Miembros de una comisión humanitaria integrada por la Defensoría Regional del Pueblo, Organización de las Naciones Unidas, ONU y movimientos sociales visitaron la zona del Catatumbo para verificar la violación de los derechos humanos entre los campesinos de la región.
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Los líderes sociales exponen el fenómeno del desplazamiento forzado debido a la confrontación entre grupos alzados en armas y las fuerzas militares en las veredas Caño Seco y Piedras de Moler, jurisdicción del municipio de Teorama.
Desde hace un mes permanecen en la Casa Campesina del corregimiento de San Pablo 380 personas que conforman 108 familias quienes abandonaron las parcelas y temen volver ya que no están dadas las condiciones.
“El peligro es inminente por el fuego cruzado, el lanzamiento de artefactos y las municiones sin explosionar, por ello se requiere un desminado humanitario”, indicó el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal Ismael López.
En reiteradas ocasiones han solicitado el traslado de la base militar ubicada en predios de los mismos campesinos que observan con preocupación la pérdida de los cultivos, animales de corral e, incluso, restricciones para acceder a los recursos hídricos por las afectaciones en los acueductos comunitarios.
Los integrantes de la Comisión de Verificación se trasladaron hacia el lugar, observaron las afectaciones de los artefactos en las paredes de las viviendas campestres y algunos cilindros sin explosionar en la orilla de los caminos.