A doce días de la posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de la República, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe en el que advierte un preocupante incremento de la violencia y la vulneración de derechos humanos, con especial énfasis en las zonas de frontera y aquellas con mayor ausencia del Estado.
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En el documento, el organismo internacional dice que en los dos últimos años ha observado con inquietud la expansión de los diversos grupos armados al margen de la ley y organizaciones criminales, lo cual afecta de manera significativa a la población y sus derechos.
En contraste, señalan que, “a pesar de los esfuerzos del Estado, la respuesta predominantemente militar para combatir estos grupos no ha logrado frenar su expansión y la violencia que generan. Además, la debilidad del Estado de Derecho y de alternativas de desarrollo en los territorios afectados por la violencia han exacerbado la grave situación de derechos humanos”.
Esto, en consecuencia, ha hecho que las cifras en materia de homicidios, masacres, desapariciones, desplazamientos, reclutamiento de menores y otros delitos, aumenten de manera progresiva.
Una de esas cifras sobre las cuales llama particularmente la atención la representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada, Juliette de Rivero, es el incremento en el número de masacres ocurridas entre 2016 (año en que se produjo la firma del Acuerdo de Paz con las Farc) y 2021.
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“La Oficina resalta con preocupación el aumento en aproximadamente un 200% en el número de masacres ocurridas entre 2016 y 2021, siendo particularmente afectados los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca”, dice el informe que fue entregado al entrante gobierno, con las respectivas recomendaciones.
La ONU indicó que el año pasado sus delegados en Colombia para los Derechos Humanos recibieron información sobre 100 casos de posibles masacres, de los cuales fueron verificados 78 y dos más siguen en proceso de verificación; los otros 20 fueron considerados “no concluyentes”. Entre las víctimas de esos hechos hubo 35 mujeres, 15 niños y 5 niñas.
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022 ya son 33 las masacres verificadas y 13 más se encuentran en proceso de verificación.
Homicidios de defensores
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó también que hay un incremento de los homicidios de personas defensoras de derechos. Según los casos verificados por ese organismo, entre 2016 y 2021 han sido 562 los hechos confirmados, entre los cuales 64 víctimas eran mujeres.
El año pasado se reportaron 202 casos, pero finalmente solo en 100 se pudo confirmar un vínculo real entre la muerte y su labor en defensa de los derechos humanos. Entre tanto, desde el primero de enero hasta el 30 de junio pasado, la Oficina ha verificado 22 asesinatos de líderes y 67 casos más se encuentran en proceso de verificación.
“Estos homicidios parecen constituir una estrategia para afectar la capacidad de las comunidades y liderazgos para revindicar sus derechos frente al despojo de sus territorios y la violencia”, dice el informe.
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Allí se agrega que en las zonas de frontera como Arauca, Catatumbo y Putumayo los grupos intimidan a los líderes sociales, ejerciendo violencia contra ellos y sus comunidades.
Control social por parte de los grupos armados
La ONU se refirió también a la situación que se registra desde hace algunos meses en municipios del Catatumbo, en donde la disidencia del Frente 33 de las Farc ha impuesto sus propias formas de control social entre la población y ha desafiado la institucionalidad.
“Durante 2021, en el municipio de Tibú (Norte de Santander), los grupos armados no estatales consolidaron su control, permitiéndoles el manejo de las rentas ilegales y corredores estratégicos, y al mismo tiempo realizar constantes ataques a la Fuerza Pública. Desde el 2021, la Oficina ha observado tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas señaladas como delincuentes comunes (jóvenes y migrantes) por parte de un grupo armado no estatal”, dice el informe sobre violencia territorial en Colombia.
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En el documento se advierte al nuevo Gobierno que es evidente la presión desmedida de los grupos al margen de la ley por imponer sus lógicas de control en municipios de departamentos como Arauca, Bolívar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Magdalena, Putumayo y Sucre.
“Las comunidades y sus líderes resisten a la presión y la violencia de los grupos para proteger su territorio, su vida, el medio ambiente y su cultura. Sin embargo, los grupos armados no estatales y organizaciones criminales son responsables de masacres, homicidios, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y extorsión de la población, impactando en la capacidad de la comunidad de ejercer y disfrutar plenamente sus derechos”, advierten.
Ante este panorama, concluyen que es necesario revisar la estrategia del Estado para enfrentar a estos grupos y organizaciones, y para proteger a las poblaciones afectadas de tal forma que se pueda garantizar el disfrute y el ejercicio de sus derechos.
Otras cifras que alerta el informe
- En 2021, la Oficina recibió alegaciones sobre 51 casos de reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes. Se documentaron además ocho asesinatos y tres casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (dos de ellas niñas reclutadas).
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-En 2021 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas registró 98 casos de vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados.
- Durante el 2021, en Norte de Santander, la Oficina documentó al menos 13 hechos de violencia y temor relacionados con la instalación de artefactos explosivos.
En 2021, OCHA reportó incrementos en los desplazamientos provocados por la violencia y en el número de confinamientos o restricciones a la movilidad de la población causadas por grupos armados no estatales y organizaciones criminales.
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