Una revuelta se dio en el interior de un centro de rehabilitación ‘Mi Renacer’, ubicado en el barrio El Ramal de Ocaña, donde 20 jóvenes firmaron un acta para emprender la retirada, previa mediación de organismos defensores de los derechos humanos.
El personero local, Jorge Armando Bohórquez, Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional llegaron al sitio y lograron apaciguar los ánimos.
Los adolescentes con problemas de drogadicción denunciaron la manera como se están utilizando estrategias para reprimir el comportamiento y censuraron la calidad de la alimentación que les están ofreciendo en el establecimiento.
La representante legal Jacqueline León Patiño, explicó la manera como ocurrió el amotinamiento y la marcha voluntaria de 20 jóvenes adictos.
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Dice que en medio de las alucinaciones se tomaron el alcohol antiséptico e intentaron quemar los colchones de los cuartos en donde duermen para presionar la libertad.
Desmintió el maltrato e indicó que las inmovilizaciones obedecen a mecanismos para neutralizar a los agresivos por recomendaciones de los psiquiatras.
Asimismo, las raciones suministradas están supervisadas por una nutricionista y las personas dentro de la ansiedad exigen más comida.
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El alcalde de Ocaña, Samir Casadiego, ordenó una investigación para determinar los lineamientos del funcionamiento de estos hogares bajo la supervisión del Instituto Departamental de Salud.
“Se ofició a la secretaría de Desarrollo Humano para que genere una mesa con el Ministerio Público y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para investigar las denuncias proferidas por las personas que recibían tratamiento en el sector. Nos sorprende el hecho que estén mezclados mujeres y hombres, que hayan menores de edad con adultos. Nosotros no tenemos descentralizada la salud y estos permisos los debe expedir el Instituto Departamental de Salud. Vamos a recopilar la información para que se tomen las medidas administrativas porque nuestro fin primordial es que se respeten los derechos y que obviamente estos centros cumplan con su finalidad”, recalcó.
La señora León Patiño, gerente del Centro de Rehabilitación, indicó que todos los documentos están en regla y se ofrecen todos los servicios exigidos por la ley.
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Reiteró que las inmovilizaciones únicamente se hacen con pacientes con alto grado de agresividad y que intentan hacerse daño.
“Los castigos ejemplarizantes van desde la privación de una merienda, pero no las comidas, hasta las llamadas a sus seres queridos.
Las visitas de los familiares son restringidas debido a la pandemia como ocurre en otras instituciones y se aplican todos los protocolos de bioseguridad”, precisó.
Manifiestó que conjuntamente con las IPS y los padres de familia se suscribió un convenio para la resocialización de sus hijos, cuyo objetivo primordial es someterlos a un proceso de sanación.
“Nadie está obligado, contábamos con 46 jóvenes quienes expresaron la fuerza de voluntad para recuperar la salud mental, se fueron 20, la mayoría han retornado a casa, los otros deambulan por las calles y algunos han vuelto arrepentidos por ese incidente”, reiteró.
Indicó que los profesionales de la salud no persiguen un lucro económico sino un servicio para restituir el tejido social y devolver a la sociedad a jóvenes útiles para cualquier oficio.
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