El motivo que originó el suceso permite no solo la elaboración de una columna sino de un libro entero puesto que la Policía Fiscal y Aduanera pretende descubrir el agua tibia en la Provincia de los Caro.

El hecho sin precedente alguno deja al descubierto una marcada debilidad en materia de custodia de bienes muebles por parte de las diferentes autoridades puesto que una vez ingresa el vehículo a determinado parqueadero, el mismo debe ser objeto de las diferentes pólizas que protejan el patrimonio de los ciudadanos representado en su medio de transporte independientemente del móvil que ocasionó el delito, el cual merece rechazo total de la ciudadanía en general.

Es probable que una buena parte de las motocicletas incineradas llegaron allí por documentación falsa o por una de las muchas causales de inmovilización y sus propietarios decidieron abandonarlas para no cancelar las multas muchas veces superiores al costo del vehículo pero la verdad, no quisiera estar en los zapatos del responsable de la custodia de las motocicletas puesto que en este momento son presa fácil de expertos abogados que llenarán los juzgados de demandas contra la administración municipal en caso que no exista contrato de parqueadero.

Lo sucedido en Ocaña debe ser motivo de una cuidadosa revisión por parte de las diferentes autoridades de tránsito porque la acción puede repetirse en otro municipio y allí no solo encontrarán motocicletas sino todo tipo de automotores que bien pueden representar un gigantesco problema para cualquier administrador y escribo esto porque hace algunos días me pareció escuchar la declaración de una persona dedicada a la venta de gasolina ilegal en Cúcuta, advirtiendo que si los provocaban mediante los anunciados operativos, serían capaces de incendiar la ciudad y con la gasolina que esta por todas partes no sería difícil cumplir con la amenaza. 

Ahora viene algo igual de delicado porque la Policía Nacional envió al escuadrón antidisturbios para frenar la ola delictiva en resistencia a los operativos y al respecto pienso que esos muchachos tendrán que estar por el resto de sus vidas allá porque una costumbre y una permisividad de muchas décadas no se pueden acabar con treinta o más uniformados totalmente temerosos de lo que pudiera ocurrir porque ellos también son humanos.

Lo cierto es que ahora viene el mayor de los problemas: ¿Quién pagará las motocicletas incineradas?