La vicepresidenta y canciller de la República, Marta Lucía Ramírez, encabezó este 18 de noviembre una audiencia pública de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en el municipio de Villa del Rosario, para abordar la situación de la frontera colombo-venezolana, servicio a los migrantes, empleo y seguridad en Norte de Santander.
El acto fue presidido también por el presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón y contó con la participación del Ministro de Defensa, Diego Molano, la viceministra de Salud, María Andrea Godoy Casadiego, el gobernador del departamento, Silvano Serrano, los alcaldes y miembros de la sociedad civil, comercial y de transportes de la región.
Ramírez mencionó que el cierre de la frontera por parte de Venezuela ha tenido repercusiones negativas y cuestionó que algunos representantes del régimen del vecino país descalifiquen a la institucionalidad colombiana para hacer campaña política de cara a las próximas elecciones regionales el 21 de noviembre. “El presidente Iván Duque dijo que había que evitar que nos fueran a instrumentalizar la apertura de la frontera”, dijo la vicepresidenta-canciller.
Durante su intervención, Ramírez dijo que una vez pasado el proceso electoral en Venezuela y verificado todos los controles que el Presidente de la República pidió hacer en Colombia, se espera que se pueda proceder a esa reapertura y aprovechar al máximo el crecimiento económico e industrial que se está dando en Colombia en la temporada de Fin de Año.
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La vicepresidenta-canciller dijo que “la apertura de la frontera es una necesidad” porque el impacto ha sido negativo para esta región y para el país, pero reiteró que fue el “régimen de Maduro quien ordenó el cierre” y expulsó a los diplomáticos colombianos de ese país.
Añadió que el cierre de la frontera por parte de las autoridades colombianas ocurrió por razones sanitarias debido a la pandemia de la COVID-19, en julio de 2020, pero que dicha medida se revirtió en junio de este año en los puntos de control fronterizos con Venezuela.
“Es el régimen de Venezuela el que ha tenido cerrada la frontera, esos contenedores los pusieron ellos y se demoraron años esos contenedores. El presidente Iván Duque ha pedido que el gobierno de Colombia todo trabaje para verificar las condiciones a las cuales se puedan reabrir tan pronto como sea posible, el Invías ha estado revisando las condiciones estructurales de los puentes, el Ministerio de Salud ha revisado todo lo referente a los controles sanitarios y el Ministerio de Comercio Exterior para los controles de aduana”, subrayó.
Indicó que se deben lograr acuerdos con autoridades locales para garantizar unos protocolos sanitarios de reapertura segura en la frontera, los cuales contarán con el apoyo de los Ministerios de Salud, Interior, Educación, Migración Colombia y la Gerencia de Fronteras.
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Ramírez insistió en que el tema de la frontera es una prioridad para lograr “una frontera viva, de dinamismo comercial y trabajo con todas las comisiones de frontera” que lamentablemente no volvieron a ejercer sus funciones desde hace más de 15 años.
“Cierre negativo”
Alejandro Carlos Chacón, representante a la Cámara por Norte de Santander y presidente de la Comisión II, dijo en la sesión que la afectación por el cierre de la frontera es muy grave y si no se restablece una reapertura formal de la frontera, será el primero en promover un paro en la región en contra del Gobierno Nacional.
“Pueden no hablarse, pero no pueden cerrar la frontera”, expresó Chacón.
Durante la reapertura del paso peatonal en el puente internacional Unión, en Puerto Santander, el llamado protector del estado Táchira, Freddy Bernal, dijo que solo esperaba sentarse con las autoridades de la DIAN para definir la reactivación comercial entre ambos países. Pero hasta los momentos no hay indicios de reactivación económica formal.
Seguridad
El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, dijo que la audiencia pública es propicia para abordar la crisis de frontera, la violencia, el desempleo y la improductividad y la pandemia.
“Reconozco que hemos tenido aliados importantes y que hemos avanzado de forma sustancial en algunos temas, pero lo que genera esta particularidad que desestabiliza la tranquilidad del departamento debe unirnos como Estado para que pongamos la lupa en estos problemas y que este sea el escenario propicio para el progreso de la región”, enfatizó el gobernador.
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El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, propuso la conformación de una mesa técnica permanente por la seguridad con la asistencia de fuerzas militares y en donde se formulen solicitudes puntuales al Ministerio de Interior, Defensa y Cancillería. Pidió este tipo de vigilancia para todos los centros poblados de la ciudad y del área metropolitana.
Por su parte el alcalde de Villa del Rosario, Eugenio Rangel, informó que 60 cámaras de seguridad se han instalado en ese municipio para una mayor viligancia de las zonas y contrarrestar a los grupos delictivos.
Rangel espera además que se materialice la construcción del Distrito Policial en La Parada y una base militar en el sector de Juan Frío, para el cual ya fueron asignados los recursos a través de la gobernación de Norte de Santander para la compra del lote de la edificación. “Esta base será estratégica para la región, especialmente para los municipios de Ragonvalia y Chinácota.
Salud
Arístides Hernández, presidente de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud (Anthoc), aprovechó la presencia de la viceministra de Salud, para manifestar su preocupación por la irresponsabilidad de las EPS en el incumplimiento de los pagos a los hospitales del departamento por los servicios prestados en la pandemia y a la población migrante.
“Esperamos que los dineros conciliados para el Hospital Erasmo Meoz, más de 50 mil millones de pesos, y que el resto del dinero de la red pública en Ocaña, Pamplona y el Hospital Mental de Cúcuta, que tanto les está haciendo falta, se desembolsen para que en el mes de diciembre podamos garantizar una buena atención y arrancar en enero de 2022 con pie derecho”, dijo Hernández.
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La viceministra de Salud, María Andrea Godoy, mencionó que el despacho solicitó la información a las entidades territoriales de Norte de Santander y certifcaron que 73.562 millones de pesos ya fueron certificados para cancelar a los hospitales por atención a migrantes.
Ya fueron auditados para el Hospital Erasmo Meoz 53,458 millones de pesos; seguido el Hospital Emiro Quintero Cañizares, de Ocaña (4.226 millones); y el Hospital Jorge Cristo Sahium, en Villa del Rosario (1.050 millones de pesos).
“Estos recursos ya fueron certificados y en la próxima semana estamos expidiendo los actos administrativos de asignación y los giros se estarán haciendo en la semana del 29 de noviembre y se harán directamente a las IPS desde la Adres para poder darles celeridad y no tener los problemas de espacio fiscal de los entes territoriales”, explicó la funcionaria.
Comentó que el departamento, el cual ha recibido el mayor impacto del flujo migratorio, ha ofrecido asistencia médica a más de 1.600.000 personas desde 2017 hasta la fecha.
Actualmente el 60% de las atenciones en los centros de salud va dirigido a las mujeres embarazadas y el ministerio asignará en noviembre 4.227 millones a instituciones de Norte de Santander que han prestado servicios de maternidad a migrantes desde mayo de 2021.
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