Urge una pronta solución
El zootecnista, José Luis Amaya Pérez, director de la oficina de Desarrollo Rural de Ocaña, indicó que la situación es bastante compleja, ya que, en la nueva cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, los predios aparecen en el departamento del Cesar y se debe definir el deslinde (Determinación de los límites de los terrenos).
El mandatario local, Samir Casadiego, en reiteradas ocasiones ha solicitado a la gobernación de Norte de Santander solventar ese conflicto limítrofe para evitar traumatismos entre la población.
Igualmente, se ha solicitado al Departamento Nacional de Planeación, DNP, un certificado para flexibilizar los trámites de las encuestas a través de los Dispositivos Móviles de las capturas de las informaciones.
El Departamento Nacional de Estadísticas, Dane, en el año 2013 adelantó el censo nacional agropecuario con la cartografía del IGAC, sin tener en cuenta el diferendo limítrofe. Luego el censo poblacional del 2018 y posteriormente la actualización del Sisbén. Esos ajustes generan efectos colaterales en los programas sociales como Familias en acción y Adulto Mayor que se manejan con la base de datos del Sisbén, agrega Amaya.
Aunque no se tiene un cálculo preciso, se estima unas 750 personas afectadas que componen un núcleo de 200 familias de la zona rural de los corregimientos de Pueblo Nuevo, Agua de la Virgen, Buenavista y Aguas Claras, ya que fueron segregadas unas 10 mil hectáreas.
“Es una batalla jurídica de hace 15 años y ahora se sienten las repercusiones. Algunos ya perdieron las esperanzas y están cansados de luchar por los derechos adquiridos”, agregó el director de la Oficina de Desarrollo Rural.
Sin embargo, la administración municipal busca mecanismos para solventar la situación que genera un conflicto social.