Vuelve y juega la contienda suscitada hace varios años por el manejo de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el municipio de Ocaña.
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Un fallo en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander tiene entre la espada y la pared al alcalde de Ocaña, Samir Casadiego, quien debe abrir una convocatoria de licitación como lo estipula la ley.
Desde el año 2017 durante la administración de Miriam del Socorro Prado Carrascal, el alto tribunal ordenó retomar los activos y entregar en concesión los servicios. Sin embargo, el proceso se ha empantanado a tal punto que el alcalde encargado Wilmar Bayona Ibáñez fue llevado a la cárcel en el año 2019, al presentar algunas inconsistencias en la contratación de la empresa Semsa que únicamente duró tres meses como operador.
Ahora el mandatario local está obligado a acatar una sentencia judicial o de lo contrario podría pagar las mismas consecuencias.
En esta ocasión espera surtir los trámites correspondientes para cumplir con las exigencias de los altos tribunales y garantizar el óptimo servicio y lograr la cobertura sanitaria en esta localidad.
Por tal motivo, el primer mandatario convocó a sesiones extras al Concejo donde solicitó facultades especiales para entregar en concesión los servicios de acueducto y alcantarillado.
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Asegura que la actual Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, Espo S.A., no se va a acabar y puede seguir operando el relleno sanitario de carácter regional.
Piedras al árbol que da más frutos
El exgerente y hoy miembro de la junta directiva, quien le ganó el pulso a la anterior administración, Gabriel Ángel Álvarez Duarte manifiestó que desde ya los asesores jurídicos preparan las demandas millonarias para mantener la ESPO.
“Están montando la misma película de la vez pasada donde le valió la libertad condicional al alcalde encargado Wilmar Bayona y deben devolver 17 mil millones de pesos porque no hicieron bien la tarea”, agregó.
Asegura que el mandatario actual está haciendo ‘tiros al aire’, ya que existen muchos intereses de por medio. “Cómo será de apetecida esa fruta que todos quieren probarla, pero no vamos a dejar que los politiqueros de turno se tomen la empresa a la fuerza”, precisó.
Álvarez señaló que Samir Casadiego pretende lavarse las manos del problema citando un fallo del Tribunal cuando el proceso fue devuelto al Juzgado Segundo Administrativo de Cúcuta. “¿Cuál orden judicial?”, se preguntó el miembro de la junta directiva.
“Nuestros abogados están listos para interponer las demandas. No vamos a dejar que retomen los activos a las malas como lo intentaron en el 2019 declarando una supuesta urgencia manifiesta y demostramos la falsedad de los argumentos. Por esos errores se les cayó todo el proceso”, puntualizó.
El lío jurídico viene desde el año 2012 por una acción popular impetrada por el abogado Henry Pacheco Casadiego, proceso que no lo han podido solventar los alcaldes de turno.
“Los alcaldes dejan vencer los términos y nunca ha existido voluntad para adelantar ese proceso. El encargado Wilmar Bayona cometió fraude a resolución judicial al otorgar el contrato a dedo y pagó las consecuencias”, dijo Pacheco.
Explica que ningún alcalde ha tenido la intención de efectuar un proceso serio donde se hagan estudios y avalúos de los bienes, infraestructura y activos a retomar.
El profesional del derecho indica que, así como otras empresas del territorio nacional puede licitar, la ESPO lo puede hacer de acuerdo a los términos de referencia.
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La novela apenas comienza y en manos de los concejales de Ocaña está la decisión de otorgar facultades al alcalde para cumplir con el fallo y enmendar los problemas jurídicos de la empresa.
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