Magaly Andrea Castañeda Rincón es directora de la Fundación Frida Kahlo, Restaurando Vidas – ONG, que trabaja en Cúcuta y en los municipios aledaños Villa del Rosario y Los Patios con población migrante en alto grado de vulnerabilidad.
Desde hace 3 años de manera informal y desde enero de 2020 de manera formal, esta organización se dedica a mejorar las condiciones de vida de mujeres provenientes principalmente de Venezuela, en medio de la crisis social que se vive en esta zona del país, producto de la llegada masiva de migrantes, que se asientan en la región o que hacen tránsito hacia otras regiones o países de Sudamérica.
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Magaly, además de otros seis profesionales y voluntarios de la ONG que dirige, se vieron beneficiados por la iniciativa Conectando Caminos por los Derechos e Innpactia, que buscaba el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y colectivos que trabajan desde y entorno a la población migrante en Colombia.
De acuerdo con Magaly, las mentorías que recibieron en el marco de la iniciativa fueron muy estratégicas y positivas para la ONG, porque les permitió conocer mucho más acerca de la formalización de su fundación y así diseñar acciones que permitan alcanzar un impacto mayor en las poblaciones con las que trabajan.
Precisamente, uno de los objetivos del programa '+ Capacidades x los Derechos' fue fortalecer a organizaciones y colectivos, con no más de 5 años de operaciones, a través de asesorías y mentorías personalizadas para que lograran robustecer y potencializar sus proyectos para hacerlos realidad.
“Con las mentorías pudimos conocer mucho más de aspectos vitales para nuestro funcionamiento como desarrollo organizacional, recursos humanos, asistencia legal, contabilidad, captación de fondos o fundraising, entre otros aspectos que desconocíamos y que sin duda nos ayuda a fortalecer y a orientar nuestros procesos”, agregó Magaly Castañeda.
La Fundación Frida Kahlo, Restaurando Vidas realiza intervenciones en territorio con mujeres, las cuáles un 70% son originarias de Venezuela y el 30% restante son colombianas retornadas al país, con edades entre 16 y 45 años, pertenecientes en su mayoría al estrato 1 y que viven en zonas de alto riesgo del área de frontera, regularmente en invasiones o barrios no formalizados.
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De acuerdo con cifras de Profamilia, previas a la aparición de la pandemia, el porcentaje de personas venezolanas que han sido víctimas de violencia sexual y han buscado los servicios de salud en Colombia aumentaron entre 2017 y 2018 en un 207% y entre 2018 y 2019 en un 37%. Sin embargo, en este tipo de situaciones se vive un importante porcentaje de subregistro.
Este programa nació con el propósito de aprovechar la convocatoria lanzada por el Fondo de Respuesta Rápida, Conectando Caminos por los Derechos, (una iniciativa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID-) para los colectivos que trabajan en territorio con población migrante, retornada y de acogida.
Innpactia trabajó como socio estratégico del programa para realizar su implementación con un esquema innovador, que combina la adjudicación de los recursos, con tecnología, metodologías efectivas de gestión de proyectos y fortalecimiento de capacidades para cientos de actores.
Para Castañeda, la formación recibida a través de las mentorías brindadas por el programa sin duda alguna van a permitir mejorar los procesos de intervención que realizan en la zona de frontera con más de 300 mujeres que se encuentran en contextos de explotación sexual y que estos procesos vayan más allá del corto plazo, que puedan perdurar en el tiempo y generar estabilidad en las personas con las que trabajan.
Cree que el apoyo recibido no marca el final de una fase, sino que, por el contrario, permitirá a su fundación, iniciar nuevas estrategias, especialmente alrededor de la recaudación de fondos para sus proyectos.
Prácticamente el 100% de las personas que atiende la fundación tiene como máximo nivel educativo la secundaria y algunas solo cuentan con educación primaria, lo que confirma una de las grandes realidades de esta población, pues según la última versión del Informe Nacional de Empleo Inclusivo (INEI) 8 de cada 10 personas migrantes provenientes de Venezuela tienen como máximo nivel de formación, educación media.
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