En un candente debate, los concejales de Ocaña autorizaron al alcalde Samir Fernando Casadiego Sanjuán a que inicie el proceso para la licitación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el municipio.
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Con once votos a favor y cuatro en contra fue aprobado el proyecto de acuerdo para entregar facultades especiales al mandatario municipal, en cumplimiento de un fallo emitido en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander.
El estrado judicial superior ordenó al municipio de Ocaña a retomar los activos de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, ESPO S.A. y convocar a una licitación pública para la escogencia del nuevo operador.
Los concejales que votaron sí, fueron Ciro Sánchez Pinzón, Francisco Alfredo Álvarez, Iván Manzano y Jhan Vergel Sánchez del Partido Conservador; Jaime Mogollón de Cambio Radical; John Suárez del Centro Democrático; Juan Calos Ibáñez del Partido Verde; Elio Ignacio Barrera y José Luis Pérez del partido AICO; Deiby Alberto Arias Quintero, de la U y John Arenas de Colombia Renaciente.
Se opusieron a la concesión Emerson Rueda, de Cambio Radical; Mario Castellanos Chinchilla, del Partido Verde; Cristian Jiménez Arévalo, de ASI y Evelio Rangel, del Centro Democrático.
Los opositores anunciaron acciones para lograr la nulidad del acuerdo por irregularidades cometidas al nombrar la comisión accidental y también un referéndum derogatorio de la disposición.
Este miércoles se analizará las facultades para hacer un empréstito por la suma de 8 mil 500 millones de pesos para la adecuación de la malla vial en la ciudad.
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Los miembros de la corporación revisarán la capacidad de endeudamiento de la administración municipal ya que el pasivo contingente es bastante alto.
Comité cívico dará la pelea
Integrantes del Comité Cívico por el rescate del acueducto de Ocaña rechazó las facultades otorgadas al alcalde para entregar en concesión el servicio de agua potable
“Lamentamos la incoherencia de los 11 concejales que durante las sesiones del mes de mayo manifestaron públicamente que se realizaría el cabildo abierto por el agua, antes de aprobar el acuerdo sobre la concesión, pero olvidaron su palabra empeñada despreciando despóticamente la realización del mismo”, indican a través de un comunicado.
Censuraron el comportamiento del alcalde de Ocaña, quien ha cambiado de postura por lo menos 5 veces durante el trámite del acuerdo en el Concejo. “Comenzó promoviendo públicamente que no estaba interesado en concesionar el acueducto, pero terminó haciéndolo sin ningún pudor ante la ciudadanía que juró proteger. Lo que constituye una vergüenza para la opinión pública”, recalcan. Afirman que las ambiciones personales del mandatario y los concejales de Ocaña han abierto las puertas a la pérdida del último patrimonio que le quedaba a la ciudad, el cual ha venido siendo desvalijado por las últimas administraciones.
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Convocaron a todas las fuerzas vivas de la ciudad a promover el referendo derogatorio de las facultades de la concesión, una vez el acuerdo sea sancionado y publicado por el alcalde. Como un mecanismo constitucional y democrático que frene no solo la concesión del agua, sino que se convierta en un plebiscito de opinión contra la corrupción en la política local.
En manos de los abogados
El gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, Espo S.A. ingeniero Jesús Alfredo Contreras Mejía, manifiesta que esos aspectos jurídicos no afectarán la operatividad de la misma y deja en manos de los abogados para que esgriman los respectivos argumentos.
“Debe existir tranquilidad entre los accionistas, empleados y usuarios ya que se garantizará un servicio eficiente, continuo y de calidad”, agregó.
Los asesores de la empresa serán los encargados de emprender las acciones pertinentes para defender ese patrimonio, reiteró.
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Recuerda los antecedentes del alcalde encargado Wilmar Bayona Ibáñez que fue a parar a la cárcel por cometer irregularidades durante el procedimiento. Asimismo, la administración municipal deberá pagar una cifra cercana a los 20 mil millones de pesos por reparación directa debido a los daños causados cuando fue contratada otra empresa de la costa norte colombiana durante tres meses en reemplazo de la Espo en el año 2019.
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