Viernes, 12 de Julio de 2013
Nadie puede llamarse a engaño con relación al proceso de paz cuyas conversaciones se adelantan en Cuba. La lógica indica que los alzados en armas no las van a dejar para entregarse y que los lleven a la cárcel, pues de ser así, ¿cuál sería entonces la ventaja de firmar el armisticio o la paz? Mirado desde la otra orilla, si de lo que se trata es de poner fin a la insurrección, resulta fuera de contexto que los guerrilleros pretendan incluir como tema del acuerdo de paz el cambio de las estructuras del Estado colombiano, pues para lograr ese sueño, tendrían que haber derrotado militarmente al Gobierno, resultado que no han logrado en cincuenta años de lucha. Como no ha sido así, lo lógico es que, en pie de igualdad con todos los demás espadachines de la democracia, luchen por ganarse el favor popular en las urnas, para estar en posibilidad de imponer las reformas que rediman al pueblo de sus opresores, meta aparentemente fácil de conseguir si, como afirman, cuentan con el favoritismo del pueblo colombiano,
que conforma una inmensa mayoría frente a las clases privilegiadas. Es por esta razón que no tiene acogida la propuesta de una Asamblea Constituyente, a la que debe llegarse por los mecanismos previstos en la propia Constitución, salvando los obstáculos y venciendo las dificultades inherentes a la utilización de esta herramienta legal extraordinaria.
De otro lado, no debe existir ni temor ni repudio a que los desmovilizados hagan política y tengan la posibilidad de acceder a los cargos de representación popular. Pareciera que la mayor oposición proviene de los políticos tradicionales, que ven llegar a su estadio, competidores que pueden ponerlos en evidencia y avergonzarlos. Creo que nadie discute que en lugar de que los guerrilleros continúen en el monte, o en las mismas ciudades utilizando las armas en contra de todo aquel que no comparta su pensamiento, secuestrando, emboscando al ejército, y causando daño a los recursos e instalaciones petroleras, es preferible que vengan a las ciudades, y a las plazas públicas a hacer proselitismo político, a exponer sus ideas, tratando de convencer con su dialéctica y sus argumentos, buenos o malos, a lo que podría llegarse, a condición de que en el proceso de paz exista verdad y reparación, dentro de los parámetros de la justicia transicional.
Fuera de contexto también resulta el pretender, por parte de la guerrilla, que el Gobierno se comprometa a tomar decisiones relacionadas con la fuerza pública, con el argumento de que el Estado ya no va a necesitar un ejército ni beligerante ni tan numeroso, pues ese es un tema que no guarda relación con el proceso de paz.
Finalmente, deviene también lógico que ni el gobierno, ni la clase política ni la ciudadanía, van a aceptar que exista una fuerza o partido político armado, como lo han insinuado los jefes guerrilleros en Cuba cuando han anunciado que la paz significa el silencio de las armas, mas no su entrega, pues ello resulta abiertamente incompatible.
En conclusión, si los delegados del Gobierno y de la guerrilla están interesados en pasar a la historia, y firmar la paz que la mayoría de los colombianos anhelamos, unos y otros deben dejar de lado todo aquello que ellos mismos no aceptarían si estuvieran al otro lado de la mesa, y ser creativos a fin de elaborar fórmulas que logren la aceptación no solo de las dos partes, sino de la ciudadanía que debe acogerlas por racionales, convenientes y conducentes.
que conforma una inmensa mayoría frente a las clases privilegiadas. Es por esta razón que no tiene acogida la propuesta de una Asamblea Constituyente, a la que debe llegarse por los mecanismos previstos en la propia Constitución, salvando los obstáculos y venciendo las dificultades inherentes a la utilización de esta herramienta legal extraordinaria.
De otro lado, no debe existir ni temor ni repudio a que los desmovilizados hagan política y tengan la posibilidad de acceder a los cargos de representación popular. Pareciera que la mayor oposición proviene de los políticos tradicionales, que ven llegar a su estadio, competidores que pueden ponerlos en evidencia y avergonzarlos. Creo que nadie discute que en lugar de que los guerrilleros continúen en el monte, o en las mismas ciudades utilizando las armas en contra de todo aquel que no comparta su pensamiento, secuestrando, emboscando al ejército, y causando daño a los recursos e instalaciones petroleras, es preferible que vengan a las ciudades, y a las plazas públicas a hacer proselitismo político, a exponer sus ideas, tratando de convencer con su dialéctica y sus argumentos, buenos o malos, a lo que podría llegarse, a condición de que en el proceso de paz exista verdad y reparación, dentro de los parámetros de la justicia transicional.
Fuera de contexto también resulta el pretender, por parte de la guerrilla, que el Gobierno se comprometa a tomar decisiones relacionadas con la fuerza pública, con el argumento de que el Estado ya no va a necesitar un ejército ni beligerante ni tan numeroso, pues ese es un tema que no guarda relación con el proceso de paz.
Finalmente, deviene también lógico que ni el gobierno, ni la clase política ni la ciudadanía, van a aceptar que exista una fuerza o partido político armado, como lo han insinuado los jefes guerrilleros en Cuba cuando han anunciado que la paz significa el silencio de las armas, mas no su entrega, pues ello resulta abiertamente incompatible.
En conclusión, si los delegados del Gobierno y de la guerrilla están interesados en pasar a la historia, y firmar la paz que la mayoría de los colombianos anhelamos, unos y otros deben dejar de lado todo aquello que ellos mismos no aceptarían si estuvieran al otro lado de la mesa, y ser creativos a fin de elaborar fórmulas que logren la aceptación no solo de las dos partes, sino de la ciudadanía que debe acogerlas por racionales, convenientes y conducentes.
