En la investigación que adelantaron las autoridades judiciales, apoyadas por miembros del FBI que están en Colombia, por los atentados contra la Brigada 30 del Ejército, a unas patrullas de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) y al helicóptero presidencial, ocurridos entre el 15 y 25 de junio, pudieron establecer que 12 personas estuvieron involucradas en los hechos.

Este grupo, conformado por 11 hombres y una mujer, es señalado de ser una célula urbana de la disidencia del frente 33 de las Farc, que llevaría alrededor de dos años delinquiendo en Cúcuta y el área metropolitana.

Desde marzo, los ‘sabuesos’ de la Policía y la Fiscalía les pusieron los ojos encima a estas personas, porque luego de un trabajo sigiloso adelantado con interceptaciones telefónicas y seguimientos, desde 2019 contra la disidencia, pudieron conocer que estaban planeando una serie de atentados en la capital de Norte de Santander, además de que supuestamente estaban moviendo armas, munición, explosivos y hasta uniformes para esa organización criminal.

Como las autoridades no tenían certeza en dónde y cuándo cometerían los ataques, decidieron dejarlos seguir adelante para conseguir mucho más material probatorio y, además, querían atrapar a su máximo líder, Jhon Velazco, más conocido como ‘Jhon Mechas’ o ‘Jhon Barbas’, jefe de la disidencia del frente 33 de las Farc, quien se encontraría en Venezuela, muy cerca de la frontera con Tibú.

Por eso, una vez se dieron los atentados, los investigadores no tardaron en ubicar una a una esas 12 personas, que presuntamente hacen parte de la célula, para detenerlas. El apoyo de los sistemas tecnológicos de última generación del FBI les permitió ejecutar rápidamente la operación.

Pero en el operativo, solo lograron detener a 10 de los 12 que estaban buscando, pues dos alcanzaron a escabullirse y, al parecer, estarían escondidos al otro lado de la frontera bajo la protección de ‘Jhon Mechas’.

Las dos personas que se escaparon fueron identificadas con los alias de Aurelio y Sebastián. El primero es un exintegrante de las Farc, que decidió dejar las armas durante el proceso de paz con esta guerrilla, además, contaba con un esquema de seguridad.

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Precisamente, uno de sus escoltas, contratista de la Unidad Nacional de Protección (UNP), es Ciro Alfonso Gutiérrez Ballesteros, quien cayó preso por haber participado directamente en el atentado contra la Brigada 30.

A ‘Aurelio’, las autoridades lo sindican de ser el líder de esa célula urbana que supuestamente tenía la disidencia delinquiendo en Cúcuta, el área metropolitana y Tibú.

El segundo hombre que logró evadir el cerco policial fue alias Sebastián, quien también sería señalado de ser de la red de apoyo de la disidencia del frente 33 de las Farc y habría participado en el ataque a disparos al helicóptero en el que se movilizaba el presidente de la República Iván Duque y una comitiva, el pasado 25 de junio, cuando intentaban aterrizar en el aeropuerto internacional Camilo Daza.

Hoy, las autoridades están tras el rastro de estos dos hombres para capturarlos y que así paguen por lo que hicieron.

Los otros perfiles

Las autoridades también revelaron los perfiles de las 10 personas que fueron detenidas entre el pasado sábado y lunes.

Andrés Fernando Medina Rodríguez, quien llegó hasta el rango de capitán en el Ejército, y que lo identifican dentro de la presunta estructura con el alias de ‘El Capi’, es señalado de ser el encargado de ejecutar la acción terrorista contra la Brigada 30, en la que resultaron 44 personas lesionadas, además del ataque a la aeronave presidencial.

También lo sindican de ser un hombre de confianza de ‘Jhon Mechas’. Además de coordinar actividades de narcotráfico, tráfico de armas y acciones delictivas para la disidencia.

Ciro Gutiérrez Ballesteros, escolta contratista de la UNP, en esta operación es señalado de hacer parte de la red de apoyo de la disidencia en Cúcuta y Tibú, también de ser colaborador logístico y bélico, “adquiriendo elementos de comunicación, armamento, así como uniformes de uso privativo de la Fuerza Pública”.

Las autoridades también sostuvieron que él coordinó con el excapitán la compra y movilización de la camioneta Toyota Fortuner que cargaron con explosivos en Tibú y luego la activaron dentro de la Brigada 30.

Gutiérrez Ballesteros habría sostenido reuniones con ‘Jhon Mechas’ muy cerca de la frontera con Venezuela.

Edinson Durán Ascanio fue miembro de las extintas Farc, con perfil armado y explosivista. Es sindicado de haber cargado con pentrita y TNT la camioneta con la que atacaron la guarnición militar en Cúcuta. Además, sería uno de los que disparó contra el helicóptero presidencial.

Joaquín Medina Duarte, quien es el papá de Andrés Medina, lo señalan de haber comprado la camioneta que costó $120 millones y que luego usaron para el atentado.

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Geraldine Fiayo Torrado, compañera sentimental de alias Aurelio, la vinculan a la célula como ‘correo humano’ y colaboradora de logística.

Fredy Esteban Maldonado Torrado, quien sería un líder comunal del barrio El Progreso, aseguran que se desempeñó como ‘correo humano’ y sería el que se encargó de la elaboración de elementos de intendencia (brazaletes y uniformes de la Fuerza Pública).

A Jhon Freddy Lizarazo Rodríguez lo señalan de haber transportado elementos logísticos elaborados por la estructura de alias ‘Aurelio’, así como de encargarse de hacer inteligencia. A él lo tendrían en varias conversaciones con el excapitán Medina Rodríguez.

Yeison Herminio Bernal Rincón, quien es un conductor de taxi, lo sindican de que, el 24 de junio, recogió a los dos tiradores del helicóptero presidencial, en el corregimiento La Gabarra, de Tibú, para traerlos a Cúcuta. Además, habría llevado las armas con las que cometieron el ataque.

Vladimir Acosta Pérez es hermano de ‘Aurelio’, y lo detuvieron, porque sería el hombre de confianza de varios jefes de la disidencia y sería otro de los ‘correos humanos’ de la célula que desarticularon.

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Inconformismo

Los familiares de varios de estos detenidos han asegurado que nada de lo que dicen las autoridades es cierto y que ellos son inocentes.

Además, Alfredo Yermain Trujillo Salcedo, uno de los abogados defensores de tres de los capturados, aseguró que durante las audiencias concentradas mantuvo sus alegatos en pedir una explicación del por qué la Fiscalía y la Policía no detuvieron a estas personas antes de que cometieran los atentados, pues desde marzo les tenían interceptados los celulares y conocieron lo que pretendían hacer con los atentados.

“Cuando hablé sobre eso, el fiscal y el juez me mandaron a callar, no me dejaron basar mi defensa con esos argumentos. No entiendo por qué me hicieron eso, pues pudiendo evitar los atentados, no lo hicieron y prefirieron esperar a que todo sucediera”, señaló el especialista en derecho.

Pese a todos esos argumentos, los nueve hombres y la mujer fueron enviados a prisión y el juez ordenó que los llevaran a la cárcel La Picota, en Bogotá.

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