Una de las demandas más cuantiosas contra la nación acaba de ser admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Se trata de la acción de grupo instaurada por el abogado nortesantandereano Guber Alfonso Zapata Escalante y busca la reparación a los daños y afectaciones causadas a guardianes, empleados y reclusos del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) y sus familiares, que resultaron contagiados por la pandemia del COVID-19 en todo el país.
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Esta demanda – contenida en 101 páginas – reclama el pago o indemnización de los accionantes por una cuantía de 3, 17 billones de pesos, lo que la convierte en una de las pretensiones más cuantiosas contra la nación.
Billonaria demanda (II)
Según la demanda billonaria contra el Inpec por la implacable acción de la COVID-19, la nación tiene que indemnizar y responder por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados a 1.620 reclusos, guardianes, sus familiares y el personal administrativo de todas las cárceles, tanto de mujeres como de hombres, controladas y custodiadas por el Inpec.
Estos daños, sostiene la demanda, equivalen a 3 millones 500 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes. Son 14.500 personas, entre esposas o esposos, compañeros o compañeras permanentes, hijos, padres, hermanos, abuelos y demás víctimas indirectas en centro carcelario que han muerto o resultados infectadas, a partir del 10 de abril de 2020. El abogado suplente en esta demanda es otro profesional nortesantandereano, el doctor Álvaro Eloy Ayala Pérez. Seguiremos informando…
Procesos contra la Nación
A propósito, las demandas contra el Estado colombiano por los motivos o razones más disímiles suman 424 billones de pesos. Esta cifra corresponde al año 2020. En 2019, los procesos judiciales fueron tasados en 427 billones de pesos. El jefe de la Agencia de Defensa Jurídica, Camilo Gómez, entregó un informe en el que señaló que los procesos judiciales locales representan $398 billones, por cuenta de 399.048 procesos. Mientras que hay 17 procesos por controversias internacionales, las que suman más de $21 billones.
Las más demandadas
Las entidades más demandadas en Colombia son: Colpensiones (120.164); el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (93.162) y la Fiscalía General de la Nación (26.922). Respecto a las controversias internacionales, empresas como Glencore, Gas Natural Fenosa y América Móvil se encuentran en una etapa arbitral. También figuran otras empresas de renombre como: Neustar, Uber o Telefónica. La demanda de Eco Oro por supuesta violación del TLC con Canadá, en relación con la explotación minera en el páramo de Santurbán; la de Telefónica y Glencore también están en el paquete de 16 litigios internacionales.
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El ‘tatequieto’a las OPS
Ya era hora de que se le pusiera su merecido ‘tatequieto’ al relajo de la contratación por Órdenes de Prestación de Servicios, las famosas OPS. En este caso, la decisión ha sido del Consejo de Estado. Pero por lo que hemos visto y vemos todos los días, poco o nada nos garantiza que el problema termina. No hay que olvidar que en este país, “hecha la ley, hecha la trampa”. Aparentemente se toman y diseñan todas las medidas, talanqueras, obstáculos y controles, pero siempre hay alguien que se salta la ‘Tapia’. También hay que recordar que desde hace mucho rato en nuestra zona de frontera se contrata con empresas de fachada o cooperativas, cuyos verdaderos dueños son políticos y personajes de la región.
Salud y educación
Una rápida averiguación en dependencias públicas de Cúcuta y la región nos permite establecer que en los sectores de la educación, la salud y la infraestructura son donde más se recurre a la contratación laboral a través de las OPS. Quizá porque son los más favorecidos con los recursos de las transferencias y las regalías. Esta situación también se hizo más notoria en los últimos meses por las emergencias y calamidades que nos trajo la pandemia del coronavirus.
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