Jueves, 18 de Abril de 2013
La semana pasada Colprensa nos recordó una verdad que los colombianos sentimos en la piel. Una verdad que nos preocupa tanto como los palos que le atraviesan al logro de la paz, los enemigos de la misma y los ingenuos que dialogan sin malicia y que es un derecho que provocó la formulación de la nueva Constitución. Nos recordó tales verdades, deducidas de la encuesta realizada por la red mundial de empresas de investigación de mercados- Win-Gallup International- el pasado 12.
Sí, al 19 % de los colombianos nos aterroriza la corrupción que llevan a su faltriquera los recursos de la salud, de la educación y de las necesidades básicas insatisfechas los funcionarios públicos emergentes- de paso- y los de carrera, “la platica” de la gente.
A otro 18% de colombianos les preocupa la pobreza y la brecha entre ricos y pobres, preocupación que cuando se expresa en los medios, los ladrones que encubren llaman simplemente envidia. ¿Habrase visto? A otros en un 13% de colombianos les preocupa el desempleo y en un 10% las guerras y los conflictos. Finalmente y antes de que empezaran a hacerse oír en La Habana con bombas y minas “quiebrapatas”, el terrorismo le importaba al 7% de los Colombianos. La medición, nos cuenta Colprensa se hizo en 56 países.
Con tales cifras, lo menos que podemos interrogar los ciudadanos del montón a las instituciones de control es que sean coherentes con el discurso que propalan y las acciones que prometen impulsar. Es por estas preocupaciones ciudadanas que les escribimos al oído a los auditores del gasto público y sus mandos medios, que realmente mandan y encubren.
No es coherente, por ejemplo, asistir a las comisiones y a las plenarias del Congreso a defender y prometer una mayor capacitación ciudadana para el control social y en la práctica anestesiar el discurso con prácticas politiqueras que estimulan el encubrimiento.
No es coherente tampoco propalar la idea de que las denuncias hechas en los medios constituyen esencia del control social y, sin embargo, ninguna amerita una indagación preliminar.
No es coherente expedir resoluciones externas requiriendo a los contralores territoriales investigar pagos de primas, bonificaciones, primas técnicas y de servicios con la complacencia de asambleas departamentales y concejos municipales, y obtenido el reporte no se audite a las mismas sobre los juicios de responsabilidad fiscal que se derivan.
No es coherente que se les ofrezcan a las territoriales testimonios y documentos relativos a la corrupción, como es el caso de la Universidad Francisco de Paula Santander y sean renuentes a recibirlos y los mandos medios de la Contraloría Departamental respondan que las denuncias superiores a los $10.000 millones de contratación ilegal solo se reducen a $500 millones porque solo les mostraron esos contratos. ¿En dónde están entonces?
Sí, al 19 % de los colombianos nos aterroriza la corrupción que llevan a su faltriquera los recursos de la salud, de la educación y de las necesidades básicas insatisfechas los funcionarios públicos emergentes- de paso- y los de carrera, “la platica” de la gente.
A otro 18% de colombianos les preocupa la pobreza y la brecha entre ricos y pobres, preocupación que cuando se expresa en los medios, los ladrones que encubren llaman simplemente envidia. ¿Habrase visto? A otros en un 13% de colombianos les preocupa el desempleo y en un 10% las guerras y los conflictos. Finalmente y antes de que empezaran a hacerse oír en La Habana con bombas y minas “quiebrapatas”, el terrorismo le importaba al 7% de los Colombianos. La medición, nos cuenta Colprensa se hizo en 56 países.
Con tales cifras, lo menos que podemos interrogar los ciudadanos del montón a las instituciones de control es que sean coherentes con el discurso que propalan y las acciones que prometen impulsar. Es por estas preocupaciones ciudadanas que les escribimos al oído a los auditores del gasto público y sus mandos medios, que realmente mandan y encubren.
No es coherente, por ejemplo, asistir a las comisiones y a las plenarias del Congreso a defender y prometer una mayor capacitación ciudadana para el control social y en la práctica anestesiar el discurso con prácticas politiqueras que estimulan el encubrimiento.
No es coherente tampoco propalar la idea de que las denuncias hechas en los medios constituyen esencia del control social y, sin embargo, ninguna amerita una indagación preliminar.
No es coherente expedir resoluciones externas requiriendo a los contralores territoriales investigar pagos de primas, bonificaciones, primas técnicas y de servicios con la complacencia de asambleas departamentales y concejos municipales, y obtenido el reporte no se audite a las mismas sobre los juicios de responsabilidad fiscal que se derivan.
No es coherente que se les ofrezcan a las territoriales testimonios y documentos relativos a la corrupción, como es el caso de la Universidad Francisco de Paula Santander y sean renuentes a recibirlos y los mandos medios de la Contraloría Departamental respondan que las denuncias superiores a los $10.000 millones de contratación ilegal solo se reducen a $500 millones porque solo les mostraron esos contratos. ¿En dónde están entonces?
