Domingo, 12 de Enero de 2014
~La inequidad social, que genera exclusión, discriminación y privilegios
aberrantes en beneficio de minorías desmedidas en la ambición de imponer
su interés particular, es uno de los mayores obstáculos a la
democracia. Propicia la desigualdad, que es una grieta nociva en la
sociedad.~
El Título I de la Constitución de Colombia, “De los principios fundamentales”, consagra esta norma en el artículo 1º. :”Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. La misma Constitución incluye un conjunto de derechos para garantizar el ejercicio de la ciudadanía en condiciones de libertad y de seguridad.
Sin embargo, la realidad es bien distinta de la letra de la Constitución. Porque aunque ha habido avances en el reconocimiento de esos principios institucionales, los hechos configuran una situación de deterioro de la democracia, comenzando por la proclividad de los mismos servidores públicos al abuso de poder, a la violación de la ley y el menosprecio a la ética con respecto al cumplimiento de las funciones que les competen.
La inequidad social, que genera exclusión, discriminación y privilegios aberrantes en beneficio de minorías desmedidas en la ambición de imponer su interés particular, es uno de los mayores obstáculos a la democracia. Propicia la desigualdad, que es una grieta nociva en la sociedad.
Las formas de ejercer la política misma en los diferentes escenarios o espacios públicos también degradan la democracia. La corrupción se ha convertido en un desangre que lleva al agotamiento de recursos con los cuales debieran cubrirse necesidades básicas o solucionar problemas que dejan secuelas de graves implicaciones en la vida de la comunidad. Mientras predomine ese manejo delictuoso del poder, bajo el amparo de la impunidad para sus beneficiarios, el Estado tendrá limitaciones en el cumplimiento de los fines asignados en la Constitución. Los programas de Gobierno, así mismo, no alcanzarán una cobertura adecuada a la población de la nación y por lo tanto se acumularán frustraciones y carencias en los sectores que requieren una mayor acción oficial. Esto resta democracia.
El tráfico de influencias de algunos colombianos para sacar adelante negocios de cuantiosas utilidades es presentado como la flor del emprendimiento cuando en verdad es la utilización del poder para jugosas operaciones de enriquecimiento, mientras la mayoría se debate entre el anhelo y la incertidumbre, a la espera de que le dejen espacios a sus iniciativas y a sus esfuerzos, entre ruegos y expectativas. Es otra manera de recortar la democracia.
La misma organización electoral deja dudas sobre la legitimidad de los resultados en la provisión de cargos a través del voto popular. El dinero, las armas y las presiones desequilibran los procesos electorales y el resultado de éstos no siempre expresa la voluntad de los ciudadanos. No hay igualdad en la competencia. Y allí también está en déficit la democracia.
Para consolidar la paz que se busca, se requiere el fortalecimiento de la democracia, como denominador común de la vida nacional. Lo cual no puede subestimarse.
Puntada
El llamado violador en serie que anda suelto por este territorio tiene en jaque a la Policía en Norte de Santander. Es una prueba que compromete la capacidad operativa de la institución.
Sin embargo, la realidad es bien distinta de la letra de la Constitución. Porque aunque ha habido avances en el reconocimiento de esos principios institucionales, los hechos configuran una situación de deterioro de la democracia, comenzando por la proclividad de los mismos servidores públicos al abuso de poder, a la violación de la ley y el menosprecio a la ética con respecto al cumplimiento de las funciones que les competen.
La inequidad social, que genera exclusión, discriminación y privilegios aberrantes en beneficio de minorías desmedidas en la ambición de imponer su interés particular, es uno de los mayores obstáculos a la democracia. Propicia la desigualdad, que es una grieta nociva en la sociedad.
Las formas de ejercer la política misma en los diferentes escenarios o espacios públicos también degradan la democracia. La corrupción se ha convertido en un desangre que lleva al agotamiento de recursos con los cuales debieran cubrirse necesidades básicas o solucionar problemas que dejan secuelas de graves implicaciones en la vida de la comunidad. Mientras predomine ese manejo delictuoso del poder, bajo el amparo de la impunidad para sus beneficiarios, el Estado tendrá limitaciones en el cumplimiento de los fines asignados en la Constitución. Los programas de Gobierno, así mismo, no alcanzarán una cobertura adecuada a la población de la nación y por lo tanto se acumularán frustraciones y carencias en los sectores que requieren una mayor acción oficial. Esto resta democracia.
El tráfico de influencias de algunos colombianos para sacar adelante negocios de cuantiosas utilidades es presentado como la flor del emprendimiento cuando en verdad es la utilización del poder para jugosas operaciones de enriquecimiento, mientras la mayoría se debate entre el anhelo y la incertidumbre, a la espera de que le dejen espacios a sus iniciativas y a sus esfuerzos, entre ruegos y expectativas. Es otra manera de recortar la democracia.
La misma organización electoral deja dudas sobre la legitimidad de los resultados en la provisión de cargos a través del voto popular. El dinero, las armas y las presiones desequilibran los procesos electorales y el resultado de éstos no siempre expresa la voluntad de los ciudadanos. No hay igualdad en la competencia. Y allí también está en déficit la democracia.
Para consolidar la paz que se busca, se requiere el fortalecimiento de la democracia, como denominador común de la vida nacional. Lo cual no puede subestimarse.
Puntada
El llamado violador en serie que anda suelto por este territorio tiene en jaque a la Policía en Norte de Santander. Es una prueba que compromete la capacidad operativa de la institución.