Malestar entre abogados, usuarios y voceros cívicos de la región ha generado el retraso en los trabajos de remodelación del Palacio de Justicia de Ocaña.

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El presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Judiciales,   Miguel Roberto Moros Muñoz, puso en conocimiento ante el representante de los empleados de la Comisión Interinstitucional de la rama judicial, Luis Fernando Otálvaro, la demora en los trabajos que cumplen tres años y que desde diciembre de 2021 están paralizados.
 
Explicó que ante el reforzamiento estructural por unas fallas registradas, todo el personal y los archivos se encuentran disgregados en varios edificios lo que dificulta los procesos en la administración de justicia en la Ciudad de Los Caro.
 
“Se registra incomodidad en esos sitios, los archivos reposan en otros lugares y la gente en muchas ocasiones está desorientada porque se restringe el acceso. Además, da la impresión de abandono como si fuera un elefante blanco”, recalcó el sindicalista.

En coincidencia con lo expuesto por Asonal Judicial,  Raúl Amaya Álvarez, pensionado de la rama de justicia, consideró que la administración está errante y los expedientes de los juzgados, 16 en total, van de local en local por los que se pagan altos arrendamientos.

“Las obras están paralizadas hace un año y de acuerdo con los expertos, los problemas estructurales son insalvables”, agregó el exfuncionario.

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Aseguró que desde la adquisición del inmueble, por allá en la década de los años 80, se sabía de esas fallas que en su concepto se buscan  minimizar extendiendo los procedimientos mediante la modalidad  virtual que se puso en marcha desde que estalló la pandemia del coronavirus. 
 

Inconsistencias 
 

Trascendió a este medio que de acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República se detectaron inconsistencias con los diseños trazados y las obras ejecutadas por un monto que supera los 2.500 millones de pesos. 

En medio de la polémica desatada, se anunció para el nuevo año una segunda fase para la terminación y adecuación del edificio con el propósito de reunir bajo un solo techo al sector judicial ocañero. 

Con ese propósito se contempla la distribución interna de las oficinas, instalación de redes hidrosanitarias y el sistema eléctrico del edificio que lo identifica como Palacio de Justicia por el letrero que se encuentra en su fachada.

Profesionales del Derecho consultados revelaron que esas obras se pueden extender hasta el año 2025 debido a las fallas en los cálculos estructurales, al afirmar que no se tuvieron en cuenta las cargas pesadas con el aumento de flujo de visitantes, empleados, estantes, archivos, papelería y muebles que deben soportar los cimientos del edificio.
 
Asimismo, añadieron, no reúne las condiciones técnicas antisísmicas como lo exigen las normas.  “Lo más viable es que se busque un lote amplio en las afueras del centro de la ciudad y se construya el nuevo Palacio de Justicia que aglutine todos los juzgados penales, civiles, administrativos, laborales, familia y menores”, indicó el pensionado de la rama judicial, Raúl Amaya Álvarez.

Los voceros cívicos de la región preparan un documento para enviárselo al ministro de Justicia, Néstor Osuna, para exponerle lo que sucede con dichas obras en esta zona del país.

Afirmaron que el presidente Gustavo Petro debe conocer los errores cometidos desde un principio con la adquisición del inmueble que no reunía las condiciones y año tras año se somete a remodelaciones.

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El jubilado de la rama judicial, Amaya Álvarez, trajo a colación diversos  detalles sobre la estructura conocida como ‘Edificio Isabel’,  para comentar lo expuesto por una fuente oficial de que la edificación podría ser demolida en el evento de resultar infructuosas las operaciones para  corregir la falla de la zapata de este  inmueble que fue concebido para apartamentos.

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