Un elevado hacinamiento se registra en el centro de reclusión del Segundo Distrito de la Policía de Ocaña donde las autoridades analizan alternativas encaminadas a conjurar esa problemática.
El secretario de Gobierno, Yuri Alfonso Carrascal Gómez, reporta un total de 75 personas detenidas en un espacio habilitado para albergar únicamente a 25 infractores de las distintas normas, lo que agudiza la situación.
“Luego de un seguimiento está pendiente la captura de unos 15 delincuentes más, pero no hay dónde meterlos ante el desbordamiento de los niveles de hacinamiento”, agregó el funcionario.
La Opinión conoció que los aprehendidos en su mayoría son de nacionalidad venezolana a quienes se les debe garantizar el tratamiento correspondiente para definir su situación jurídica.
A lo anterior se suma la alerta roja de la red pública hospitalaria factor que obliga a las autoridades asumir todas las precauciones para evitar la propagación del coronavirus.
Asimismo, los elevados índices de hacinamiento en el Centro Penitenciario de Mediana Seguridad con una cifra de 341 reclusos impiden el traslado en su totalidad para mitigar la emergencia.
Sin embargo, se adelantan las diligencias en la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para suscribir un convenio entre la alcaldía y el INPEC con el fin de remitir a los presos que están en calidad de sindicados.
“El viernes podemos trasladar a 20 personas cuyas pruebas de COVID sean negativas para descongestionar en parte los calabozos, porque la Policía no puede llevarlos a la cárcel ya que se deben cumplir unos protocolos donde las EPS demoran mínimo 10 días para entregar los resultados. Es bastante complejo, hemos contratado un laboratorio privado para que realicen el tamizaje”, indicó el alcalde de Ocaña, Samir Casadiego.
El mandatario explicó que el convenio por 45 millones de pesos para garantizar el ingreso de los detenidos al centro de reclusión ya está montado y de lunes a martes de la otra semana lo estará refrendando con la firma.
“Hasta la fecha no hay personas afectadas con el COVID gracias a los protocolos de bioseguridad implementados durante la pandemia”, sostuvo Ingrid Mayerlin Pinzón, directora del centro penitenciario.
La capacidad instalada en la cárcel de Ocaña es de 180 internos y los reclusos sobrepasan la cifra de los 340, donde se evidencia una urgente necesidad de presentar proyectos ante el Ministerio de Justicia para la ampliación y así evitar la congestión.
Se supone igualmente que cada municipio debería tener una cárcel municipal o del circuito judicial para llevar allí a los sindicados, pero Ocaña no cuenta con recursos suficientes para formular el proyecto y asumir los gastos de esa iniciativa, agregó el alcalde.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
