La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, la primera mujer en presidir esa entidad, estuvo la semana pasada en Cúcuta para participar en las actividades conmemorativas por los 200 años de la Constitución de 1821 y darle un vistazo a los procesos que avanzan en las diferentes delegadas del Ministerio Público en Norte de Santander.

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La funcionaria aprovechó para escuchar también a los veedores ciudadanos y ponerse al tanto de las principales preocupaciones y quejas que tienen los cucuteños frente a los problemas que los aquejan.

La Opinión la entrevistó para conocer cuáles son esas prioridades que tiene la Procuraduría General en este departamento y en dónde tienen la lupa puesta en estos momentos. Sobre las elecciones que se avecinan, los problemas de hacinamiento, inseguridad y otros asuntos de la coyuntura regional habló la representante del ente de control.

Tenemos uno que me llamó la atención, porque la obra está casi lista, solo falta como un 3%, y es el proyecto de Cuatro Vientos. Recibimos un informe de la Contraloría Municipal en el que se habla de posibles inconsistencias en la declaración de urgencia manifiesta y yo ahí tengo dos miradas: una, por lo que pude analizar, es que esta es una obra muy importante para la ciudad y para ese sector, por eso, lo que creo es que no hay que intervenir en el sentido de que se paralice la obra, sino lo contrario, agilizar para que se termine y se le entregue a la ciudadanía. Ahora bien, otra cosa es analizar en su momento, que es en lo que estamos, si evidentemente hubo algún tipo de infracción a un deber funcional por parte del alcalde.

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Pero insisto en que lo quiero mirar desde esos dos puntos, porque siento que solucionar la problemática a más de 10.000 habitantes tiene que ser la prioridad para nosotros, independientemente de si hubo o no alguna irregularidad funcional en la determinación de esa urgencia manifiesta.

Y, ¿cómo avanzan las investigaciones por los atentados cometidos recientemente en Cúcuta contra la Brigada 30 y el helicóptero del presidente?, ¿cuándo habría resultados?

La Dirección de Investigaciones Especiales, que es la que lleva el estudio de este caso, ha venido ya varias veces a hacer procedimientos y a recaudar elementos probatorios y estamos próximos a tomar decisiones y a analizar la posible omisión de autoridades en la ocurrencia de ese siniestro.

¿Omisión por parte de funcionarios de la misma Brigada?

Por ahí va la investigación. El estudio se está haciendo mucho bajo el análisis de la omisión de funcionarios de la misma brigada. Estamos muy cerca de tomar decisiones, es posible que esta semana.

A propósito de la seguridad, usted ha criticado que se hacen muchos consejos de seguridad y las soluciones que pide la gente no se ven, un claro ejemplo de ello es Norte de Santander, ¿qué exigencia se está haciendo desde la Procuraduría al respecto?

Ese es el otro gran tema al que me estoy dedicando. La sensación de inseguridad de la ciudadanía, a pesar de que las cifras parecieran decir otra cosa, está latente en todos, y si hay sensación de inseguridad es porque algo no está funcionando. Todos los entes territoriales tienen la obligación de entregar un Plan Integral de Convivencia y Seguridad (PISCC), pero, ¿dónde están?

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De esos PISCC es de donde parte la articulación del trabajo en cada región frente a la seguridad, pero tiene que haber una estrategia, una organización, de acuerdo con cada situación fáctica. Yo no veo eso. Entonces, muchas reuniones, pero no hay una estrategia en cada ciudad que vaya viendo los avances y moviendo el plan dependiendo de la situación de inseguridad de cada ciudad.

El otro problema es el hacinamiento. Ni las cárceles ni las estaciones de policía dan más con tantos detenidos en Cúcuta, ¿qué propuesta hay para acelerar una solución?

Cúcuta fue incluida en el grupo de ciudades que necesitaba un apoyo para la construcción de un centro penitenciario para los sindicados, que son responsabilidad de los entes territoriales, los condenados son responsabilidad el Inpec. El ministro (de Justicia) dijo que tenían la idea de un proyecto de ampliación de la cárcel, a través de unos modulares y esperamos que eso ayude en algo. Estamos pendientes de que se avance con eso.

Ahora bien, los municipios y el departamento están tratando de hacer convenios con el Inpec y la Uspec para poder entregar los sindicados a los centros penitenciarios que son para condenados,  lo que me preocupa es dónde los van a meter. Aquí la solución es, póngase de acuerdo señor alcalde, gobernador, organícense que para eso el Plan de Desarrollo les permite unirse y fijen qué van a hacer junto con la Uspec.

Ya es hora de que Norte de Santander y Cúcuta saquen los dineros respectivos para hacer los centros penitenciarios adecuados para los sindicados y los centros de reclusión temporal para reemplazar las estaciones de Policía.

¿La Procuraduría es o no partidaria de que se elimine la Ley de Garantías?

