justicia retributiva es vista como una especie de sanción social a quienes infrinjan las leyes penales en el sentido de que, por ejemplo, cuando se le impone una pena grave, como la pena capital, la sociedad se siente retribuida. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se ha venido implantando la pena restaurativa, que básicamente consiste en entender que no necesariamente la cárcel es un instrumento eficaz para que haya una sanción a un infractor de la ley penal. En estos acuerdos de paz, una base fundamental para desarrollar el concepto de la justicia sancionatoria  es la confesión y la voluntad de la persona de decir la verdad.

Bajo su concepto de justicia, ¿las penas contempladas en la Jurisdicción Especial para la Paz son válidas?

CC: El concepto de validez es relativo a la consideración de las personas. En mi consideración, sin que esto implique  ninguna vinculación de mi servicio público, estimo que el diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz, es justo y acorde a los estándares internacionales. Por lo tanto, no se podría decir que va a haber impunidad.

Por las experiencias que ha habido en el mundo en materia de procesos de paz, ¿cree posible que las Farc o cualquier otra guerrilla hubiera aceptado en la negociación ir a la cárcel ocho años o más?

(WC): No. Negociaciones de este tipo, que son políticas, tienen una enorme diferencia con la de las autodefensas, pues las Farc son un grupo armado ilegal que tenía como su centro, como su objetivo, el derrocar al Estado actual, cambiar la sociedad e instaurar un modelo económico y político distinto. Ese alto contenido político de la guerrilla le permite al Estado avanzar en este tipo de negociaciones bajo esa perspectiva.

¿Es prematuro que las Farc, apenas un año después de haber dejado las armas, tengan elegibilidad política?

(WC): Claro que no, al contrario. Lo mejor que podemos hacer es que ellos rápidamente puedan tener las garantías para que se dediquen a la actividad política. El mayor anhelo que tienen los guerrilleros de las Farc, luego de desarmarse, tiene que ver con estar en el trajinar político diario. Lo que tenemos es que facilitar las garantías para que lo hagan rápidamente, porque eso fortalece el proceso de desarme y garantiza la implementación exitosa de lo acordado en La Habana.

¿Está bien o no que el Estado financie el ingreso de las Farc a la política partidista?

(WC): Sí, está bien, porque ahí no está pasando nada raro, ni novedoso. El Estado colombiano financia la actividad política de los partidos tradicionales. Eso está reglamentado y hace parte del marco legal y constitucional de nuestro país. Tenemos que entender que si va a haber un nuevo grupo político, sus integrantes necesitan tener una infraestructura, tener unas sedes, acceso a medios de comunicación, financiar una estructura administrativa y así como el Estado le financia eso a otros partidos tradicionales y de la izquierda democrática, el nuevo partido que surja de las Farc también tiene derecho.

¿Negarles la participación política a los guerrilleros que dejen las armas podría constituirse en un nuevo capítulo de represión?

(WC): Por supuesto. Incluso, más allá de un nuevo capítulo de violencia en contra de las Farc, lo que trae como consecuencia la negación del ejercicio político es el fracaso del proceso de negociación. El pacto de La Habana quedaría liquidado.

¿El ingreso de las Farc a la vida civil y política puede llevar al país a una situación como la de Venezuela o Cuba?

(WC): Creo que no hay ninguna posibilidad. Estos ejemplos no tienen comparación. Por supuesto que partimos del hecho de que las Farc se desarman a cambio de apostarle a una actividad política, pero lo que han demostrado todos estos procesos de desarme y de negociación política con las organizaciones guerrilleras, es que para que una agrupación que estuvo alzada en armas llegue al poder o tenga opción de aspirar por el poder, tiene que esperar entre dos y tres décadas. Ahora, no podemos negarnos que aquí un candidato de izquierda democrática, en el marco de la realidad de nuestro país, pueda tener opciones. Eso está en mano de los ciudadanos.

¿El tratamiento que se les da a las víctimas en el acuerdo de paz para garantizar su derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición es el adecuado?

(WC): Si nosotros queríamos avanzar en solucionar el conflicto con las Farc teníamos que buscar un equilibrio frente al tema de justicia y de víctimas. El acuerdo está bien concebido. Hay un equilibrio ajustado a la realidad. Por supuesto que nada de lo que se haga para favorecer a las víctimas va a superar su dolor y su tragedia; sus miedos y el daño causado, pero tenemos que avanzar, y una parte importante para lograrlo en un proceso de reconciliación, tiene que ver con ser capaces de empoderar esa parte de justicia y reparación. Además, las garantías de no repetición están plasmadas estrictamente con el desarme de las Farc. La garantía para que la gente no vuelva a sufrir hechos de violencia, es que las Farc se desarmen totalmente.

¿Es mejor que el Estado siga combatiendo con las armas a los grupos ilegales, que un proceso de paz imperfecto?

(WC): No. Ya está probado en el mundo que solo las soluciones dialogadas y la búsqueda de soluciones políticas en los conflictos armados, garantizan ponerle fin a las guerras. Cuando una guerra termina por la vía armada hay ganadores y perdedores y las consecuencias para estas sociedades son catastróficas, porque son sociedades divididas, en las que las posibilidades de reconciliación son mínimas, porque los triunfadores imponen sus puntos de vista. El gran efecto positivo para la sociedad cuando se dan procesos de negociación es que rápidamente se pueden iniciar procesos de reconciliación.

¿Por qué votar ‘Sí’?

(WC): Nosotros estamos convencidos de que hay que votar ‘Sí’ porque no entenderíamos cómo a una organización como las Farc, que ha tomado la decisión de desarmarse, de desaparecer como organización guerrillera, le digamos ‘No’. Las Farc son una agrupación guerrillera que tiene una gran capacidad de causar daño, de causar violencia en nuestro país, y si ellos han tomado la decisión de desarmarse, nadie debería negarles la  opción de que le ponga fin a su acción armada.