El trabajador ocañero Raúl Augusto Osorio, quien fue diagnosticado con aplasia medular (desaparición de las células encargadas de la producción de la sangre en la médula ósea), no ha recibido el tratamiento que con urgencia requiere por un error administrativo de la EPS Coomeva.
Osorio, de 59 años de edad, y quien trabaja en Ocaña en un restaurante de comidas rápidas, fue remitido a Bucaramanga después de que el 14 de diciembre pasado la EPS le autorizó el procedimiento que requiere por ser un paciente de alto riesgo.
Un mes después, el 14 de enero pasado, el nortesantandereano fue ingresado por urgencias en la clínica Comuneros de Bucaramanga, donde permanece desde ese día, pues no le asignaron habitación por la no existencia de contrato entre el centro asistencial y la EPS.
Nury Villalba, directora de la fundación Esperanza Viva, quien se apersonó del caso, indicó que aunque Raúl se encuentra en un cubículo con aislamiento protector, corre el riesgo de adqurir diversos virus como el COVID-19, por la exposición que tiene en urgencias.
“Lo que sucedió fue algo ilógico. Coomeva autorizó la inducción del tratamiento en un sitio y el protocolo de inmunoglobulina en otro diferente. A la fecha, y a pesar de las múltiples solicitudes que ha realizado el paciente, no ha sido posible que Coomeva ordene el traslado de la timoglobulina de Medes a Unhidos (dos IPS diferentes) para su aplicación”, manifestó la directora de la fundación.
El estado del padre de una niña sobreviviente a cáncer, por causa de la negligencia administrativa, desencadenó en un franco deterioro de su estado de salud debido a la falta de aplicación del protocolo con inmunoglobulina de conejo, medicamento que requiere con urgencia.
“Está con hemorragias por la nariz, tiene las defensas y las plaquetas muy bajas y el riesgo de sangrado es mulo alto. Se encuentra con neutropenia y trombocitopenia severa”, agregó Villalba.
La fundación Esperanza Viva, que tramita una tutela buscando la atención inmediata del paciente, envió a la presidencia general de Coomeva una carta requiriendo la corrección del error administrativo, mensaje que también fue replicado a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nacional y Superintendencia de Salud.
La Opinión intentó hablar con personal de la EPS Coomeva, pero fue imposible entablar un diálogo.
En septiembre del 2021 La Superintendencia de Salud ordenó, y durante un año, la intervención forzosa administrativa de la EPS Coomeva, que en la actualidad tiene 1,3 millones de afiliados.
Los datos de la Supersalud apuntan a que Coomeva acumulaba un patrimonio negativo cercano a los $743.000 millones. También, de acuerdo con la información dada por la entidad, esta EPS registró “un índice de solvencia de -486 mil millones de pesos y un nivel de endeudamiento de 1,56 veces el valor de sus activos”.
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