Una de las reglas de esta Procuraduría es no dar opiniones personales sobre distintos aspectos que se presentan desde el punto de vista político todos los días, porque la procuradora solo se pronuncia institucionalmente y cuando haya méritos para abrir indagación o investigación dentro de los procesos y no anunciar algo sin tener certezas. Emitir opiniones para polarizar no es lo prudente.  Independientemente de que la Ley de Garantías se elimine o no, mi función es velar porque los dineros públicos sean manejados y no se desvíen para los intereses electorales y ahí vamos a estar: encima, encima, encima.

Estamos a un mes de que inicien las inscripciones para las elecciones al Congreso y la Corte aún no dice nada sobre el Código Electoral, ¿cómo ve la Procuraduría esto?

Nosotros avalamos el proyecto de Código Electoral y estamos de acuerdo con la necesidad de sacarlo antes de que empiecen las elecciones.

Usted dijo hace unos días que las Curules de Paz no deben servir como trampolín político, ¿considera que las Farc o los partidos de izquierda intentarán apropiarse de ellas?

La idea es que estas son 16 curules establecidas en virtud del Acuerdo de Paz para las víctimas y, por lo tanto, esas curules deben estar establecidas en unas zonas específicas. Hay preocupación en el sentido de que en esas zonas, en virtud de ser víctimas y del desplazamiento, esas personas no estén en donde se va a dar el proceso electoral. Entonces, lo que insisto es que tengamos mucho cuidado y como órganos vigilantes de los procesos electorales vamos a estar muy pendientes de que sean las víctimas las favorecidas con esas curules, nadie más. Esas curules no son para ningún interesado, en beneficio de carácter electoral, diferentes a unas víctimas independientes de posiciones políticas.

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¿La Procuraduría está haciendo algún acompañamiento al caso de los asesinatos de mujeres en Tibú?

Sí. Está abierto un caso preventivo. Estamos al lado de los familiares, ayudándolos para que sus voces sean escuchadas, que no se sientan solos.

¿Cuáles son los principales avances en estos nueve meses al frente del Ministerio Público?

Hemos hecho de todo. Poder sacar adelante una ley para salvar de la impunidad al país y evitar que más de 10 mil procesos caducaran o prescribieran es un éxito. Hicimos un completo acompañamiento en el paro, para ayudar a que fuera menos duro para el ciudadano del común; en el inicio de la vacunación estuvimos muy encima para evitar actos de corrupción y ahora estamos trabajando fuertemente para que se garantice el pago a los vacunadores. Estamos trabajando muy fuerte en el tema de salud mental, en el enfoque de género desde la protección a los grupos minoritarios, la trata de personas, la violencia sexual, y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Logramos también que la JEP abriera cuatro macrocasos nuevos de delitos sexuales.

Cambios en la Procuraduría

Hace algunos meses, la Procuraduría hizo cambios en el trámite de los procesos disciplinarios que fueron objeto de cuestionamientos, ¿por qué esa modificación?

Esta es una distribución temporal que nos tocó hacer en tiempo récord porque si no iban a caducar o prescribir más de 10.000 procesos. Antes del primero de julio teníamos que dejar listo un nuevo Código Disciplinario que evitara que eso ocurriera y en eso se ordenó, cumpliendo el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se iba a separar la instrucción de los procesos disciplinarios del juzgamiento, porque la CIDH dice que el que instruye no debe juzgar,  pues ya tiene la mente sesgada y me parece que tiene razón. Eso implicaba entonces que teníamos que ampliar la planta de personal, por cuanto ya no sería uno sino dos funcionarios.

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Aquí, por ejemplo, hay un provincial y hay un regional, pero como el provincial no puede instruir y fallar, necesitábamos disponer de otro provincial para que uno instruyera y el otro fallara. Esa fue la orientación que pusimos en el nuevo Código Disciplinario, además de aprovechar para establecer muchas más garantías dentro de ese Código.

¿Cómo quedó entonces el recorrido de los procesos?

Los provinciales instruyen (avanzan hasta el pliego de cargos o archivo) y el regional juzga en primera instancia. Entre tanto, los procesos que el regional decidía ahora solo los instruye y uno en Bogotá juzga. Es decir, en Bogotá queda la primera y segunda instancia de los casos que le competen a la Regional, y en Bogotá quedaría la segunda instancia de los casos que le competerían a la Provincial, porque la primera instancia sería la Regional.

¿Pero usted dice que esto es temporal?

Sí, es temporal, mientras hacemos la nueva planta de personal que tiene que ser autorizada por el Gobierno y organizamos las funciones para cumplir.

¿Cuántos procesos se adelantan a la fecha en las Procuradurías de Norte de Santander?

Con corte al 23 de septiembre de 2021, la Procuraduría Regional de Norte de Santander tiene un inventario de 339 procesos preventivos, 676 procesos disciplinarios y 9 procesos de Intervención. Este año, la Regional ha dado apertura a 62 indagaciones preliminares, que, sumadas a las que tenía al inicio del año (222), dan un inventario de 284. De la misma forma, este año se ha dado apertura a 76 investigaciones disciplinarias, para un total de 216 con las que había a comienzos de 2021. En la Procuraduría Provincial de Cúcuta, con corte al 9 de septiembre, hay un total de 809 procesos preventivos activos y 949 procesos disciplinarios abiertos.

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